Por Aníbal Gutiérrez

El resultado de hace una semana en la elección presidencial en los Estados Unidos sigue sorprendiendo a muchos. También obliga al análisis respecto de lo que sucedería a partir de la asunción de un gobierno que llega con un discurso confrontativo, sobretodo hacia las distintas minorías que habitan ese país.

Diversos analistas, periodistas, y políticos de los Estados Unidos, y también de otros países, sostienen que una de las características que definirá al nuevo gobierno es que prestará mucha más atención a la relación bilateral que establezca con aquellos países que le interesen antes que a las instancias multilaterales de las cuales forma parte.

Esta es una noticia que festejarían quienes se encuentran acusados de integrar estructuras de crimen organizado y corrupción pública, ya que la presión internacional (sobretodo la de la Embajada de USA que en algunas países latinoamericanos es verdaderamente poderosa) se diluirá, y así podrían darse nuevamente las condiciones necesarias para recrear los mecanismos de impunidad en aquellos países donde se había avanzado en esa lucha.

Así, el apoyo (sobretodo el económico) que dan a mecanismos de lucha contra la corrupción, el narcotrafico y la lucha contra la impunidad, como la Iniciativa Mérida o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) podría verse disminuido, lo que impactará de manera decidida en las actividades que pueden desarrollarse a partir de estos mecanismos.

El tema de la migración fue parte casi permanente del discurso de campaña. Y en la primera entrevista televisiva concedida tres días después del triunfo, el Presidente electo sostuvo que inmediatamente después de asumir tomaría las medidas necesarias para deportar a migrantes con antecedentes penales. Sostuvo en esa misma ocasión que el número ascendería a dos o tres millones de personas.

Esta declaración, sumada a la reiterada amenaza de construir un muro que divida a los Estados Unidos de México, no hace más que demostrar que la decisión sería la de blindar las fronteras y mostrar cero tolerancia respecto de la migración indocumentada.

Estas decisiones tienen consecuencias que impactan directamente en los países cercanos a los Estados Unidos, en la violencia que impera en el negocio del control de las rutas de narcotrafico, y en el valor de la mercancía que ingresa a los Estados Unidos.

El mayor control fronterizo, incluso la hipotética construcción del muro, significan que las rutas de ingreso de mercancía ilegal a ese país resultan más onerosas, y por consiguiente los enfrentamientos que podrían darse entre los diversos cárteles para ejercer el control sobre las mismas mucho más violentos.

Por otra parte, la deportación de varios millones de personas (mayormente lo harán a México, Guatemala, El Salvador y Honduras) servirá como caldo de cultivo para el aumento de la violencia urbana, y como lugar de reclutamiento de mano de obra (dispuesta a todo) de las estructuras de crimen organizado.

Respecto del precio, resulta evidente que el aumento de la logística necesaria para colocar el producto ilegal en destino tendrá como consecuencia un aumento del valor del mismo.

Estas son solo algunas reflexiones preliminares pocos días después del triunfo de un candidato que consiguió encolumnar detrás de sí la frustración de buena parte de la población de su país, incluso contra la opinión del partido político al que representaba.   Una llamada de atención para los que tienen la responsabilidad de construir la institucionalidad necesaria para que los partidos políticos vuelvan a ser el motor de las democracias.

 

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