Por Anibal Gutierrez

Hace trece meses, en las elecciones argentinas la mayoría de la población se inclinó por una propuesta que prometía un cambio. Más allá de estilos personales, políticos, o de gestión, lo que se proponía era terminar con un obsceno desfile de corrupción. En definitiva lo que se esperaba era que aquellos que cometieron delitos sean llevados a la justicia, juzgados y condenados, y que además devolvieran todo aquello que se habían robado de las arcas públicas. Es decir, lo que la población en su mayoría votó es el fin de la impunidad.

Esperando una respuesta a esa demanda transitó la ciudadanía el año 2016. Esperando ver a uno de los poderes más importantes de la joven democracia argentina (el judicial) asumir el rol que le toca, y acercarse un poco a ese sentimiento de orgullo que existía cuando la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires le demostraba al mundo que era posible enjuiciar y condenar a los responsables de la dictadura más sangrienta que había vivido el país.

La espera está resultando demasiado larga. En un año solo se vieron un par de visitas de la Ex-Presidenta a la sede de los Tribunales Federales y algunas ruidosas detenciones de funcionarios de tercer o cuarto rango, seguidas de un silencio que presagia olvido.

Pero en las últimas semanas del año algunas cosas parecen haberse movido, y el ruido provocado despertó a algunos.

Faltando cuatro días para el final del año, un Tribunal Federal de la Provincia de Jujuy (provincia ubicada en el norte de la Argentina en la frontera con Bolivia) condenó a la dirigente política Milagro Sala a una pena de tres años de prisión en suspenso por daños agravados por hechos sucedidos en el año 2009.

Esta condena es la primera que recibe mientras espera juicio por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión en relación con fondos destinados a la construcción de viviendas en la citada provincia.

Ese mismo día, un Juez Federal de la Ciudad de Buenos Aires procesó a la Ex-Presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a otros funcionarios de su gobierno, por integrar una asociación ilícita para apoderarse de dinero público destinado a obras en la Provincia de Santa Cruz. El juez estableció que el sobreprecio pagado en las obras analizadas alcanza los 450 millones de dólares.

Por esta razón el Juez trabó un embargo en los bienes de la Ex-Presidenta de 10.000 millones de pesos (aproximadamente 650 millones de dólares).

Dos días después, la Cámara de Casación Penal ordenó investigar la denuncia que el Fiscal Alberto Nisman presentó hace casi dos años contra la Ex-Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que provocó 85 muertos y cientos de heridos.

La denuncia fue presentada por el Fiscal Nisman en el mes de enero del año 2014, cuatro días antes de ser encontrado muerto en su departamento de un disparo en la cabeza.

Desde entonces un Juez Federal y una Sala de la Cámara habían desestimado la denuncia del Fiscal fallecido sin que se realizarán ni siquiera una de las múltiples medidas de investigación que había pedido.

En su resolución la Cámara sostiene que la maniobra denunciada ameritaba un tratamiento más profundo de la justicia argentina.

Tres ejemplos que se dieron en los últimos cuatro días hábiles del año 2016. Tal vez sea una señal de que el 2017 llegará con más justicia y menos impunidad, atendiendo a lo que la ciudadanía sigue esperando y votó hace más de un año.

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