Por Alejandro J. Lomuto

Durante años, la oposición venezolana y varias personalidades mundiales se quejaron, por lo general con razón, de que América latina daba la espalda a la situación de Venezuela, con su crescendo de violaciones de la democracia y los derechos humanos. Desde hace meses, eso ha cambiado y prácticamente todos los días hay declaraciones y acciones de gobiernos y organismos en busca de una solución. Pero si uno mira la secuencia, muchos de esos gestos parecen contradictorios entre sí, como si fueran la expresión de una diplomacia demasiado ambigua. Salvo que en realidad sean las partes de un complejo e ingenioso juego de pinzas. Veamos.En principio fue la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyo secretario general, el colombiano Ernesto Samper, designó al español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández para que procuraran instalar un diálogo entre el oficialismo y la oposición en busca de una solución al embrollo que, de no tenerla, parece inexorablemente condenado a desembocar en un estallido social. Los cuatro expresidentes son declarados amigos del chavismo, aunque es justo reconocerle a Samper los esfuerzos que realizó en 2015 para que se realizaran en tiempo y forma las elecciones parlamentarias que el gobierno venezolano se resistía a convocar porque todo indicaba que, como finalmente sucedió, serían ganadas holgadamente por la oposición.

He allí la primera contradicción aparente: ni la oposición venezolana ‒excepto Henrique Capriles, sorprendentemente marginado de ese proceso‒ ni la comunidad internacional se opusieron a esas gestiones a cargo de mediadores que podían ser sospechosos de parcialidad. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) apenas puso sus condiciones para dialogar. Varios gobiernos extranjeros dieron apoyo explícito, incluidos los de Estados Unidos, tal vez el único adversario consecuente del chavismo, y España, cuya administración conservadora dejó de lado en esta ocasión su habitual falta de sintonía con el socialista Rodríguez Zapatero. Incluso lo hizo la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que la mayoría de sus integrantes, a fines de junio, prefiriera avanzar con esta alternativa y no con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que su secretario general, Luis Almagro, ya había invocado.

A comienzos de julio señalamos lo llamativo de esa confluencia, a la que se sumaban otros datos de la vida política interna de Venezuela, y esbozamos la hipótesis de que acaso hubiera detrás de ella una agenda oculta en pos de una solución efectiva al drama venezolano (https://ideasyprotagonistas.com/2016/07/05/hipotesis-para-una-salida-de-la-crisis-en-venezuela/).

Inmediatamente después tomó estado público la crisis relacionada con la presidencia temporal del Mercosur, que ese mes debía pasar de manos de Uruguay a las de Venezuela, de acuerdo con la rotación semestral por orden alfabético de los países miembros. Como es notorio, el tema no fue resuelto aún y para hoy está prevista una nueva reunión de representantes en Montevideo que difícilmente produzca una solución, sobre todo si Caracas acepta la invitación que se le formuló para asistir.

En apariencia, la Argentina, Brasil y Paraguay se oponen a que Venezuela ejerza la presidencia y solo Uruguay está a favor. Pero cada uno esgrime motivos diferentes, que en algunos casos fueron cambiando con el tiempo o varían según en qué ámbito se expresen. Por lo tanto, resulta interesante repasar la conducta que cada uno de los socios fundadores del bloque tuvo y tiene acerca de este caso.

Paraguay es acaso el único que hasta ahora mantuvo invariables sus argumentos. Sostiene que Venezuela no está en condiciones de recibir la presidencia porque el orden democrático allí está al menos alterado debido al centenar de opositores presos, la reticencia del gobierno a convocar el referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro y el permanente acoso de la Justicia ‒controlada por el chavismo‒ al parlamento con mayoría opositora.

Detrás de esa postura subyace el deseo de Asunción de que el Mercosur mida a Caracas con un parámetro similar al que se le aplicó en 2012, cuando fue suspendida su membresía tras la polémica destitución del presidente Fernando Lugo (y, de paso, esa sanción permitió que Venezuela ingresara por la ventana al bloque pese a que el Congreso paraguayo no lo había aprobado). 

Brasil, cuyo gobierno interino ‒y probablemente definitivo a partir de la semana próxima‒ profesa una indisimulada antipatía por el chavismo, propuso primero postergar la decisión sobre la presidencia temporal hasta este mes, alternativa que terminó imponiéndose de hecho ante la falta de consenso.

Una vez llegado agosto, puso énfasis en que Venezuela no cumplió compromisos pendientes para desempeñar la condición de miembro pleno del Mercosur, y por lo tanto poder ejercer la presidencia temporal, tales como la adopción del arancel externo común ‒pilar de la unión aduanera‒ de la Nomenclatura Común, que rige las relaciones comerciales del bloque con terceros mercados. En los últimos días, incluso, subió la apuesta al advertir que el Mercosur está en condiciones de aplicar “medidas jurídicas” a Caracas para sancionar esos incumplimientos.

Uruguay, el único que estaba de acuerdo en que Venezuela lo sucediera en la presidencia pro tempore, informó a fines de julio que dejaba esa función pero no se la transfirió formalmente al país caribeño. Caracas anunció pocos días después que había asumido unilateralmente la jefatura, pero hasta hoy eso no tuvo ningún efecto práctico.

La Argentina es el país que más diversas posturas exhibió sobre Venezuela según los momentos y los auditorios, aunque es notorio que entre ambos gobiernos no hay la menor sintonía. Al margen de las declaraciones políticas de variada intensidad, Buenos Aires prefirió escudarse en argumentos jurídicos para la cuestión de la presidencia temporal ‒que Venezuela no puede ejercerla porque no hubo traspaso formal‒ y propuso como salida una gestión colegiada entre todos los miembros, que obviamente fue rechazada por Caracas.

Sin embargo, hace 12 días, 15 de los 34 miembros activos de la OEA emitieron una declaración en la que afirmaron su compromiso con la Carta Democrática Interamericana, señalaron entre las “necesidades urgentes” de Venezuela las de “preservar la paz y la seguridad, garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, el debido proceso, la separación de poderes y la consolidación de la democracia representativa”, y llamaron a las autoridades de ese país a que “garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales del pueblo venezolano y a la vez se cumplan de manera clara, cierta y sin demora las etapas restantes para la realización del referendo revocatorio”. No afirmaron taxativamente que algo de todo eso esté fallando, pero usualmente no se recomienda tener cuidado con aquello que se cree que está funcionando con normalidad.

Entre los firmantes de esa recomendación preventiva estuvieron la Argentina, Brasil y Paraguay. Y, sorprendentemente, o no, también Uruguay.

Tal vez no a partir de hoy, pero acaso pronto regrese el consenso a la mesa de los cuatro países fundadores del Mercosur y el bloque se convierta en otro de los factores que, de a poco, como en un elaborado juego de pinzas, van conformando un cerco sobre el régimen de Miraflores.

Anuncios