Por Anibal Gutiérrez 

La semana pasada inicié la reseña de un documento de análisis regional que, sobre violencia contra las mujeres, presentaron en conjunto el Programa de las Naciones Unidas para el el Desarrollo (PNUD) y ONUMujeres. 

Según el citado informe, la totalidad de lo los paises de América Latina implementan acciones en referencia con los tres primeros ejes de intervención previstos en la materia (prevención, atención y sanción), y un una menor medida implementan acciones vinculadas con la reparación. 

En relación con esto último, cabe señalar que los Estados no promueven ni aplican en general medidas encaminadas a que a las víctimas / sobrevivientes se les reparen los derecho que les fueron vulnerados. 

En materia de prevención, la mayor parte de las estrategias se relacionan con campañas destinadas a generar conciencia en la materia, utilizando para ello medios de comunicación masiva y redes sociales. Además se llevan adelante proyectos vinculados con la generación de ambientes seguros y de cero tolerancia con la violencia contra la mujer, sobretodo en oficinas públicas. 

Menos presencia tienen, lamentablemente, iniciativas destinadas a generar mecanismos de registro, encuestas, o sistema de construcción de indicadores, de forma tal que contar con información de acceso público como insumo para la elaboración de políticas públicas participativas. 

Tampoco se han desarrollado, en materia de prevención, políticas amplias que permitan enfrentar desde diversas instituciones, y con diversas miradas, la problemática compleja que entraña la violencia de género. 

En materia de atención, las principales estrategias regionales están vinculadas con la creación de espacios de acogimiento que, progresivamente, se van convirtiendo en espacios de atención integral.  

Estos centros son acompañados por lineas de atención telefónica que funcionan las 24 hs del día y son atendidas por personal especializado para brindar asesoramiento y contención a las víctimas. 

Respecto del eje sanción, las principales estrategias están dirigidas a la transversalización del enfoque de género en los instrumentos legislativos, el endurecimiento de penas a los agresores y la creación o fortalecimiento de unidades especiales de policía y de justicia. 

En materia de reparación, como decía más arriba, hay muy pocas experiencias en la región. Pero algunas de ellas son dignas de mención, siendo deseable que el resto de los países se sumen con iniciativas de estas características. 

De esas pocas experiencias son dignas de destacar las de Chile, Uruguay y Colombia. 

En Chile se puso en práctica un protocolo de acceso preferencial a viviendas a víctimas / sobrevivientes de violencia contra las mujeres. Este protocolo es una tarea articulada entre el Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio de Vivienda. 

En Uruguay se otorga una pensión no contributiva y una asignación familiar a espacial a los hijos/as de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia doméstica.  

En Colombia se sancionaron dos decretos que reglamentan la deducción de impuestos para empleadores que contraten víctimas / sobrevivientes y adoptan medidas que aseguran su vivienda, alimentación y transporte. 

Son solo unos pocos ejemplos que merecen ser replicados. 

Prevención, intervención, sanción y reparación. El único camino posible. 

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