Por Aníbal Gutiérrez 

A principios del siglo pasado Al Capone era el mafioso más importante de los Estados Unidos. Construyó su imperio basado en el chantaje, el soborno y el asesinato. Los investigadores nunca pudieron probarle un delito de sangre, pero sí consiguieron demostrar que vivía con mucho más dinero que el que declaraba. Esto lo llevó a la cárcel, y generó en la mafia una nueva preocupación: había que limpiar el dinero que se obtenía de actividades ilícitas para defenderse de la nueva amenaza que constituía la Hacienda pública.

De esta necesidad surgió una cadena de lavanderías automáticas a través de la cual se hacían pasar ganancias de origen ilícito y se las convertía en utilidades legales de un comercio blanco. De esas operaciones de “lavado” de hace casi un siglo llegamos hasta nuestros días.

Números estudios doctrinarios sostienen que son tres fases las que existen en el proceso de lavado de dinero: colocación, ocultamiento e integración.

La fase de colocación es aquella en la que se introducen los fondos ilegales en la economía, poniéndolos a circular a través de instituciones financieras, casinos, casas de cambio, cooperativas, mutuales, y otras actividades lícitas.

La segunda fase es la del ocultamiento. Aquí, la estructura criminal crea una secuencia de operaciones financieras, industriales y comerciales para dificultar el rastreo de los fondos y de su propietario. Este tipo de actividades es realizado muchas veces en países con muy pocos o nulos controles en lavado de activos.

La última de las etapas es la de la integración e implica la colocación de los fondos de lavado de regreso en la economía en negocios lícitos para crear apariencia de legitimidad, y así facilitar sucesivas operaciones de lavado.

Las consecuencias del lavado de dinero son muchas y peligrosas para la estabilidad económica y política de un país, sobretodo para aquellos con institucionalidad democrática débil como son la mayoría de los latinoamericanos.

El costo social del lavado de activos es considerable ya que el manejo de grandes cantidades de dinero permite a las estructuras criminales ampliar sus operaciones, eleva los índices de criminalidad y, por consiguiente, los fondos que el Estado debe invertir en seguridad. Además, debilita y corrompe a la sociedad y daña la imagen internacional de un país afectando las inversiones que este podría recibir.

También son muy importantes los costos económicos de este delito ya que distorsiona los mercados financieros, genera aumento de inflación y destruye la actividad económica.

Hace pocos días, el Instituto de Gobernanza de Basilea publicó la quinta edición del Índice de Lavado de Dinero, un ranking anual que evalúa los riesgos existentes en 149 países.

El trabajo destaca que la eficacia en la lucha mundial contra el lavado de dinero sigue siendo débil.

De los 25 países analizados de la región latinoamericana y del Caribe, más del 50% se encuentra por encima del promedio mundial, siendo Paraguay el peor ubicado de la región ocupando el puesto 14, Bolivia el puesto 20 y Argentina el 34.

Finlandia ocupa el puesto 149, es decir el de menor riesgo de lavado entre los países analizados, y Perú es el mejor ubicado de la región en el puesto 138.

El desafío es combatir el crimen organizado atacando lo que más le duele a las estructuras criminales, el dinero y su poder corruptor.

De los caminos para ese combate escribiré la semana próxima.

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