Por Aníbal Gutiérrez

Según el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2016, desde el año 2003 y gracias a la adopción de políticas sociales inclusivas más de 72 millones de personas han salido de la pobreza y cerca de 94 millones se han incorporado a la clase media.

Al mismo tiempo, los gobiernos tienen el desafío de de implementar políticas orientadas a asegurar estos logros, ya que ante un escenario económico mundial desfavorable entre 25 y 30 millones de personas se encuentran en riesgo de recaer en la pobreza.

En este contexto descrito por el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) debemos inscribir el crecimiento de mercados ilegales vinculados al tráfico de drogas, de armas, de mercancías, a la trata de personas (especialmente jóvenes y niñas) con fines de explotación sexual, y otras modalidades de criminalidad organizada.

Esta realidad que hoy viven la casi totalidad de los países de la región impacta en la fortaleza y profundización de los valores democráticos que se vienen consolidando desde hace más de tres décadas, así como también en la capacidad del Estado para mantener el ejercicio exclusivo de la fuerza pública.

Por otra parte, el poder corruptor de las inmensas cantidades de dinero que circulan en los mercados ilegales ha tenido como consecuencia un aumento en los niveles de corrupción pública de una magnitud que la región nunca había conocido.

Finalmente, los vaivenes políticos existentes en la región, tales como cambio de gobierno con posturas políticas e ideológicas contrapuestas, procesos de diálogo de paz, experiencias internacionales de cooperación en el combate al crimen organizado, etc, modelan un escenario complejo y un gran desafío para toda la región latinoamericana en esta última parte de la segunda década del siglo.

 

El crimen organizado como riesgo para la democracia

Uno de los factores que explica el aumento del crimen organizado en Latinoamérica es, sin lugar a dudas,  la vinculación que prominentes actores de la vida política y económica de cada uno de los países de la región tienen con actividades delictivas que tratan de disimularse detrás de otras plenamente legales.

Existen serios indicios de que estructuras crimínales han infiltrado instituciones públicas a través del poder corruptor que les da el dinero. Para ello, han financiado aliados a los que han ubicado en puestos clave a través de la financiación de sus campañas electorales.

Esta verdadera cooptación del Estado no se limita sólo a los poderes ejecutivo y legislativo, incluye también a altos funcionarios de la justicia y a efectivos de las fuerzas de seguridad.

Un buen ejemplo de esto lo constituye el caso judicial conocido como “Cooptación del Estado de Guatemala” cuya investigación lleva adelante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en apoyo al Ministerio Público de ese país.

En ese caso, el ente investigador acusó a más de cincuenta personas (incluidos el Ex Presidente Constitucional de Guatemala, Otto Pérez Molina, su Vicepresidenta y otros altos funcionarios del gobierno) de integrar una estructura criminal que, utilizando los canales electorales que posibilita la democracia, se apropió del poder con el objetivo de enriquecer a los funcionarios que la integraban.

Según el citado organismo internacional, dicha estructura estaría funcionando desde el año 2008, es decir cuatro años antes del ascenso al poder del binomio presidencial hoy encarcelado y valiéndose para ello del Partido Patriota.

De esta forma, un partido político deja de cumplir su  rol fundamental en democracia, servir como escuela de dirigentes y vehículo para ser elegido y llevar adelante una propuesta de gobierno, y se convierte en una estructura delictiva.

Las consecuencias de estas conductas son nefastas para la sociedad. Las relaciones sociales y culturales comienzan de esta forma a modificarse, y los valores que deben primar en el cuerpo social se subvierten hasta tal punto, que pierden aquello que los caracterizaba como grupo humano organizado.

Así, el crimen organizado infiltrado en las comunidades altera las relaciones que existen en ellas y pasa a formar parte de las mismas, y de su vida económica y política.

 

Así inicia el Capítulo VI de “Latin America at a crossroads” publicado hace pocas semanas por ISPI. Para leer el resto del texto (en inglés) hacer click aquí

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