Por Alejandro J. Lomuto

Colombia y Venezuela, tan cercanas en la geografía, la historia y los hábitos cotidianos, representan dos modelos antagónicos dentro de América latina. Ese contraste se expresa en muchos aspectos y, por lo tanto, podrían utilizarse muchas palabras para describirlo. Pero si hiciera falta una síntesis extrema diríamos ‒aun con todas las salvedades que aconsejan definiciones tan absolutas‒ que Colombia simboliza la esperanza y Venezuela, la desesperanza.

Colombia acapara hoy los principales titulares de la prensa mundial porque está sellando uno de los hitos más importantes de su historia, tal vez el más relevante desde la declaración de su independencia. El acuerdo de paz con las FARC, que dos de cada tres colombianos están dispuestos a refrendar en el plebiscito del domingo próximo ‒según una encuesta de Ipsos publicada esta mañana‒, pondrá fin a un conflicto armado singularmente largo e intenso.

Ese conflicto comenzó en la segunda mitad de la década de los ’40 del siglo pasado con el enfrentamiento extraordinariamente violento entre los partidos Liberal y Conservador. Se calcula que solo en ese primer período, que emblemáticamente fue llamado La Violencia y se extendió hasta principios de los ’60, hubo entre 200.000 y 300.000 muertos y más de dos millones de desplazados. Luego nacieron las organizaciones guerrilleras formales ‒las FARC y el ELN, las dos más numerosas en la actualidad, datan de 1964‒ y con el tiempo fueron sumándose el narcotráfico, los grupos paramilitares y las bandas criminales. Se estima que desde los ’60 hasta hoy hubo otros 220.000 muertos y que la cantidad de víctimas totales por toda clase de crímenes derivados de ese conflicto es del orden de los ocho millones.

Disueltos hace años los grandes carteles del narcotráfico, desmovilizada la mayoría de los paramilitares y reducida la guerrilla a su mínima expresión histórica, Colombia ya no tiene índices de violencia a la colombiana pero aún padece las secuelas del conflicto, que se expresan en cientos de miles de ciudadanos desplazados, enormes superficies minadas ‒y, por lo tanto, improductivas‒ y decenas de miles de personas sin mayor instrucción para las cuales un arma en la mano es su medio de vida.

La transición de Colombia a la normalidad ‒el posconflicto‒ será ardua y lenta, pero no estará completada si no se la hubiera iniciado. En ese sentido, el acuerdo de paz con las FARC es mucho más que simbólico. De hecho, más temprano que tarde comenzará un proceso similar con el ELN: las partes ya lo anunciaron hace tiempo, y si se demora es por la reticencia de esa organización a abandonar la práctica del secuestro. Pero fue sintomático que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunciara ayer que su país será acompañante de esas negociaciones, igual que lo fue de las que culminaron exitosamente con las FARC.

Apenas separada por una frontera ‒conflictiva en el último año‒, Venezuela es la contracara de Colombia, con la que tanto tuvo en común desde sus orígenes y hasta incluso en el hecho de ser los únicos dos países de Sudamérica en los que no se interrumpió la institucionalidad democrática durante los accidentados años ’70.

Las políticas que el chavismo aplicó sistemáticamente desde 2003 la sumieron en una crisis política, económica, social y humanitaria sin precedente. La situación se agravó exponencialmente a partir de la muerte de Hugo Chávez, en 2013, cuando la ausencia de ese liderazgo excepcional dejó al descubierto la enorme heterogeneidad del oficialismo rojo rojito. Entonces, las pujas internas por el poder inmovilizaron la gestión y el discurso. El veloz crecimiento de la inflación, el desabastecimiento y la inseguridad ciudadano solo fue explicado a través de una conspiración internacional y una guerra económica en la que nadie cree realmente.

Mientras tanto, el gobierno dejó de guardar las apariencias institucionales por las que Chávez se había al menos preocupado. Las cárceles comenzaron a llenarse de dirigentes y militantes opositores, y los procesos electorales previstos por la Constitución ‒caballito de batalla del fundador del chavismo, como lo es en general de todos los líderes populistas‒ fueron saboteados. Las elecciones parlamentarias del año pasado fueron convocadas luego de inexplicables demoras y después de cierta presión internacional, incluso de amigos del régimen. De las elecciones de gobernadores que deben realizarse este año nadie ha dicho una palabra: ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) ‒bajo control del chavismo‒ que debe convocarlas, ni la oposición, que seguramente las ganaría de manera abrumadora pero está distraída con el referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

La presión internacional aumentó este año bajo la forma visible de gestiones para que el chavismo y la oposición conversen. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora puso como condición para dialogar que le garantizaran que el referendo se realizará este año, a tiempo para que si Maduro resultara revocado deba llamarse inmediatamente a elecciones. El CNE, que demoró todo lo que pudo el trámite, incluso mediante la imposición de requisitos que no están establecidos por la Constitución y las leyes, avisó la semana pasada que la consulta solo podría efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017, cuando la eventual vacante presidencial ya no debería ser cubierta mediante comicios sino por el vicepresidente hasta el fin del período actual, en 2019.

Hasta las encuestadoras amigas del chavismo admiten que 60% de los venezolanos ‒las firmas independientes reflejan que se trata de al menos 80%‒ responsabiliza al gobierno por la crisis, quiere que haya revocatorio y está dispuesto a votar para que Maduro se vaya antes de tiempo. Si esa mayoría de venezolanos llegara a convencerse de que no habrá revocatorio a tiempo para que el chavismo deje la administración ‒según la encuestadora prochavista Hinterlaces, 59% cree que el referendo no se hará este año‒, ¿quién se anima a descartar la posibilidad de que se produzca un estallido social gigantesco?

Anoche, en Cartagena de Indias, luego de la ceremonia de firma del acuerdo de paz con las FARC, hubo una inesperada reunión entre Maduro y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. La fotografía del encuentro los muestra tensos, incómodos. No se sabe ‒y probablemente no se sepa, al menos en bastante tiempo‒ qué se dijeron realmente, más allá de los convencionales informes a la prensa de sus voceros. Acaso haya sido una de las últimas gestiones en procura de evitar la desesperanza absoluta en Venezuela.

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