Por Anibal Gutiérrez 

El pasado 22 de noviembre, en la Ciudad de Panamá, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, presentaron un informe conjunto sobre políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. 

Está basado en las respuestas de 33 países y presenta los aprendizajes en materia de implementación de planes nacionales y políticas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres y resalta 29 experiencias promisorias de los estados en los ejes de prevención, atención, sanción y reparación. 

El estudio muestra desde su introducción la pandemia que el mundo vive respecto de la violencia contra la mujer, así, reseña que un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2013 sostiene que, a nivel mundial, el 35% de las mujeres ha sido víctima de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja y casi un tercio (el 30%) de todas las mujeres que han mantenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja. 

Por su parte, la Comisión Económica de América Latina y Caribe (CEPAL), según datos actualizados a diciembre del 2014, muestra que el número total de homicidios femeninos (femicidios o feminicidios) en la región asciende a 1906 casos. 

El informe muestra que la región ha tenido importantes avances en el marco legal de protección y promoción de los derechos de las mujeres. 

Las primeras normas que se sancionaron en la región (a principios de la década del 90) son conocidas como leyes “de primera generación”. Estas leyes establecen medidas de protección a las mujeres frente a la violencia que sufren en el ámbito privado (familiar, intrafamiliar, doméstico e íntimo). 

El hito fundamental en materia de responsabilidad del Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres en nuestra región fue la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará) aprobada en el año 1994. 

En el 2013, 24 de los 33 países de la región (72%) ejecutaron políticas y/o planes para la erradicación de la violencia de género de los cuales 9 eran específicos para la erradicación de la violencia contra las mujeres. El 28% de la región no contaba con un plan de acción nacional. 

En 2016, 31 países de los 36 de la región (94%) cuentan con planes para la erradicación de la violencia de género, de los cuales 15 son específicos contra la violencia de las mujeres, un aumento del 66% con referencia a 2013. 

Al año 2016, la Convención de Belém do Pará ha sido adherida y ratificada por 32 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe, es decir la totalidad de los países de la región con excepción de Cuba. 

Asimismo, la investigación regional indica que 24 de los 33 países de la región de América Latina y el Caribe (73%) cuentan exclusivamente con leyes ‘de primera generación’ que protegen solamente los derechos de las víctimas/sobrevivientes frente al ejercicio de la violencia doméstica y/o violencia intrafamiliar. 

Sin embargo, a pesar de contar sólo con leyes de primera generación, restringidas al ámbito intrafamiliar o doméstico, algunos de estos 24 países han logrado avances en materia legislativa para enfrentar la violencia contra las mujeres.Además, según datos de CEPAL , y en relación con los avances en la consagración legislativa del femicidio/feminicidio, la región pasó de contar con 12 países con leyes que tipifican este delito en 2013 (33%) a 16 países en 2016 (48%). 

Los avances obtenidos muestran que los Estados han tomado en serio su obligación de asumir la responsabilidad de hacer frente a la violencia contra las mujeres. 

En una próxima columna veremos los resultados que se alcanzaron y algunas experiencias exitosas que vale la pena conocer en detalle.

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