Por Marcelo Gobbi

El 23 de agosto el obispo argentino Héctor Aguer publicó en El Día un artículo titulado “La fornicación”. Lo hizo con algo de tono desafiante, porque finalizó diciendo que no le interesaba cómo podría reaccionar el INADI, organismo que se ocupa de combatir la discriminación. Lo que allí señaló no sorprende; contrapuso costumbres y ejemplos actuales con los principios de la moral católica más conservadora.

De su parte, el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj anunció que estudiaría la nota insinuando posibles responsabilidades del obispo. Me parece que no podría haber elegido un asunto más desatinado para gastar tiempo y recursos del Estado.

No coincido con monseñor Aguer en casi nada de lo que escribió. Menos en la condena a lo que llama bloquear la finalidad procreativa de la sexualidad, algo que él asimila a la conducta animal. Recuerdo que Fernando Savater escribió que la cuestión es al revés: asociar indisolublemente las relaciones sexuales a la procreación es propio de los animales, que fornican sólo para reproducirse, mientras que en los seres humanos existe el erotismo (de modo similar, los animales comen sólo para no morirse pero la humanidad inventó la gastronomía). Naturalmente, de la mano de la libertad viene la responsabilidad que no le podemos exigir, por ejemplo, a los jabalíes.

Pero me parece que condenar moralmente una práctica no es discriminar. Monseñor Aguer es un pastor religioso, en este caso de la Iglesia Católica, que tiene una posición tomada al respecto y que vive en un país que garantiza el derecho constitucional a la libertad de expresión y de culto. En su artículo opina y condena, no prohíbe. Nada tiene que meterse en eso el Poder Ejecutivo cual comisario ideológico o guardián de un presunto pensamiento correcto sobre el que, según La Nación, Avruj dijo que el Gobierno debía “marcar pautas” (¿en serio las posiciones morales que cada uno puede expresar dependen de la definición de la oficina del señor Avruj?). El funcionario amenaza con el INADI, una dependencia que podría operarse como un portal de Internet con unos pocos empleados (tiene más de quinientos, dos decenas de delegaciones y un presupuesto de más de cien millones de pesos), porque el que cometa el repugnante delito de discriminación por creencias religiosas, orientaciones sexuales, origen étnico o cualquier otra condición personal debe ser juzgado por los tribunales de justicia lo antes posible, sin organismos políticos en el medio.

No hay nada jurídicamente discriminatorio en que alguien sostenga, por ejemplo, que las relaciones homosexuales son contrarias a determinado orden moral de fuente laica o religiosa, aunque yo no comparto ese juicio. Lo único que nos faltaba era vivir con opiniones prohibidas o, peor, sujetas a la fiscalización de burócratas.

Quiero un país en que los adventistas o los judíos puedan publicar un artículo en que cuenten por qué consideran importante guardar el sábado, algunos musulmanes puedan explicar por qué no permiten que una mujer revele su rostro y los Testigos de Jehová digan por qué prefieren que sus hijos se mueran antes que autorizar que les hagan una transfusión, y que con respeto aprendamos a conocernos todos. No porque dé todo lo mismo sino por lo contrario, porque es la única manera en que una persona puede descubrir el código moral sin el cual no le es posible vivir como un ser humano, tarea ineludible que personalmente prefiero no delegar en Aguer ni en Avruj.

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