Por Aníbal Gutiérrez

Desde hace tiempo leemos, y escuchamos, opiniones a favor y en contra de la detención de la líder política Milagro Sala y de la legalidad o ilegalidad de las medidas que la justicia de la Provincia de Jujuy tomó en las investigaciones a las que está sometida. Pero, a pesar de esa profusión de opiniones poco encontramos respecto de las causas, y sobretodo del movimiento de dinero por los que se encuentra procesada.

Según una de las causas promovidas, fondos del Programa “Mejor Vivir II” del Ministerio de Planificación Federal que debían ser destinados a obras de mejoramiento a realizarse en varios municipios de la Provincia de Jujuy fueron desviados y cobrados por intermedio de cheques de valores menores a los $ 50.000

Para realizar esta operatoria se valían de la figura jurídica de las Cooperativas, y de funcionarios de entidades bancarias que por acción u omisión contribuyeron a que esos montos, al ser bajos, se alejaran de los controles existentes.

Un par de ejemplos ilustran este accionar. De una cuenta del Banco Nación del Municipio de Monterrico se retiraron los días 1 de octubre y 21 de octubre del año pasado más de tres millones de pesos en total, lo que se repitió durante varios días hasta alcanzar los casi $ 10.000.000 en los últimos tres meses del año.

La forma fue la misma: docenas de cheques de montos menores a $50.000 para evitar controles y sospechas de lavado de dinero.

La maniobra demuestra cuán burda puede ser si reparamos que la ciudad de Monterrico tiene, según el censo del año 2010, solo 11.500 habitantes. Resulta difícil creer que el desfile de personas cobrando cheques no llamó la atención de ninguna autoridad bancaria.

En medio de este festival de cheques hay algo que no debe perderse de vista, el destino originalmente previsto para estos fondos: mejorar las condiciones de vida de los hogares en condiciones de hacinamiento, con deficiencias sanitarias o con problemas de deterioro.

Según un informe de la Auditoría General de la Nación, las obras para cuyo fin estaban destinados los fondos en el Municipio de Monterrico nunca fueron realizadas.

Resulta evidente quienes fueron los únicos perjudicados: los que menos tienen.

Desde la política todo puede discutirse, analizarse, controvertirse y justificarse, pero hay cosas que deben, alguna vez, terminar, como la permanente justificación del robo a los que menos tienen mientras se declama su supuesta representación, la defensa del del debido proceso y de las instituciones cuando se “estiró” la ley de manera indecible para que figuras jurídicas valiosas como las cooperativas y las mutuales sirvieran para fines espurios, entre otras.

Ojalá ese camino haya empezado a recorrerse. Es responsabilidades de las actuales autoridades, y de las que les sigan en los tiempos venideros, que así sea.

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