Por Aníbal Gutiérrez

La semana pasada hablaba, en este mismo espacio, acerca del nacimiento de las operaciones de lavado de dinero y de las etapas que configuran el proceso integro de incorporación de dinero de origen ilícito al mercado legal. El desafío de la institucionalidad pública en la actualidad es cómo hacer frente a lo que significan estos fondos.

Lo primero que se debería hacer para enfrentar las estructuras criminales, y el poder que les otorga el manejo de importantes sumas de dinero, es desterrar del vocabulario que utilizan los funcionarios, expertos y periodistas, entre otros, los términos “guerra”, “combate”, “destierro”, etc.

Existen numerosas experiencias de “combate” al crimen organizado (especialmente al narcotrafico) que demuestran que esa es una opción destinada al fracaso. México es un doloroso ejemplo de violencia indiscriminada, violaciones de derechos humanos y fuerzas armadas y de seguridad penetradas por el crimen.Todo bajo el amparo de la guerra a las estructuras del crimen organizado.

Las estructuras criminales se constituyen con un único y gran propósito: generar grandes cantidades de dinero. Para ello tienen ejércitos, pelean por el control del territorio, corrompen funcionarios públicos, financian campañas políticas, generan terror en aquellos sectores de la sociedad que puede llegar a enfrentarlos (como la prensa independiente), entre muchas otras “actividades”.

Es por esto que los Estados deberían concentrarse en el punto en el que más daño se le puede hacer al funcionamiento de una estructura de crimen, en la circulación de dinero de origen ilícito que se incorpora al mercado legal y sirve para “garantizar” el nivel de vida de los integrantes de esas estructuras crimínales, así como financiar nuevas operaciones ilegales.

La primera de estas medidas debería ser contar con un diagnóstico preciso que permita identificar, evaluar y entender (siguiendo la terminología de la Recomendación 1 de GAFI) los riesgos de lavado de activos para poder aplicar la política pública que pueda mitigar eficazmente esos riesgos.

Esta evaluación de riesgos será el primer paso de una estrategia nacional que aborde de manera integral los riesgos de lavado de activos, y de su mano, los riesgos de financiación del terrorismo.

Dicha estrategia nacional deberá atender las reformas legislativas e institucionales necesarias para prevenir de manera efectiva el lavado de activos, generar los protocolos para el desarrollo de las investigaciones patrimoniales que permitan el recupero de los activos secuestrados, facilitar las instancias de reunión y análisis de información, promover un ambicioso programa de capacitación de funcionarios públicos y de concientización de la sociedad en su conjunto respecto de las consecuencias de la circulación de fondos de origen ilícito, y la incorporación de las instituciones provinciales y municipales, sobretodo aquellas que están presentes en zonas de riesgo como fronteras y puertos.

El éxito de una estrategia de estas características está en la participación, coordinación y compromiso de numerosas instituciones públicas. De esta estrategia deben participar varios ministerios (justicia, seguridad, economía, desarrollo social, defensa), las instituciones financieras públicas y las de control, las instituciones de inteligencia civil y financiera, los organismos de control de cooperativas y mutuales, las instituciones de control de servicios de salud, las comisiones de valores, las administraciones de impuestos, las aduanas, etc.

Los egos a deponer son muchos. Los beneficios que nuestros países obtendrían serían muchos más.

Anuncios