Por Anibal Gutiérrez

La noche del miércoles 2 de marzo de 2016, un grupo de hombres armados entró a la vivienda de Berta Cáceres y, de cuatro tiros, terminaron con la vida de la reconocida lideresa.

El contexto en el que sucede el asesinato está vinculado a la frontal oposición que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) lleva adelante, con el liderazgo de Berta, a la realización del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Desde el primer momento la familia de Berta y la COPINH pidieron al estado hondureño que se extremen las medidas para garantizar una investigación imparcial que permita dilucidar lo sucedido esa noche y la identificación de todos los autores (materiales e intelectuales) vinculados al hecho.

Ante la negativa de las autoridades, y con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, se constituyó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) para realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos.

Así, el pasado 31 de octubre se presentó “Represa de Violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”.

En ese informe el GAIPE concluye que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino que estuvo enmarcado en una estrategia destinada a neutralizar toda oposición al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

El informe concluye que personal de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado  realizaron acciones destinadas a violentar el derecho de la consulta del pueblo indígena lenca, y así avanzar en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.

El GAIPE sostiene también que existió negligencia deliberada por parte de instituciones  financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund.

Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales y no adoptaron medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas que sufrirían el impacto de la construcción de la represa.

También sostiene el informe que la planificación y ejecución del atentado se inició varios meses antes, y que un mes antes de dar muerte a Berta hubo un intento que fue abortada por problemas logísticos.

A partir del momento del asesinato sucede lo que ya es un clásico en las investigaciones de crímenes de estas características en Latinoamérica, la construcción de hipótesis falsas alrededor de cuestiones personales de la víctima (crimen pasional) o de diferencias internas dentro de la organización a la que pertenecía.

Por último, el grupo de expertos documenta que directivos de la empresa DESA mantuvieron contacto con autoridades de seguridad y policía para interiorizarse de las diligencias judiciales relacionadas con el asesinato.

Todo lo reseñado es, lamentablemente, una historia repetida en Centroamérica. La suma de muerte, empresa privada, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, es una combinación a la que el Estado debe poner fin de una vez por todas.

Berta, y tantos otros defensores y defensoras de derechos humanos, lo merecen.

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