Por Daniel Casas

La política se compone de gestos necesarios, a veces ineludibles y otras francamente duros de pasar. El úlimo jueves, a horas de que la Corte Suprema de Justicia, hasta entonces de cuatro miembros, resolviera sobre las tarifas de gas, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, convocaron a una conferencia de prensa para aceptar el fallo de la justicia y, tal como lo reclamó el máximo tribunal, convocar a las audiencias públicas que -craso error- había omitido antes de producir el tarifazo. El mensaje explícito fue que el gobierno de Mauricio Macri, a diferencia del de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, acata las decisiones del Poder Judicial.

Ese gesto hubiera sido innecesario si, aprovechando el período de gracias que suelen tener los nuevos gobiernos, la administración Macri hubiera seguido los pasos legales para formalizar la actualización de las tarifas. Ahora, luego del revés que le propinó la Corte las audiencias públicas serán un escenario mediático propicio para que actúen los intereses políticos.

A la tarde siguiente del fallo de la Corte, en pleno marasmo, hubo otros dos gestos. El primero es la convocatoria a la residencia presidencial de Olivos de varios ministros para monitorear la situación tras el fallo. “Reunión de coordinación política en Olivos con @mauriciomacri y funcionarios nacionales”, fue la frase que subió la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en su cuenta de Twitter, junto a una foto en la que aparecen varios ministros, pero no Aranguren, el responsable del área más sensible en ese día para el gobierno. ¿Otro gesto? ¿Destinado a quién?

Varias versiones que circulan en los despachos del gobierno coinciden en que el ex CEO de Shell presentó un plan para aumentar gradualmente las tarifas, a lo largo de tres años, y que fue Macri quien ordenó hacerlo de una sola vez. El costo de ese error lo pagará el ministro, que debe funcionar como un fusible.

Claro que el manual básico del gobernante indica que no hay que cambiar a un ministro bajo presión porque se tomará ineludiblemente como una muestra de debilidad. ¿Entonces, cómo debe interpretarse esa foto que twitteo Michetti? ¿Aranguren sigue en el gabinete pero no participa ya de las reuniones de coordinación política que atañen a su área?

Esa misma tarde, el titular de la AFIP, Alberto Abad, le comunicó por teléfono a Juan José Gómez Centurión que por órden presidencial quedaba suspendido en sus funciones en la Administración General de Aduanas (AGN), a raíz de una denuncia de corrupción. Otro gesto que busca diferenciar al actual gobierno del que lo precedió.

Con esta decisión Macri cumple con la anunciada decisión de separar del cargo a quienes aparezcan involucrados en hechos de corrupción vinculados a la gestión. De paso, la decisión puede servir para atenuar el vuelo mediático de la investigación a la que es sometida Michetti para determinar el origen del dinero en efectivo que le robaron de su casa el mimso 22 de noviembre en que Macri le ganó el balotaje a Daniel Scioli.

Gómez Centurión, es un mayor retirado del Ejército que se plegó a la asonada carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, luego devenido en empresario de Seguridad y finalmente en político de la mano de Macri.
Su designación en la AGN hizo que a fines de noviembre, en plena euforia por la victoria, la coalción de gobierno rechinara con las proestas de los miembros de la Unión Cívica Radical, que sacaron a relucir el pasado carapintada de Gómez Centurión.

Entre los que protestaron estuvo Ricardo Alfonsín, lo que guarda cierta lógica, porque aquella subrevación contra un gobierno democrático afectó a su padre, Raúl Alfonsín. Pero también se quejó Ernesto Sanz, uno de los arquitectos de Cambiemos.

De todos modos, el hecho que haya sido una separación del cargo hasta que la Justicia dilucide si la denuncia es razonable da la pauta de que la jugada puede tener más movimientos de los que se observan en principio. Por lo pronto, las grabaciones que se dieron a conocer para fundamentar la decisión están editadas y son bastante endebles, es decir que una eventual falta de mérito -que significa que no hay elementos para definir culpables, no que los sospechados sean inocentes- podría determinar un regreso de Gómez Centurión a sus funciones.
Una fuente vinculada al mundo de la seguridad dijo a este cronista que el militar retirado se grangeó muchos odios, tanto entre sus ex camaradas de armas, con y sin la cara pintada, como entre la gente de la política.

“Lo estaban caminando para embocarlo”, señaló la fuente consultada, en jerga propia de los servicios de inteligencia. “A medida que escaló posiciones dejó de atender teléfonos de gente con la que antes confraternizaba y en la pelea por el poder tuvo modos poco elegantes que generaron malestar”, precisó la fuente.

Frente a este panorama, aquel gesto decidido de separar al funcionario sospechado puede redundar en beneficios o en nuevos e indigestos problemas.

Anuncios