Por Daniel Casas

El corazón del conflicto que estalló entre el gobierno y los gremios docentes es la convocatoria o no a una paritaria nacional. Es en ese pequeño gran tema en donde se focalizan todas las tensiones de estos días y no en los porcentajes ni en los demonios que se siembran desde uno y otro lado para debilitar al adversario.

De esa disputa es rehén la sociedad y los alumnos, en especial los de menores recursos, los que no tienen presupuesto para mandarlos aunque sea a una escuela parroquial, donde arrancan en tiempo y forma y casi no hay paros a lo largo del año, lo que facilita la vida laboral a los padres de los educandos. La escuela pública hace que no lo nota, pero desde hace años hay crecimiento de las escuelas privadas que tiene que ver con el combo calidad educativa y cumplimiento del calendario escolar.
La educación está inmersa desde hace años en una crisis multiforme, que en el plano gremial ha derivado en una rutina enferma. Salvo contadísimas excepciones, que son esporádicas, es imposible para gremialistas y funcionarios de turno plantearse iniciar una negociación salarial con el tiempo y la predisposición como para agotar todas las instancias antes de iniciar el ciclo lectivo, pero este año lo que se está discutiendo es una cuestión de fondo.

El Gobierno nacional ha decidido de un plumazo que el acuerdo paritario federal a que se arribó el año pasado, donde se acordó que ningún maestro puede ganar por debajo de un salario mínimo, con el aditivo de una cláusula gatillo para que no se escape la inflación, la paritaria nacional ya está saldada. Es decir, que intenta dejar pintados a los gremios nacionales con el argumento, cierto, de que Nación no tiene escuelas a su cargo, para negociar de a uno con los gremios provinciales.

Los gremios nacionales y los provinciales, que se referencian en ellos, rechazan esa interpretación y destacan que la del gobierno es una decisión unilateral. Con toda lógica, señalan que si el acuerdo de hace un año hubiera contenido la aclaración de que con eso se saldaba en adelante la paritaria nacional no la hubieran firmado.

En el análisis del gobierno, parcial y con muchos puntos sin contemplar, una de las principales trabas para impulsar una reforma educativa es la fortaleza de los gremios, fuertemente ideologizados, que según su mirada pragmática sólo se preocupan por mantener los privilegios de sus representados y nada les importa la calidad educativa.

Es cierto que hay desmesuras dentro de los cuadros docentes -como los excesos de faltas y licencias psiquiátricas-, incluso lo admiten tímidamente los propios dirigentes cuando en alguna entrevista los llevan al plano del sentido común, pero sin abandonar la defensa corporativa. Pero tampoco es razonable pensar el trabajo de los educadores con la lógica de una línea de producción inspirada en el fordismo.

También es verdad que en la cabeza de un sector de la dirigencia opositora, a la que tampoco le importan los alumnos, reina el anhelo de que este inicio de campaña electoral tenga a los maestros como ariete social, con paros históricos como los que le hicieron a Raúl Alfonsín en los ‘80s y a Carlos Menem sobre el fin de su segundo mandato, a fines de los ‘90, con la legendaria Carpa Blanca frente al Congreso.

Es evidente que no sólo están peleando por los salarios docentes. Y así también lo entiende el Gobierno, que endureció posturas bajo el convencimiento de que si cede en esto en el inicio del año electoral resignará mucho más que unos puntos en el presupuesto.

El Gobierno apuesta a socavar las bases de los docentes con el anuncio de que descontará los días de paro, un clásico que no apunta a los dos o tres días que no darán clases esta semana -a las 48 horas de lunes y martes se suma la adhesión al paro internacional por el día internacional de la mujer-, a los que ya dan por perdidos, sino a que no se tienten con seguir un plan de lucha extendido.

Aparte del conflicto docente, el Gobierno trata de que no se le descarrilen del todo las otras variables. Este martes, también habrá una marcha convocada por la CGT en la que se anunciará un paro general de actividades para el último día de marzo o, más probablemente, para la primer semana de abril.

Dentro de la CGT hay corrientes opuestas. Algunos dirigentes de peso, como Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, plantean que no es momento de ir a fondo contra el Gobierno, que entre otras cosas les concedió hace pocos meses los fondos de las obras sociales, como se los recordó Mauricio Macri en su discurso de apertura de la sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo.

Otros, sobre todo los gremios industriales, reclaman una medida firme, porque la industria, sobre todo las Pymes, son las que más están padeciendo los retrasos de una economía que, aunque ya estamos promediando el tercer semestre, sigue sin arrancar. Los cierres, suspensiones y despidos son cotidianos y la presión social aumenta en estos rubros.

Entre estos dos polos, y sobre el amplios sector intermedio, trabaja a destajo el Gobierno no para evitar la protesta, sino para que ésta no sea descontrolada y termine en una escalada de conflictos.

Y en medio de todo este marasmo, la interna justicialista sigue navegando entre las indefiniciones, por suerte para el Gobierno.

Anuncios