Por Aníbal Gutiérrez

El día de ayer el Juez Criminal y Correccional Federal Nro. 10 de la Ciudad de Buenos Aires llamó a declaración indagatoria, y dispuso la inhibición general de sus bienes, a la ex Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Junto con ella fueron citados otras 17 personas que incluyen a un ex Ministro y otros funcionarios nacionales y de la Provincia de Santa Cruz, así como también el empresario preferido en las licitaciones de obra pública vial.

Esta causa fue iniciada por una denuncia que la Diputada opositora Elisa Carrió presentó en el año 2008 ya que, según los fiscales que acusan, existió “un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial”.

Según sostienen los fiscales la maniobra denunciada se basaba en cuatro pilares fundamentales: la inserción de un amigo presidencial en el negocio de la construcción (Lazaro Baez, amigo al que también se llamó a indagatoria ayer, creó su empresa constructora un mes antes de que Nestor Kirchner asumiera la Presidencia de la Republica); la exportación de una estructura montada con gente de confianza en la Provincia de Santa Cruz al Gobierno nacional; la concentración de obra pública vial en la Provincia de Santa Cruz; y el direccionamiento de la adjudicación de obra pública.

Ese empresario amigo tuvo un incremento patrimonial en los últimos 12 años del 4700%. Esa “ganancia” la tuvo una persona que nació y vive en un país en el que el 47% de los habitantes de las afueras de la Ciudad de Buenos Aires no cuentan con red cloacal.

Ese mismo amigo, que además es socio comercial de la ex Presidenta, le garantizaba a la familia presidencial Ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros. Esto está siendo investigado en otra causa judicial como una posible maniobra de lavado de dinero.

La ex Presidenta ya fue procesada, junto a otros 14 funcionarios públicos, por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública y tiene más de 50 denuncias que se convirtieron en causas penales y que aún están en trámite.

Leyendo y escuchando estas noticias que se tornaron habituales estos últimos meses en la Argentina, recordé una página que durante meses publicó un vespertino guatemalteco en apoyo al trabajo que hacíamos en la Comisión Internacional contra la Impunidad. Citaba a San Agustín y decía que un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una banda de ladrones.

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