Por Alejandro J. Lomuto

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de Estados Americanos (OEA) registró este fin de año dos hechos auspiciosos: presentó su primer balance semestral, en el que reconoció avances del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández pero reclamó una política de estado en la materia, e incorporó como fiscal internacional al argentino Manuel Garrido, quien en su país fue diputado nacional, director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción y fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, y además fue jefe de Investigaciones y Litigio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La siguiente es la conversación que mantuvimos con Garrido:

La corrupción es uno de los grandes problemas transversales de la época en la región y, además, se relaciona con todos los demás (narcotráfico, tráfico de personas, violencia organizada, etc.). ¿En qué situación, en relación con el combate a la corrupción, se ubica la creación de la Maccih? ¿Es un esfuerzo aislado o forma parte de un plan de más vasto alcance?

La Maccih es una iniciativa de la OEA que responde a los reclamos de la sociedad hondureña frente a graves casos de corrupción y la respuesta a esas protestas por el gobierno del país y la comunidad internacional. Es la continuidad de esfuerzos internacionales por brindar apoyo a las estructuras de países con una institucionalidad débil o en crisis, que tiene su antecedente en la Cicig creada por la ONU en Guatemala.

 

¿Cuál es el origen y el sentido de la creación de la Maccih? ¿No alcanzan en Honduras los mecanismos locales e internacionales disponibles para combatir la corrupción? ¿O no alcanzan en todos los países pero Honduras es el único al que se le ocurrió solicitar esta clase de ayuda?

Hay una gran insatisfacción social con las respuestas que brindan las instituciones locales frente al fenómeno de la corrupción. El objetivo de la Maccih, de acuerdo con el acuerdo firmado con el Estado de Honduras, es apuntalar las respuestas de la justicia y reducir la impunidad. Pero su objetivo es mucho más abarcador, ya que incluye el apoyo para concretar las recomendaciones del Mecanismo Regional de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la reforma de la justicia a partir del apoyo del CEJA (Centro de Estudios de Justicia de las Américas), la articulación con las organizaciones de la sociedad civil y reformas también en materia de seguridad.

 

¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene una misión de estas características para cumplir sus objetivos?

Las fortalezas se dan a partir de la especialidad y la experiencia de quienes la conforman y el fuerte apoyo de la comunidad internacional, mientras que las debilidades pasan por el inicial desconocimiento del terreno y las dificultades que suelen darse al existir una agenda que depende de la cooperación y la articulación con el Estado y sus instituciones y que no necesariamente va al ritmo de las conveniencias de la agenda política cotidiana. Otra debilidad pasa por el depósito de exageradas expectativas de corto plazo en procesos que requieren de un trabajo sostenido de transformación que precisa tiempo y esfuerzo.

 

La única experiencia relativamente comparable en la región es la de la Cicig en Guatemala. Tuvo buenos resultados, pero también se la acusó de haber influido demasiado, y alineada con los intereses de Estados Unidos, en el proceso que llevó a la caída del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, y en las últimas elecciones presidenciales. ¿Qué debe tomar en cuenta la Maccih de la experiencia de la Cicig?

La Maccih se diferencia de la Cicig en que su objeto se limita a los casos de corrupción y no a fenómenos de criminalidad organizada, y carece de la posibilidad de investigar los casos de forma autónoma y de intervenir en los litigios como un actor independiente. En las causas de corrupción su función es la de supervisar y acompañar a las instituciones del país. No obstante esas diferencias, la experiencia de la Cicig debe ser tenida en cuenta, especialmente en lo que se refiere a sus factores de fortaleza, como organización, diseño, estrategias de investigación y su experiencia en el fortalecimiento de las instituciones nacionales, que debe ser el saldo y el beneficio que debe quedar a los países a partir de este tipo de esfuerzos.

 

Tanto la Cicig como la Maccih fueron concebidas como ayudas específicas de organismos internacionales a países determinados. ¿Sería aceptable, y podría ser eficiente, una intervención más sistemática de organismos como la ONU o la OEA en esa clase de problemáticas, por ejemplo en determinados grupos de países, o regiones? Dicho de otro modo, ¿alguien está pensando en que la experiencia de la Cicig o la de la Maccih pudieran dar lugar a la creación de organizaciones similares pero con alcance en grupos de países o regiones?

Existen discusiones sobre la posibilidad de aplicar iniciativas similares en otros países, pero es necesario hacer una evaluación de los resultados obtenidos hasta el presente y examinar cuidadosamente las necesidades de cada país. Existen otras propuestas en debate como tribunales específicos de carácter regional, por ejemplo. Lo importante es tener presente que el objetivo debe ser fortalecer las instituciones de cada país y trabajar en políticas públicas sostenidas que apunten a la prevención y a modificaciones de carácter sistémico.

 

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