Por Anibal Gutierrez

Las décadas del 60, 70 y 80 estuvieron marcadas por la violencia que a diario vivían distintos países centroamericanos. La del 90, en cambio, estuvo signada por las conversaciones que finalizaron en Acuerdos de Paz.

Durante décadas El Salvador y Guatemala vivieron conflictos armados que devastaron sus economías mientras se violaban sistemáticamente los derechos humanos más esenciales.

En El Salvador, después de doce años de guerra y 75.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, se negoció un Acuerdo de Paz que se firmó por los representantes del Estado y los del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) el 16 de enero de 1992.

Los Acuerdos reflejaron un ambicioso plan de reconstrucción de las instituciones del Estado. De allí surgieron una profunda reforma de las fuerzas armadas, la creación de la Policía Nacional y de la Procuraduria de los Derechos Humanos, así como la reorganización de la Corte Suprema de Justicia con la creación del Consejo de la Magistratura.

En Guatemala, después de treinta y seis años de enfrentamiento y más de 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, se negoció un Acuerdo de Paz que fue firmado por los representantes del Estado y los de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 29 de diciembre de 1996.

Ambos países recorrieron juntos el camino de la violencia, y juntos también, encontraron la salida a partir de conversaciones de paz que la comunidad internacional apoyó de manera decidida por intermedio del Grupo Contadora y del Grupo de Apoyo a Contadora, entre otros.

Las razones que habían permitido el inicio de la violencia eran similares en ambos países. Más allá de la existencia de la guerra fría, y de la estratégica posición geopolítica que el istmo centroamericano ocupó en ese conflicto, hubo razones sociales, políticas, económicas e institucionales que marcaron el inicio de la violencia.

Las grandes mayorías excluidas de las decisiones, la marcada desigualdad entre la población blanca y los pueblos indígenas, la falta de acceso a los servicios básicos de educación y salud, fueron el caldo de cultivo en el que abrevaron las organizaciones insurgentes en busca de militantes dispuestos a tomar las armas para cambiar la realidad.

En ambos países, después de la firma de los Acuerdos de Paz, organismos internacionales llevaron adelante investigaciones que documentaron las violaciones a los derechos humanos.

También en ambos países, se concluyó que más del 90% de los crímenes fueron cometidos por fuerzas estatales o escuadrones de la muerte vinculados al Estado.

Pasaron veinticinco y veinte años de las firma de los Acuerdos en cada uno de estos países. La realidad muestra que las razones que dieron lugar al enfrentamiento siguen vigentes.

En ambos países la exclusión, la desigualdad, el hambre y la impunidad son el pan de cada día.

Las ilusiones que despertaron esos Acuerdos solo quedaron en eso, en ilusiones.

Colombia, hace pocas semanas llegó a un Acuerdo de Paz que fue firmado por su Presidente y por los representantes de las FARC. Tal vez sería bueno que se miren en el espejo centroamericano, y asuman que el reto que les queda por delante es aún mayor que el que tuvieron para llegar a la firma del Acuerdo, porque la paz además de firmarla hay que construirla todos los días.

Anuncios