Por Daniel Casas

Bastó que un punto del tejido de corrupción quedara suelto para que el escándalo de los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht salpicara al menos a una docena de países de América Latina y Africa y pusiera frente a imprevisibles consecuencias a funcionarios, ex funcionarios y empresarios de esos países.

Ese punto que se zafó fue la “delación premiada” que prevé la justicia brasileña para beneficiar con reducciones de condenas a quienes estén dispuestos a brindar datos concretos para avanzar en la investigación de maniobras de corrupción, como los sobornos para la concesión de obras.

Con este escándalo alcanzará para llenar varias bibliotecas, pero es válido pensar que no se trata de un único caso de corrupción sino más bien de lo que se escapó de la trama. En Argentina y en la mayoría de los países de la región, para no extendernos a nivel global, históricamente ha habido negociados entre el poder económico y los gobernantes de turno.

En Argentina, por caso, hubo una Patria Contratista, y antes que eso una larga lista de sospechas y denuncias que se remontan hasta los inicios institucionales del país con, por ejemplo, la construcción del Puerto de Buenos Aires.

Volviendo al presente, el caso es que la “delación premiada” que rige en la justicia brasileña armó un escándalo institucional al que aún no se le ve el fin porque no sólo puso en tela de juicio al Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Lula da Silva y Dilma Rousseff, sino a todo el sistema político de Brasil, sin distinción de ideologías ni banderas.

Pero además, gracias a las lógicas globales, que entre tantos traumas alguna cosa buena tenían que traer, la información que brindaron los funcionarios y ejecutivos implicados en las coimas de su país también abrieron las puertas a investigaciones en una docena de terceros países, básicamente ubicados en América Latina y Africa.

Odebrecht, que tiene negocios globales en una docena de rubros en 26 países, también tiene emprendimientos y proyectos en marcha en Europa (Alemania y Portugal), en Estados Unidos, en Emiratos Árabes Unidos y en Singapur, pero aquí, al menos hasta el momento, no ha saltado ninguna liebre con pelaje de corrupción.

En cambio, en Colombia, Perú, México y Argentina, entre otros países, los escándalos recién comenzaron a hacer ruido pero anticipan sonidos de cataratas, a partir de los acuerdos de delación entre Odebrecht y la justicia de Estados Unidos, que tomó cartas en el asunto.

En colombia fue apresado el 12 de enero último el ex viceministro de Transporte durante la presidencia de Alvaro Uribe, Gabriel García Morales, quien aceptó los cargos de haber recibido sobornos de Odebrech que le hizo la fiscalía de su país.

En Perú, a partir de la publicación del acuerdo de delación con Estados Unidos, se descubrió que al menos tres gobiernos peruanos estuvieron involucrados en componendas con la constructora brasileña y, como primera consecuencia, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski impulsará una modificación de la Ley de Contrataciones para impedir que el Estado contrate a compañías corruptas.

“Odebrecht y otras compañías corruptas no van a poder participar en nuevas licitaciones cuando existan sanciones por corrupción, declaró Zavala.
En Argentina, la delación premiada de los ejecutivos implicados en hechos de corrupción pusieron los reflectores sobre Gustavo Arribas, designado al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por su amigo personal, el presidente Mauricio Macri.

Arribas aceptó haber recibido una transferencia de fuentes implicados en la operación Lava Jato en una cuenta que tiene en Suiza, pero afirma, aunque aún sin documentación probatoria, que fue por una transacción inmobiliaria.

La delación, hay que decir en su favor, es sobre cinco transferencias, de las que sólo se comprobó una, pero todas previas a la designación de Arribas al frente de la agencia de inteligencia de Argentina.

Pero el caso no termina allí, porque Odebrecht integra el consorcio que durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ganó la licitación para el soterramiento de las vías del Ferrocarril Sarmiento y tiene como socio a Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri.

El final es abierto, hay datos de la delación premiada que irán conociéndose en los próximos meses y que, por ende, indefectiblemente serán un elemento de la campaña electoral para las legislativas de este año, aunque nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde salpicará el escándalo.

Un dato no menor es que la delación premiada brasileña tiene su equivalente en la Argentina, donde la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva a la “ley del arrepentido” en la sesión del 19 de octubre de 2016.

En realidad, la norma ya existía en el Código Penal, pero no para delitos de corrupción, sólo para los imputados por delitos de privación ilegal de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.

En los hechos, esa nueva aplicación de la llamada “ley del arrepentido” aún no se utilizó. ¿Llegará a utilizarse? ¿Los que operan desde siempre con los poderes de turno dejarán escapar otro punto en la malla?

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