Por Aníbal Gutiérrez

El fin de semana se publicó en medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires el resultado de un estudio de opinión que debe preocupar, y mucho, ya que demuestra que la credibilidad en el Poder Judicial está por el piso.

Según lo publicado, el 77% de los argentinos no confía en el Poder Judicial y más del 50% aprueba la justicia por mano propia, mientras que el 34% cree que la inseguridad es el tema más preocupante del país.

Sin lugar a dudas el Estado, léase bien, el Estado y no sólo el Poder Ejecutivo, está ante un desafío mayúsculo. Si la inmensa mayoría de los argentinos no cree en su justicia lo que está en juego es una de las instituciones básicas de democracia, y como dijo San Agustín (ya citado en estas páginas) cuando se suprime la justicia ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones?

Al mismo tiempo se convocó a una manifestación pública frente al Congreso de la Nación que pretendió llamar la atención sobre la inseguridad, la injusticia y la impunidad. El lema aglutinante fue #ParaQueNotePase y quienes convocaron fueron víctimas de hechos de violencia.

Ante la manifestación y el dolor de aquellos que perdieron a sus seres queridos en hechos de inseguridad, el deber de todos los actores políticos (tanto del oficialismo como de la oposición) debería ser guardar un respetuoso silencio sin intentar capitalizar políticamente de ninguna manera un reclamo que todos saben legítimo.

Después de ese respetuoso silencio se impone la necesidad de actuar. Y hay que hacerlo rápido y de forma eficiente.

El gobierno nacional ya dio sus primeros pasos. Ayer mismo anunció la creación de un Portal que hará público en internet una base de datos que contendrá toda la información referida a causas en trámite ante todas las jurisdicciones del país.

Esta medida permitirá conocer la verdadera situación en la que se encuentra cada uno de los tribunales de justicia del país, el presupuesto que tienen asignado y como lo ejecutan, la mora con la que administran justicia y como, los jueces resuelven cada uno de los expedientes en los que actúan.

En materia de inseguridad, la provincia de Buenos Aires viene haciendo punta al entrar a fondo en las reformas que la situación amerita. La Policía bonaerense está teniendo cambios profundos y que, de sostenerse en el tiempo, permitirán ver resultados positivos en el futuro. Retraer el control del dinero de la cúpula policial para pasarlo a manos de un civil, como se hizo ya con el control interno de la fuerza, son medidas muy auspiciosas.

El resto de las jurisdicciones aún no han mostrado esos niveles de avance. En el mejor de los casos, se han presentado reformas cosméticas que contienen cambios de nombre o del color del uniforme, y en la inmensa mayoría, incluidos los distritos con mayor índice de delincuencia, nada cambia.

Por su parte la justicia parece mantenerse ajena a lo que sucede. Mientras la población muestra su desconfianza, la titular de la Procuración General (o Fiscal General como se conoce el cargo en otros países de la región) se fue de viaje demostrando que atender el reclamo de la población no está entre sus prioridades.

Es entendible la desconfianza de la ciudadanía. Habrá que ver si el Estado en su conjunto, y sobre todo si el Poder Judicial, está a la altura de lo que este momento de la historia está reclamando.

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