Por Alejandro J. Lomuto 

Gran parte del mundo mira con desconfianza a Donald Trump. Suena lógico: representó tan bien el papel de villano que escogió para su campaña electoral, se mostró tan natural en él ‒y seguramente lo fue en alguna medida‒, que nos hizo creer que será un monstruo terrible al que no podrán frenar ni los superhéroes más poderosos. Pero resulta que ya no es el candidato recién llegado a la política, y por lo tanto obligado a diferenciarse de los normales para tener chances competitivas, sino el gobernante electo de un país donde el sistema institucional y de poder funciona con independencia de los nombres. Solo a través de este tamiz parece más sensato indagar qué puede ocurrir en la relación entre Estados Unidos y América latina, aun cuando, por supuesto, Trump no será igual que Barack Obama ni hará todo como lo hacía él.

La gran incógnita, con respecto a la región, es si el Estados Unidos de Trump se convertirá nuevamente en aquel país poderoso que “desconoce y desdeña” a sus vecinos continentales, como lo describió José Martí en su ensayo Nuestra América (1891) y lo sería durante tantos años; si volverá a ser indiferente, tal como lo fue durante los primeros seis años de Obama, o si seguirá siendo la potencia que “ni nos desdeña ni nos desconoce”, como se entusiasmó el historiador mexicano Enrique Krauze tras el histórico anuncio del descongelamiento de la relación con Cuba, a fines de 2014.

Trump será un presidente indudablemente diferente de Obama. Para empezar, será un presidente republicano, no demócrata. Su gobierno se parecerá mucho más a los de Ronald Reagan y los dos George Bush ‒padre e hijo‒ que a los de Bill Clinton y Obama. Menos impuestos y protección social, y más rigidez en el discurso, sobre todo en materia internacional.

Pero tendrá límites precisos. Uno será el Congreso, donde por más que el Partido Republicano tenga mayoría en las dos cámaras, los senadores y los representantes suelen ser más sensibles a los intereses de sus votantes y de sus aportantes que a la disciplina partidaria. Otro será el propio Partido Republicano, en el que Trump es un outsider; cuesta imaginar que sus autoridades vayan a firmarle un cheque en blanco. Otro serán las políticas permanentes del Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, que usualmente responden a intereses estratégicos de mediano y largo plazo. El cuarto será la comunidad de negocios. Y si hiciera falta, está también la Justicia.

Por lo demás, así como carece de experiencia política y de gobierno, Trump es uno de los empresarios más exitosos de los últimos 30 o 40 años. Eso quiere decir que entiende de poder y no carece de sentido común. No parece razonable suponer que no sabe dónde se metió o que realmente pretenda cambiar la historia.

De hecho, en menos de una semana tras su consagración electoral, ya designó al presidente del Comité Nacional del Partido Republicano, Reince Priebus, nada menos que como jefe de gabinete. Y le recortó intensidad a varias de sus promesas de campaña. Así, los 11 millones de inmigrantes indocumentados a deportar pasaron a ser dos o tres millones y siempre que, además, tengan antecedentes penales. Paralelamente, el también republicano pero más moderado Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, aclaró que “nadie está pensando” en crear “una fuerza de deportación” ni en expulsar inmigrantes “a mansalva”. Y el muro que el candidato pensaba construir en la frontera con México será, según el presidente electo, muro en algunos tramos y simplemente vallas en otros; o sea, nada muy distinto de lo que ya hay.

Los intereses principales de Estados Unidos en América latina se concentran en cuatro países: Colombia, Cuba, Venezuela y México.

Colombia parece ser de los cuatro el menos conflictivo. Desde hace años Estados Unidos le brinda ayuda en dinero, primero para el combate a la violencia organizada y, en los últimos años, para el proceso de paz en marcha con los grupos guerrilleros. Ese apoyo fue sancionado y sucesivamente refrendado por el Congreso ‒que desde hace varios años tiene mayoría republicana‒ y forma parte de la política permanente del Departamento de Estado. Después del triunfo de Trump ya hubo reuniones entre ambos gobiernos y declaraciones de los dos lados favorables a continuar como hasta ahora. Una Colombia definitivamente libre del peligro guerrillero es muy atractiva para la comunidad de negocios norteamericana, siempre ávida de expandir sus mercados.

Con respecto a Cuba, Trump dijo el mes pasado, a través de Twitter, que era partidario de dar marcha atrás con la política de Obama mientras no se restauren las libertades individuales en la isla. Es probable que la administración que asumirá el 20 de enero próximo se muestre más dura en sus declaraciones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, pero difícilmente retrotraiga la apertura económica facilitada por Obama cuando tantas empresas estadounidenses ya invirtieron en la isla o están a punto de hacerlo.

El de Venezuela es tal vez el caso menos claro. Obama fluctuó entre la sanción del decreto mediante el cual la declaró “amenaza inusual y extraordinaria” contra la seguridad estadounidense y el apoyo decidido al diálogo entre el chavismo y la oposición iniciado a fines de octubre. Curiosamente, Trump no se pronunció al respecto durante la campaña electoral. Estados Unidos y Venezuela mantienen negocios petroleros estratégicos para ambos, que no fueron afectados por la tirantez entre sus gobiernos desde el advenimiento del chavismo. Y la visión de muchos diplomáticos y analistas es que una salida descontrolada de la actual crisis venezolana puede generar inestabilidad en la región, básicamente en la cercana Colombia y en buena parte del Caribe.

Indudablemente, el caso más delicado es el de México, por la vecindad y porque el propio Trump lo usó como testigo de su discurso xenófobo y antilatino. El gobierno mexicano está aterrado porque el solo hecho del resultado electoral del martes pasado le provocó inmediatamente una devaluación histórica de su moneda y porque si Trump cumpliera su promesa de expulsar a todos los inmigrantes indocumentados, volverán al país unos cuatro millones de personas que triplicarán la tasa actual de desempleo, pues la economía no está preparada para recibirlos. Para colmo, Trump y el presidente Enrique Peña Nieto deberán restaurar la relación personal, herida meses atrás cuando el candidato republicano aceptó una invitación del segundo para visitar México y luego terminaron desmintiéndose mutuamente sobre lo que conversaron.

Anuncios