Por Daniel Casas

“El poder en la Argentina es como un enorme iceberg del que sólo es visible el 20 por ciento, que es donde opera la política”, me aseguró días atrás un importante funcionario de la AFIP. “Lo grave -agregó- es que hasta hace 20 años la parte visible de ese bloque de poder era más o menos la mitad”. Es decir que se ha invisibilizado por lo menos un 30 por ciento de la estructura que maneja o desmaneja los factores de poder, por donde pasan los grandes negocios y desde donde se condiciona al quinto visible.

El dato estimativo lleva a pensar en las condiciones reales que existen para llevar adelante el cambio cultural que impulsa, al menos en los dichos, el gobierno de Mauricio Macri. ¿Se pueden cambiar los usos y costumbres de un país, que constituyen una cultura, cuando cuatro quintas partes del poder está soterrado o sumergido? ¿Alcanza sólo con proclamar una idea en la superficie? ¿Hay o habría real decisión política de abrir esa caja de Pandora? ¿Hay plafond en una sociedad tan reacia a los cambios profundos, tan permeable y tan propensa al doble discurso?

Imaginemos un escenario. Supongamos que el gobierno lleva a los hechos el discurso de optimizar el funcionamiento de la administración pública y, como para empezar, decide revisar si corresponden las licencias psiquiátricas que cientos o miles de agentes han pedido en el último año. Supongamos que encuentra que una funcionaria con cargo de directora en un ministerio, alcanzado por obra y gracia de un parentezco político, sintió tambalear su equilibio psíquico porque su pariente poderoso perdió las últimas elecciones y que no encuentra consistente el uso de esa licencia. ¿Podría exigirle que retorne a sus funciones, por las que sigue cobrando un sueldo? ¿No habría una respuesta corporativa, no por el caso de la funcionaria en particular sino para que no se siente un precedente que puede perjudicar a otros menos expuestos pero necesariamente iguales ante la ley? ¿Se podría vencer o cambiar esa cultura prebendaria?

Traslademos este ejemplo, basado en un caso real, a cualquier otro ámbito. El sindical, el financiero, el del comercio, el de los importadores y exportadores, el de los docentes, el de la salud… y así podríamos seguir, encontrándonos más o menos con las mismas preguntas, con las mismas sospechas.

Para llevar adelante un cambio profundo no sólo hay que tener la decisión política, también hace falta generar un consenso social. El último domingo Jorge Fernández Díaz incluyó en su habitual columna en el diario La Nación datos recabados por el consultor político Guillermo Oliveto en una encuesta sobre 1000 casos, en la que el 82 por ciento de los consultados se pronunció a favor de un sistema mixto entre el neoliberalismo de Carlos Menem y el populismo de Cristina Fernández de Kirchner.

Son números contundentes, pero volátiles. Se reclaman todos los beneficios del populismo, pero sin pagar los costos, que son los que determinaron la votación en favor de Macri. Y a la vez se desean todas las opciones que ofrece el liberalismo, pero sin ninguna de las consecuencias, que marcaron el fin de la década del ‘90. Es más, de ser posible el deseo es alcanzar todo lo que se pueda obtener del punto medio sin tener que afrontar ninguna de las facturas, lo que se podría definir como un realismo mágico a la argentina.

Este fin de año, donde comenzaron a aparecer indicadores económicos un poco menos desfavorables para el gobierno, entre ellos la baja de la inflación y la tímida reactivación de algunos sectores económicos, como el de la construcción, encuentra a las fuerzas políticas preparándose para las trascendentales elecciones legislativas de 2017.

En la búsqueda del voto mayoritario todos, oficialistas y opositores, saldrán a decirle a la sociedad lo que ese 82 por ciento quiera escuchar, a prometerle lo que sabrán que no podrán cumplir. Es decir que harán exactamente lo que vienen haciendo desde hace tiempo y que por lo tanto forma parte de la cultura política que, coinciden todos, hay que cambiar.

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