Por Daniel Casas

En el lejano 2001 un día este cronista manejaba su auto por el microcentro porteño y se topó con una de las tantas movilizaciones a la Plaza de Mayo, de modo que avanzó a paso de hombre detrás de las 40 o 50 personas que caminaban por la Av. Belgrano, pero cuando acortó la distancia con los manifestantes, con la intención de doblar por una calle para buscar otro camino, una mujer descolgó de su hombro una bolsa de tela que indicaba inequívocamente que contenía un palo de unos cinco centímetros de diámetro. “Esto está muy mal, recomponer el tejido social va a llevar muchos años”, pensó y comentó el cronista al llegar a su trabajo. La historia lejos de resolverse con el fin de aquella crisis económica se repitió hasta naturalizarse; el caos, con razones válidas o no, ese no es el punto, se convirtió en el método excluyente para elevar un reclamo.

Las organizaciones populares, que hoy ven agrandarse el fantasma de la crisis que los vio nacer a fines de la década del ‘90, consiguieron que los sindicalistas de la CGT dejara de menospreciarlos y, con la suma de capacidad de reclamo han conseguido tener una obra social para desocupados, acordada con el gobierno.

La pregunta, a 15 años de la anécdota que da inicio a esta nota, es por qué esas organizaciones sociales no pararon de crecer durante los 12 años de gobiernos kirchneristas si hubo una jauja económica, con precios internacionales de commodities en el punto histórico más alto, por el ingreso de la poderosa China al mercado internacional.

¿Será que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mantuvo y alimentó a esos movimientos sociales, aunque sin darles nunca autonomía, para utilizarlos como herramientas políticas?

¿Será por eso que en las filas kichneristas molesta tanto que algunas organizaciones, con el Movimiento Evita a la cabeza, se hayan cortado solas en la negociación?

El caso es si bien todo el año hubo cortes y manifestaciones de 300 personas que impedían el paso de miles por la Av. 9 de Julio, desde mediados de noviembre hubo un caos diseñado con esmero para generar un clima social de hartazgo, donde algunos insultan a los manifestantes y otros al Gobierno, por no poner coto a la situación.

También contribuyen a esta lógica los gremios, sobre todos los del transporte, que endurecen los términos de una negociación con asambleas sorpresivas que en definitiva perjudican al usuario, que es otro trabajador, y por derrame a todo aquel que tenga que trabajar en la zona céntrica de Buenos Aires.

Esta forma de hacer política, porque eso y no otra cosa es lo que hacen las organizaciones y los gremios, le genera una encerrona a la administración de Mauricio Macri, que por un lado ha dado mucho más de lo que hubieran querido e incluso de lo que pensaban los líderes sociales y por el otro no sabe cómo terminar con la metodología de la protesta constante, que cuando arregla con un sector aparecer otro, o un desprendimiento del anterior, para seguir en la calle.

Algunas organizaciones encontraron antes de las fiestas de fin de año la forma de negociar con las cadenas de supermercados, aunque hay que admitir que se trató de una negociación compulsiva. Se convocaron frente a uno de los grandes supermercados de Capital o del Conurbano y exigieron que la empresa les “donara” por ejemplo 500 panes dulces y 500 sidras. El gerente de la empresa negociaba y, con la condición de que desalojen el lugar, horas más tarde les entregan la cantidad que habían acordado.
Claro que en paralelo a los que negocian mejoras, hay otros que buscan que los echen a patadas, en una suerte de profesía autocumplida. La consigna, que es la misma que hace 15 años, es que “la derecha tiene un plan que sólo cierra con represión”, y pareciera que lo que se busca es eso, que se aplique la ley antipiquetes y así poder decir “vieron cómo la derecha reprime”.

Durante diciembre la orden fue aguantar y no reaccionar, con la esperanza de que la ciudad ingrese en el letargo veraniego. La ley antipiquetes, que tiene sus aristas polémicas, estuvo vigente todo este tiempo, pero recién se va a aplicar a partir de el inicio de este enero, según explicaron las autoridades de la Ciudad.

Claro que las autoridades tienen un problema adicional para aplicar el protocolo de esta ley, que es que el 1 de enero comenzó a funcionar la nueva Policía de la Ciudad, que fusiona a la Policía Metropolitana y a los efectivos de la Policía Federal que la Nación le traspasó al gobierno porteño.

El caso es que durante los últimos días del año los federales hicieron trascender que no se pondrían los nuevos uniformes porque nadie los consultó sobre el traspaso a la nueva estructura. Obviamente es una negociación, pero en los primeros días del año la presencia policial en las calles fue casi nula. Incluso en el bajo Flores, zona de influencia de la conflictiva villa 1.11.14, donde en los últimos días de 2016 se sucedieron hechos de violencia por robos.

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