Por Alejandro J. Lomuto

La próxima asunción de Donald Trump es una amenaza para México, pero está lejos de ser la única. En todo caso, lo que hará el próximo presidente de Estados Unidos ‒aun cuando cumpla menos de la mitad de sus promesas de campaña‒ será agregar problemas a una situación ya de por sí muy complicada, a la que ni el gobierno ni la dirigencia política le encuentran solución. Y que, al paso que va, promete la posibilidad de una salida impensada para las elecciones presidenciales de 2018.

Las amenazas de Trump son básicamente migratorias y comerciales. Que es lo mismo que decir que son económicas. 

Trump prometió en la campaña que si llegaba a la Presidencia expulsaría de Estados Unidos a todos los inmigrantes ilegales, y calculó que son unos 11 millones. Inmediatamente después de ganar las elecciones dijo ‒a través de uno de sus asesores, uno de sus medios predilectos junto a Twitter‒ que solo deportaría a los inmigrantes que además de no tener sus documentos en regla tengan antecedentes criminales, y estimó que son unos tres millones. El gobierno de México tiembla porque cree que hay unos cuatro millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos y si regresaran triplicarían la tasa de desempleo (actualmente de 4% de la población económicamente activa, equivalente a unos dos millones de personas), porque no hay más puestos de trabajo. Si ello ocurre, es razonable esperar que, además, provoquen una caída de los salarios, con el efecto consiguiente sobre la actividad económica.

También en la campaña, Trump avisó que revisaría los acuerdos comerciales que, a su juicio, perjudican a Estados Unidos, y puso el acento en la posibilidad de retirar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, en inglés) que comparte con Canadá y México. “No creo que estemos buscando despedazar el Nafta, sino que lo que queremos hacer es ajustarlo a la medida adecuada y hacerlo más justo”, suavizó este lunes otro de sus asesores ante un grupo de empresarios. Hasta ahora, sin embargo, el presidente electo logró torcerle el brazo a la fábrica de acondicionadores de aire Carrier, que tenía resuelto mudar una de sus plantas industriales de Indiana a México, donde crearía unos 1.400 puestos de trabajo. Lo consiguió bajo la amenaza de imponer un arancel de 35% no solo a Carrier, sino a cualquier empresa estadounidense que fabrique fuera de Estados Unidos y quiera importar sus productos. Si efectivamente Trump aplicara ese arancel, es pertinente preguntarse qué sucederá con las muchas compañías estadounidenses que venden en Estados Unidos parte de lo que fabrican fuera del país. Varias de estas empresas, como General Electric y Federal Express, tienen plantas en México. ¿Las cerrarán?

Mientras tanto, una firma de asesores financieros vaticinó que la inversión extranjera directa en México podría derrumbarse de 20.000 millones de dólares este año a 5.000 millones en 2017 debido a las políticas de Trump. Al respecto, las autoridades mexicanas no trajeron calma. El secretario de Finanzas, Antonio Meade, afirmó que “ante la volatilidad de los mercados, la incertidumbre existe”. El gobernador del Banco de México (banco central), Agustín Carstens, admitió que las declaraciones de Trump sobre el Nafta aportan “incertidumbre” a la hora de definir proyectos de inversión. Y en un informe publicado este lunes, el Banco de México señaló que debido a “la retórica proteccionista” del próximo jefe de la Casa Blanca “existe la posibilidad de que la economía mundial permanezca en una fase prolongada de bajo crecimiento, lo que podría dar lugar a menores tasas de crecimiento en México”.

El factor Trump sigue desconcertando al gobierno de México. El secretario de Hacienda, Ildefonso Guajardo, pidió la semana pasada a empresarios mexicanos y estadounidenses “resistir” a las “presiones” del presidente electo con respecto al Nafta y advirtió que si Washington efectivamente aumentara los impuestos a la importación de bienes, México se vería obligado a “reequilibrar” su política arancelaria, obviamente con medidas recíprocas. Guajardo recordó que “hay 15 sectores estratégicos estadounidenses que dependen de las compras en México” y subrayó que “es evidente que si se ponen barreras arancelarias entre México y Estados Unidos no ayuda a nadie, porque lo único que desata es una guerra de aranceles”.

Pareció por un momento que el llamado a la resistencia de Guajardo reflejaba una nueva postura del gobierno mexicano, mucho más firme, ante el factor Trump. Pero no. Según fuentes de la cancillería citadas ayer por la revista Proceso, el presidente Enrique Peña Nieto piensa acelerar la entrega del capo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. Guzmán es “una carta importante en la baraja de opciones de Peña Nieto para empezar a quedar bien con el próximo presidente estadounidense”, explicó la fuente.

Aun cuando sus colaboradores puedan estar realizando negociaciones secretas más equilibradas, esa decisión debilita a Peña Nieto ante Trump a la vista de la opinión pública y recuerda el episodio de la campaña, cuando el presidente mexicano invitó a los dos grandes competidores por el Salón Oval de la Casa Blanca y el tiro le salió por la culata, porque Hillary Clinton rechazó la invitación y Trump la aceptó pero luego desmintió públicamente la versión de Peña Nieto sobre lo que conversaron.

Al margen de Trump, México tiene al menos cuatro problemas serios y complejos. Uno de ellos es la economía, que no logró despegar pese a las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto y sancionadas por el Congreso, en particular la energética y la impositiva. Otro es la educación, eje de otra gran reforma que aún hoy es resistida por amplios sectores de la docencia y que, a juzgar por los resultados de las pruebas PISA conocidos esta semana, tampoco dio resultados positivos.

Otro es la violencia. Al asumir hace cuatro años, Peña Nieto eliminó la política de combate militar al crimen organizado que había llevado adelante su antecesor, Felipe Calderón, y que solo había conseguido elevar a niveles récord la cantidad de víctimas. Probó con distintos métodos, tales como alentar la formación de autodefensas y luego estatizarlas, pero, si bien consiguió mejorar un poco los indicadores, la situación sigue muy lejos de encaminarse hacia una solución.

Paralelamente, casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado sureño Guerrero pusieron a la vista la vinculación entre violencia, crimen organizado y corrupción, que es el otro gran problema actual de México. La corrupción ya no es patrimonio exclusivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centrista), aquel que había gobernado 70 años consecutivos hasta 2000 como virtual partido único y volvió a la administración central en 2012, con Peña Nieto. México tiene ahora una democracia tetrapartita, en la que el Partido Acción Nacional (PAN, conservador, que gobernó el país entre 2000 y 2012), el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierdista) y el más nuevo Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierdista) se reparten gobernaciones, alcaldías, chances de llegar al gobierno nacional y escándalos de corrupción.

En su libro más reciente ‒Sólo así: por una agenda ciudadana independiente, publicado este año‒, el economista e historiador Jorge Castañeda, quien viró desde su militancia juvenil en el Partido Comunista a su función como canciller del presidente conservador Vicente Fox, sostiene que el Estado mexicano está “cojo, manco y decapitado”, que solo puede ser restaurado por un gobierno ajeno a los partidos y que las elecciones de 2018 no deben ser una competencia entre izquierda y derecha sino un referendo sobre la partidocracia y sus beneficiarios, como en 2000 lo fue acerca de la permanencia del PRI en el manejo de la cosa pública. Pero también advierte sobre los riesgos de la antipolítica: “No todos los independientes son demagogos y populistas, pero tampoco los outsiders son por definición independientes”. Castañeda cree que para que la democracia funcione se precisan partidos, aunque no necesariamente los actuales. Sin embargo, observa que el rechazo de la ciudadanía a la corrupción y a las estructuras políticas vigentes es creciente.

Desde hace más de 25 años, cuando los ciudadanos se hartaron de los políticos y los partidos, votaron por outsiders. Fueron los casos de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo ‒aunque éste luego se quedó en la política‒ en el Perú, Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay y, más recientemente, Jimmy Morales en Guatemala. También les cabe el mote, aunque se postularon por partidos tradicionales, a Sebastián Piñera en Chile, Horacio Cartes en Paraguay y al mismo Trump, entre otros. ¿Y si Castañeda tiene razón?

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