Por Alejandro J. Lomuto

El populismo de centroizquierda que campeó en buena parte de América latina durante los primeros 15 años del siglo XXI está en retirada. Pero, salvo escasas excepciones, sus líderes parecen no haberlo registrado y procuran permanecer, si no encabezando sus gobiernos, al menos al frente de la oposición. Las recetas que aplican y el éxito o el infortunio en el cumplimiento de ese objetivo son muy dispares. Serían apenas patéticos si en ese esfuerzo por coquetear con la Historia ‒¿o para garantizarse impunidad?‒ no empeñaran la suerte de millones de personas. En ese escenario cambiante, cada uno de ellos diseña las características de su ocaso.

Los primeros en quedar fuera del juego, por obra directa o indirecta del voto popular, fueron Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. La viuda de Néstor Kirchner, impedida constitucionalmente de volver a postularse, cayó en elecciones impecablemente libres; entre otros motivos, porque fue evidente que no confiaba en el candidato al que eligió para sucederla. Le ocurrió lo contrario que a Lula, que prolongó su liderazgo por más de un período tras su salida de la presidencia; entre otros motivos, porque nadie dudó de que confiaba plenamente en su sucesora, Dilma Rousseff.

Rousseff fue destituida por la mayoría de los legisladores elegidos por el pueblo, en un juicio político que, más que una sanción por la causa invocada formalmente, fue la exteriorización de la oportunidad que vieron sus antiguos aliados en el escándalo de corrupción en Petrobras para tomar directamente el poder. En su caída, Rousseff arrastró a Lula, que curiosamente sigue encabezando la intención de voto para 2018 aunque con niveles de adhesión todavía irrelevantes. 

Mientras tanto, Fernández de Kirchner y Lula ‒que jamás intentaron forzar reformas o enmiendas constitucionales para perpetuarse en el gobierno‒ recorren tribunales que, cada vez más, los investigan y les piden explicaciones por los gigantescos aparatos de corrupción sistemática y sistémica que montaron en sus administraciones para beneficio personal, familiar y de sus estructuras políticas. Aunque nunca se sabe en estos asuntos, cuesta creer que tengan algún futuro político, sobre todo en el caso de la expresidenta argentina, que atrae el resentimiento de la mayoría de los dirigentes de su propio partido, quienes, fuera del poder, ya no tienen motivos para disimularlo.

Entre los que aún siguen al frente de sus gobiernos, el caso más dramático es el del venezolano Nicolás Maduro. Con su país inmerso en la mayor crisis política, institucional, económica, social y humanitaria de su historia, Maduro es la cara más visible de un grupo que solo huye hacia adelante aunque para ello haya convertido a su régimen en una dictadura que anuló o postergó ilegalmente procesos electorales, encarceló a más de un centenar de opositores ‒a la mayoría de los cuales recluyó en las mazmorras del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y ni se molestó siquiera en procesar‒, destruyó el aparato productivo ‒el petrolero, nada menos‒, desconoce al parlamento y sumió a sus habitantes en el más feroz desabastecimiento de alimentos, medicamentos, insumos hospitalarios y productos de higiene y limpieza. Todo ello, en el contexto de una peligrosa militarización de la sociedad y grados de corrupción administrativa y vínculos con el crimen organizado ‒principalmente, el narcotráfico‒ que cada vez le cuesta más ocultar.

El chavismo ‒cada vez más dividido, aunque seguramente menos que la oposición, y allí radica buena parte de las causas de su supervivencia‒ logró sortear la fecha clave del 10 de enero, lo que supuestamente le garantiza su permanencia en el gobierno por dos años más. Lo que no logró disipar es el riesgo de un estallido social, salvo por el hecho de que hasta ahora nadie parece dispuesto a organizarlo. Pero el lunes próximo será otra jornada clave: para ese día, toda la oposición, sin fisuras, convocó a salir a las calles a reclamar elecciones anticipadas que permitan cambiar el gobierno. El lunes próximo será 23 de enero, día simbólico en Venezuela desde que en esa fecha de 1958 cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Un caso curioso es el del boliviano Evo Morales, quien está siguiendo los pasos del fallecido venezolano Hugo Chávez en sus intentos por perpetuarse en el poder. Igual que Chávez en 1999, Morales en 2009, durante su primer mandato, impulsó una reforma de la Constitución que no admitió la reelección ilimitada. Igual que Chávez, Morales, una vez sancionada la nueva carta magna, interrumpió su mandato vigente y convocó a nuevas elecciones, que ganó. Igual que Chávez en 2006, Morales volvió a ser reelecto en 2014. Casi igual que Chávez en 2007, Morales en 2016 perdió un referendo al que convocó para que se le permitiera volver a postularse (la diferencia es que el venezolano lo hizo a través de una nueva reforma constitucional amplia y el boliviano consultó por una enmienda menor). En 2009, Chávez llamó a un nuevo referendo, esta vez restringido a la posibilidad de incorporar la reelección ilimitada de todos los cargos electivos, y lo ganó. Fue reelecto por última vez en 2012, cinco meses antes de morir. El mes pasado, el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido gobernante en Bolivia, resolvió que buscará por cuatro vías diferentes la posibilidad de una nueva postulación de Morales: otro referendo ‒igual que Chávez‒, una reforma constitucional a cargo del parlamento, un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional o que el presidente renuncie seis meses antes de terminar su actual mandato. Por las dudas, Evo ya avisó que él no puede decidir por su cuenta porque le pertenece a su pueblo.

Quien parece inmune al paso del tiempo y al desgaste de sus polémicos gobiernos es el nicaragüense Daniel Ortega, presidente de facto en 1979-85 y constitucional en 1985-90 y en forma ininterrumpida desde 2007. Acaba de asumir su tercer mandato consecutivo en esta última etapa, gracias a singulares interpretaciones de la Justicia que le permitieron postularse aun cuando la Constitución no se lo permitía y a la complicidad de buena parte de la débil oposición, que se abstuvo en los últimos comicios. Por primera vez eligió como compañera de fórmula a su esposa, la todopoderosa Rosario Murillo, lo que alimentó antiguas versiones según las cuales padece una enfermedad terminal, eventualidad que jamás fue confirmada oficialmente. Cada vez más alejado de sus socios iniciales, el antiguo líder de la guerrilla sandinista mantiene buenas relaciones tanto con el eje bolivariano como con Estados Unidos.

Hasta ahora, el único que prefirió ser arquitecto de su propio destino ‒para utilizar las bellas palabras del poeta mexicano Amado Nervo‒ es el ecuatoriano Rafael Correa. Tiene marcadas similitudes con varios de sus socios, pero también diferencias. Entre las primeras, siguió inicialmente el camino de Chávez (reforma constitucional, interrupción de su primer mandato y elección para dos períodos más), combatió de manera tenaz la libertad de expresión ‒aunque lo hizo mucho más directa y frontalmente que, por ejemplo, el chavismo y el kirchnerismo‒ y, tal como lo hizo Fernández de Kirchner, calificó sus diez años de gobierno como “la década ganada”. Entre las diferencias, una reforma educativa interesante, el mantenimiento del dólar estadounidense como moneda nacional y sospechas de corrupción mucho más acotadas, pese a haber hecho bastante obra pública. Y otra fundamental: el 19 de febrero se elegirá presidente en Ecuador y Correa no será candidato a una nueva reelección.

Aunque nada es seguro en estos casos, es razonable suponer que tal vez Correa tenga un retiro bastante más plácido que el que están transitando Fernández de Kirchner, Lula y Rousseff, o el que indudablemente le espera a Maduro y, tal vez, a Morales.

 

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