Por Alejandro J. Lomuto

No habrá referendo revocatorio antes del 10 de enero y es mejor que así sea. Si el chavismo debiera dejar el gobierno ahora, su sucesor tendrá escasa gobernabilidad. Parece más razonable que si Nicolás Maduro fuera removido después de esa fecha asuma hasta 2019 una administración de transición, fruto de un acuerdo amplio. Por eso sigue siendo esencial lograr que el oficialismo y la oposición dialoguen, y para que esto suceda puede resultar crucial la influencia del Vaticano. Encausar la crisis venezolana es fundamental para evitar que su inestabilidad se propague a Colombia y al resto del Caribe. Esta es la opinión predominante entre los socios fundadores del Mercosur, según la describió una de las más altas figuras diplomáticas del bloque en conversación off the record con un puñado de periodistas, entre ellos el autor de esta nota.

La Argentina, Brasil, Paraguay ‒y probablemente también Uruguay‒ dan por hecho que no habrá revocatorio antes del 10 de enero, fecha tope para que si Maduro resultara removido deba llamarse de inmediato a elecciones para escoger a su sucesor, según lo establece la Constitución. El chavismo no cerró definitivamente la puerta, pero dio últimamente dos indicios bastante reveladores: hace dos semanas, el Consejo Nacional Electoral (CNE, controlado por el oficialismo) advirtió que la consulta podría efectuarse al promediar el primer trimestre de 2017 ‒sin descartar taxativamente que pueda realizarse antes‒, y Maduro dijo la semana pasada que “la prioridad no es hacer elecciones” sino “recuperar la economía”, aunque esa fuera una declaración política sin necesidad de consecuencia jurídica.

Tal como lo sugieren todas las encuestas divulgadas en Venezuela en lo que va del año ‒incluso las confeccionadas por consultoras afines al chavismo‒, es altamente probable, por no decir seguro, que Maduro será removido si se realiza el referendo, no importa si antes o después del 10 de enero.

Los fundadores del Mercosur ‒o al menos la Argentina, Brasil y Paraguay‒ creen que es mejor que Maduro no sea desplazado antes de esa fecha. Si eso ocurriera, el chavismo deberá dejar el gobierno y seguramente será sucedido por la oposición. Pero la expresión “la oposición” encierra una trampa, pues la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne a una treintena de partidos es en realidad un conglomerado muy heterogéneo al que siempre ‒y mucho más en los últimos tiempos‒ le costó coordinar estrategias y acciones con armonía. Aunque sus miembros se llaman a sí mismos “la Unidad”, están muy lejos de ser precisamente eso. 

En un contexto de inflación, escasez de divisas, desabastecimiento de productos de consumo y criminalidad en niveles récord; con un Estado colonizado por el chavismo, y con su proverbial dificultad para consensuar caminos y decisiones ‒en eso, trágicamente, la MUD se parece demasiado al chavismo desde la muerte de Hugo Chávez‒, esa hipotética administración dispondría de una gobernabilidad muy limitada y sucumbiría más temprano que tarde.

La solución, tal como se la vislumbra desde el Cono Sur, es la formación de un gobierno de transición que sea capaz de ir solucionando los serios problemas que sufre el país y preparando el terreno para un proceso electoral y una sucesión mucho menos traumáticos.

La Constitución permite esa posibilidad: si Maduro fuera removido después del 10 de enero de 2017, el período presidencial hasta el 10 de enero de 2019 deberá ser completado por quien ejerza el cargo de vicepresidente en el momento en que se produzca la vacancia. Y como en Venezuela el vicepresidente no es electo sino que es designado por el presidente, por allí está la clave: un vice capaz de hacerse cargo del gobierno en esas singulares condiciones, acompañado por un gabinete plural en lo ideológico y de perfil mucho más técnico que político, imaginan en el sur del continente.

¿Quién puede ser ese vicepresidente llamado a ser el presidente de la histórica transición? No lo dijo la fuente, pero parece razonable suponer que, en ese contexto, será un chavista. En esa carrera ya hay varios anotados. Henrique Capriles mencionó ayer al número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante, el inefable capitán Diosdado Cabello; al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y al gobernador de Aragua, el abogado Tareck El Aissami. Ninguno de ellos parece tener el perfil más adecuado. Pero seguramente hay varios más, y acaso termine siendo alguien que hoy no figura en los cálculos de nadie. Tendrá que ser una persona moderada, con una capacidad de negociación a prueba de balas. 

¿Cómo se llega a esa instancia? Según nuestro interlocutor, únicamente a través de un acuerdo entre el chavismo y la oposición. Para eso es imprescindible un diálogo entre representantes de ambos sectores. Es lo que desde hace más de seis meses vienen impulsando la Unasur; los expresidentes español José Luis Rodríguez Zapatero, dominicano Leonel Fernández y panameño Martín Torrijos; los gobiernos de Estados Unidos y España, y la OEA. También Cuba, aunque no lo dice públicamente. “Cuba está jugando muy bien en esto, muy responsablemente”, aseguró nuestra fuente. Ni el chavismo ni la MUD rechazaron el diálogo, pero la coalición opositora puso varias condiciones, entre ellas que el Vaticano estuviera entre los mediadores o facilitadores. El Vaticano dijo que aceptaría siempre y cuando ambas partes se lo pidieran explícitamente, y las dos ya se lo solicitaron. “Confiamos mucho en la influencia que pueda tener en esto el Vaticano, al cual va a ser muy difícil que tanto el chavismo como la oposición puedan decirle que no”, dijo la fuente.

No obstante, todo esto representa una carrera cada vez más acelerada contra un tiempo cada vez más escaso. Tal como dijimos hace dos semanas, sigue habiendo una pregunta que nadie se anima a responder: si 80% de los venezolanos, según las encuestadoras independientes, o 60%, según las prochavistas, responsabiliza al gobierno de sus penurias, quiere que haya revocatorio y que Maduro sea removido, ¿quién se anima a descartar la posibilidad de que se produzca un gran estallido social si esa amplia mayoría llega a la conclusión de que no habrá cambio de gobierno hasta dentro de más de dos años? El mismo Capriles lo advirtió ayer: “Matar el revocatorio y dejar a los venezolanos sin la única ventana democrática que nos queda es muy peligroso; el revocatorio es la contención para evitar un estallido social”, dijo. 

¿Por qué es fundamental evitar el estallido, además de por la vida y la salud de los venezolanos? Porque, según se lo ve desde el Cono Sur, la escalada a ese nivel de la crisis venezolana puede derramar inestabilidad sobre el proceso de paz en Colombia y sobre el resto del Caribe. En el primer caso, gracias a la buena sintonía del chavismo con las organizaciones guerrilleras colombianas, Venezuela fue acompañante de las prolongadas negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC y sede de las conversaciones preliminares con el ELN. De hecho, el próximo inicio del debate formal con el ELN se anunció anteayer precisamente en Caracas, aun cuando tendrá lugar en Quito. Y en cuanto al Caribe ‒Colombia incluida‒, porque podría generarse una exportación rápida, traumática y descontrolada de la actividad de organizaciones narcotraficantes y de otras formas criminales que, con fluidos lazos con algunos sectores del chavismo, tienen hoy su sede en Venezuela.

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