Por Alejandro J. Lomuto

Lejos de los recientes años de vacas gordas y gasto populista, América latina atraviesa, con pocas excepciones, una etapa de ajuste económico y transformación política. Ese es el diagnóstico más general y más visible. Pero por debajo subyace un puñado de desafíos. Algunos son propios de ciertos países y otros, más transversales. De cómo se resuelvan, o por lo menos se administren, dependerá en la mayoría de los casos la estabilidad de los gobiernos actuales. Y en algunos, acaso la supervivencia del sistema democrático.

El problema de más vasto alcance en la región es hoy la corrupción. O acaso, en homenaje a la precisión, valga decir que la corrupción es en rigor la causa más extendida pero que genera problemas no exactamente iguales en todos lados.

El caso de corrupción de mayor repercusión actual proviene de Brasil. Conviene recordar que es el Petrolão, tal como los brasileños llamaron al desvío de fondos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras a través de empresas contratistas con el objeto de financiar campañas electorales y beneficiar ilegalmente a gobernantes, legisladores y ejecutivos.

Eso es lo que se investiga en la operación Lava Jato. Pero el escenario que perfila es tremendamente dinámico y diverso. Y, por lo tanto, confuso para la percepción de los ciudadanos, como parece probarlo el hecho de que el dirigente con mayor intención de voto en Brasil es Luiz Inácio Lula da Silva, precisamente el factótum y principal responsable del Petrolão.

Tan dinámico y diverso es el escenario, que hoy pareciera ‒y en varios países de la región efectivamente lo es‒ que el asunto principal son los sobornos que la constructora Odebrecht pagó para asegurarse la concesión de obras públicas, al fin y al cabo un subproducto de segunda generación de la operación Lava Jato. De todos modos, en cualquier momento el foco de la atención volverá a Brasil si son ciertas las versiones cada vez más insistentes que vaticinan nuevas revelaciones surgidas del régimen de delación premiada, que amenazan con llevarse puesto nada menos que al presidente Michel Temer.

Mientras tanto, el mayor impacto del escándalo Odebrecht se registra en Perú, donde el expresidente Alejandro Toledo está prófugo de la Justicia, que le dictó prisión preventiva y lo acusa de haber recibido un soborno de 20 millones de dólares. El sucesor de Toledo, Alan García, deberá declarar como testigo. El sucesor de García, Ollanta Humala, está sospechado de haber recibido tres millones de dólares antes de asumir. Y el sucesor de Humala, el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski ‒era primer ministro de Toledo cuando éste supuestamente recibió los sobornos y concedió las obras de la carretera Interoceánica‒, también está alcanzado por las sospechas.

Por ese y otros motivos, la aprobación a la gestión de Kuczynski se redujo a menos de la mitad ‒de 60% a 29%‒ en siete meses, según la encuestadora GFK. Conviene recordar que el mandatario tiene 78 años de edad y más de cuatro de gobierno por delante. Si los peruanos perciben a Kuczynski, Humala, García y Toledo en un mismo lodo ‒igual que en el tango Cambalache‒, tal vez llegue por fin la hora de Keiko Fujimori, quien perdió por muy poco y en segunda vuelta las dos últimas elecciones presidenciales, y cuyo partido tiene mayoría absoluta en el Congreso unicameral. ¿Debería tener algo que temer la democracia peruana si el gobierno cayera en manos del partido que reivindica el ideario de Alberto Fujimori?

El Salvador no está en la lista de los sobornos de Odebrecht pero todos sus presidentes desde 1989 hasta hoy están bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Francisco Flores (gobernó en 1999-2004) estaba procesado cuando murió, en enero de 2016. Antonio Saca (2004-09) está preso y procesado. Mauricio Funes (2009-14) está asilado en Nicaragua, a donde huyó para evitar ser encarcelado en su país, cuya justicia lo investiga. Y según la ONG Transparencia Activa, también están siendo indagados por la Corte Suprema los ex mandatarios Alfredo Cristiani (1989-94), Armando Calderón (1994-99) y el actual, Salvador Sánchez Cerén.

A su modo, Chile reproduce varios de los moldes de la época. Sebastián Piñera reúne la mayor intención de voto para las elecciones de noviembre próximo. Si ganara, volvería a suceder en el gobierno a Michelle Bachelet. Igual que en varios otros países de la región, no hay nuevos liderazgos o los que surgen no son suficientemente competitivos. También como nunca, los líderes chilenos ‒especialmente Piñera y Bachelet, aunque ésta tiene la ventaja de que no puede aspirar a ser reelecta‒ están en la mira de la justicia por presuntos actos de corrupción.

Sin una relación tan directa con la corrupción, Bolivia y Paraguay tienen un problema parecido: sus presidentes, Evo Morales y Horacio Cartes, respectivamente, están haciendo todo lo posible para saltar los límites constitucionales actuales y poder postularse a un nuevo período, pese al rechazo mayoritario de la ciudadanía. Morales es un populista de centroizquierda que gobierna ininterrumpidamente desde 2006 y Cartes es un empresario de centroderecha en el gobierno desde 2013.

En Ecuador las encuestas todavía no permiten predecir si el sucesor del presidente Rafael Correa será su correligionario Lenin Moreno o el banquero de centroderecha Guillermo Lasso. La opción es entre la continuidad del populismo de centroizquierda pero sin liderazgo carismático, y un giro hacia la derecha. Y uno de los desafíos es comprobar si la década de Correa permitió consolidar la democracia, luego de que en los 11 años previos hubiera nueve presidentes y ninguno completara un mandato.

Aun con sus muchas diferencias, todas las situaciones descriptas encierran un reto común: evitar que se deteriore la calidad de sus democracias. Nada menos.

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