Por Daniel Casas

En junio de 2018 se cumplirán cien años de la Reforma Universitaria, que nació en Córdoba y se extendió a todo el país, le cambió la cara a la educación superior e influenció a toda América Latina. En julio de 2016 se cumplieron 50 años de la Noche de los Bastones Largos, en plena dictadura de Juan Carlos Onganía, que marcó el fin de la tendencia ascendente que durante los 48 años previos tuvo la educación universitaria y el inicio de una pendiente en la que todavía no se ha terminado de caer. Desde entonces hubo varios intentos de actualizar la reforma del ‘18, pero tal vez, considerando las magras estadísticas de las universidades argentinas, sea hora de encarar en serio una reforma de la reforma.

A mediados de junio del año pasado publiqué en Ideas & Protagonistas una nota basada en el excelente y triste libro La educación argentina en el siglo XXI, de Alieto Guadagni y Francisco Boero, quienes señalan en el prólogo de ese libro que “las naciones con alta graducación universitaria, sobre todo en las áreas estratégicas de las carreras científicas y tecnológicas, seguramente ocuparán un lugar de relevancia en el escenario mundial” en la centuria en curso. Claramente, la Argentina no está ante las mejores perspectivas.

Nuestro país, con una población que ronda los 43 millones, tiene 44 estudiantes universitarios cada 1000 habitantes. Brasil, que tiene unos 207 millones de habitantes tiene 35 estudiantes universitarios por cada 1000 ciudadanos, pero tiene diez veces más graduados.

En 2012 1,05 millones de personas se graduaron en las universidades brasileñas, mientras en la argentina llegaron al final de su carrera 110.000 estudiantes.

Las estadísticas indican que uno de cada cuatro estudiantes universitarios argentinos obtienen su título de grado, mientras que en Brasil, México y Chile lo hacen la mitad de los matriculados.

Una explicación, según números del Ministerio de Educación, es que el 30 por ciento de los alumnos universitarios rindieron en 2011 una sola materia de las 26 o 27 que tienen en promedio las carreras de grado.

Pero hay más datos inquietantes. Las universidades no producen los profesionales en ciencias duras que necesita un país como la Argentina, que tiene que apostar al desarrollo económico para salir de sus crisis cíclicas.

De los 109.000 graduados de 2011, 47.000, el 43 por ciento, lo hicieron en Ciencias Sociales. Pero sólo se recibieron 47 ingenieros en hidrocarburos 9 ingenieros nucleares y 13 en minas.

Es más, en un país que comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay el acuífero Guaraní, la principal reserva de agua del mundo y por ende un recurso estratégico, las universidades argentinas graduaron en ese año 2011 a sólo 13 ingenieros hidráulicos, y en los últimos cinco años no hubo una explosión de graduados.

En tanto, las universidades de Chile, que tiene los mismos recursos que posee la Argentina en la zona cordillerana, gradúa a el doble de ingenieros que abogados.

Claro que este presente no es un problema estrictamente universitario sino del sistema educativo en su conjunto. Chicos que salen de la escuela primaria y de la secundaria sin elementos básicos, como la comprensión de textos. Niveles elevados de ausentismo, repitencia y abandono de la educación secundaria.

El actual gobierno afronta por estos días un conflicto con los gremios docentes, que se ha transformado con el correr de los años en un elemento ineludible del calendario escolar. Vienen las fiestas de fin de año, los carnavales y el paro de los docentes en el inicio de la clases, producto de discusiones interminables que más allá de lo que se proclama nunca o casi nunca se encaran con el tiempo suficiente como para agotarlas antes del inicio del período lectivo.

Como siempre en estas discusiones, que se han transformado en una carga para quienes tienen hijos en edad escolar, todas las partes tienen una cuota de razón y por ende la imagen de los gobiernos y la de los gremios cae en picada en la consideración popular, mientras se hace cada vez más evidentes que en la confrontación las partes mezclan sus intereses políticos partidarios y hasta los ponen por encima de los que atañen a la política educacional.

Los ejemplos más clásicos de la educación deseable son en la actualidad Finlandia y Singapur que tienen altísimos niveles de formación de sus estudiantes de todos los niveles, pero con realidades e idiosincracias sociales tan distintas que llevan las comparaciones a niveles irreales.

En cambio, bajo el gobierno populista de Rafael Correa, hasta el cambio de gobierno en la Argentina tan cercano ideológicamente y a la vez con algunos patrones culturales comunes, se encaró una reforma educativa de la que podrían tomarse algunos ejemplos.

Correa, que abandona por estos días el poder tras una década de hegemonía, aún no se sabe si en manos de su delfín, Lenin Moreno, y del conservador Guillermo Lasso, no se va con las mejores calificaciones populares, salvo en el tema de la reforma educativa.

“Seamos globalizados para compararnos a los mejores, para aspirar a lo más alto: un sistema de educación superior que pueda estar entre los mejores del mundo”, ha dicho, todo pragmatismo, este presidente de izquierda en un país que no puede abandonar al dólar como moneda oficial.

Correa hizo que Ecuador ingresara a las pruebas PISA, las mismas que los gremios docentes argentinos, incluso los que están comandados por dirigentes kirchneristas, rechazan con el argumento de que son parciales. Pero el economista ecuatoriano de izquierdas lo que buscaba era saber adónde estaba parado su país en material educativa.
Con esos datos, en 2014 se inauguró en Ecuador la Universidad Nacional de la Educación, destinada a formar a los formadores, es decir a empezar por el principio. Y para formarla esta propuesta académica firmó convenios con la Universidad Católica de Lovaina y la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica.
Es decir, Ecuador salió a buscar ayuda en lugares de vanguardia para mejorar la cepa educativa ecuatoriana y abrió la oferta más allá de la frontera ecuatoriana con el objetivo de convocar a una nueva elite de formadores de educadores.
Por supuesto que estos datos son nuevos, carecen de tiempo para ser sostenidos en estadísticas, pero es una apuesta a la excelencia, una mirada puesta, al menos en este rubro, en un futuro del que muy probablemente no será beneficiario político. Algo que quizás debieran tener en cuenta gobernantes y gremialistas argentinos si es que quieren pensar en serio en reformar aquella reforma que le dio brillo a la Argentina. Pensar más allá de la coyuntura y de los discursos, se entiende.

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