Por Daniel Casas

El proyecto de ley para reducir del 20 al 10 por ciento los llamados superpoderes presupuestarios que el Congreso delegó hace más de una década al Poder Ejecutivo puso, una vez más, de manifiesto la hipocresía imperante en la política y la vigencia del teorema que el ex diputado Raúl Baglini (UCR), un brillante parlamentario e ironista, acuñó hace 30 años: “La virulencia de la oposición es inversamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder”.Durante la campaña para las elecciones presidenciales que finalmente ganó, Mauricio Macri planteó en más de una oportunidad que esos poderes parlamentarios delegados al Ejecutivo afectaban a la institucionalidad. Sin embargo, ya instalado en el Gobierno, el presidente optó por la gradualidad y presentó un proyecto que reduce a la mitad esos superpoderes para que el jefe de Gabinete reasigne partidas presupuestarias durante 2017, para bajarlos al 7,5 por ciento en 2018 y al 5 por ciento en 2019.
El ejercicio del poder parece haberle develado otra realidad a Macri, quien el 2 de agosto de 2006, cuando se discutía la delegación de poderes al gobierno de Néstor Kirchner planteó en su rol de diputado opositor que los superpoderes socavaban “aún más profundamente la fosa de la institucionalidad argentina”.
Sin embargo, hay que reconocer que la reducción paulatina de esos poderes es un esfuerzo que va en buen sentido. A la vez que, en atención a que la bancada oficialista, sumando a todas las fuerzas que componen la coalición de gobierno Cambiemos, es minoría en el Congreso, tal vez se trate de un enfoque más realista, más pragmático.
Pero el Teorema de Baglini no sólo le cabe al oficialismo. Desde la oposición el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, justamente un ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner que tuvo en sus manos la atribución de reasignar discrecionalmente partidas de dinero, planteó que sólo respaldará la iniciativa si esa herramienta se reduce al 5 por ciento.
El diputado massista Marco Lavagna anticipó además que condicionarán su voto a que el Poder Ejecutivo no pueda utilizar decretos de necesidad y urgencia (DNU) para derivar gastos de capital, como los que se asignan a infraestructura, por ejemplo, a gastos corrientes.
En la misma línea, de hecho así lo acordaron, está el Bloque Justicialista, que preside el diputado Oscar Romero y lidera Diego Bossio, titular de la Anses durante los últimos años de gestión kirchnerista, y que nunca objetó los superpoderes, ni siquiera cuando, como en 2014, la reasignación discrecional de partidas alcanzó al 35,5 por ciento, lo que traducido a dinero implicó $305.000 millones.
Claro que estos manejos discrecionales no son patrimonio exclusivo de la Argentina. En Perú, por ejemplo, las facultades delegadas, el jefe del Gabinete Ministerial del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Fernando Zavala, anunció en agosto pasado que pedirá al Parlamento, donde es mayoría la oposición, manejar esa herramienta en cinco temas, por cierto amplísimos: reactivación económica y formalización; seguridad ciudadana; lucha anticorrupción; agua y saneamiento y la reorganización de la petrolera estatal Petro-Perú.
Otro caso, más extremo, es el de Venezuela. Para intentar capear el temporal de una crisis institucional, económica y política sin fin, el gobierno de Nicolás Maduro directamente se toma atribuciones que la Asamblea Nacional (Parlamento), manejado por la oposición, le niega. Pero claro, el Teorema de Baglini tiene que ver con la democracia, y en rigor Venezuela está cada vez más cerca del estallido que de la institucionalidad.

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