Por Aníbal Gutiérrez

El pasado viernes 12 de agosto se reunieron los Ministros de Seguridad y de Defensa del Triangulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) preocupados por los niveles de inseguridad y el accionar de las maras (o pandillas) en los tres países. El problema es que los Ministros de Trabajo, de Desarrollo Social y de Deportes, entre otros que hubiera sido necesario que estuvieran, no fueron invitados.

Según informes emitidos en cada uno de los países, y sumadas las cantidades que se estiman, hay en esa región centroamericana mas de 100.000 integrantes de maras o pandillas juveniles de los cuales solo un 15% guarda prisión.

El fenómeno de las maras surge en Los Angeles, Estados Unidos, a mediados de los años 80 y lo integran jóvenes centroamericanos que habían emigrado a ese país durante los conflictos armados internos que se vivían en El Salvador y Guatemala.

Las masivas deportaciones de indocumentados que se dan en los Estados Unidos en la década del 90, lleva el problema a terreno centroamericano y lo convierte en uno de los principales focos de inseguridad ciudadana.

Los investigadores distinguen tres generaciones a la hora de clasificar el desarrollo de este tipo de organizaciones: las pandillas de primera generación, que son las bandas callejeras de tipo tradicional y que se centran sobre todo en la protección de su territorio, que suele ser unas cuadras o un barrio; las pandillas de segunda generación, que se enfocan principalmente en objetivos comerciales, obtienen ingresos de la venta de drogas y tratan de extender su influencia a otras ciudades; y las pandillas de tercera generación, que se distinguen principalmente por tener objetivos políticos. Estas son las más poderosas e intentan operar por todo el mundo.

Sus exponentes mas importantes en la región son la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 (M-18), y se nutren principalmente de jóvenes sin presente y sin futuro.

En su reunión de la semana pasada, los Ministros de los tres países evaluaron los riesgos que significa el accionar de estas estructuras en sus países, y decidieron presentar a sus respectivos Presidentes una propuesta para crear una fuerza conjunta para el combate de este flagelo de manera coordinada.

Mas allá del acierto que significa que tres países vecinos piensen en encarar de manera coordinada problemas comunes, que de esta iniciativa solo tomen parte los Ministros que conducen las fuerzas armadas y las de seguridad muestra que existe vocación para reprimir el problema y no para resolverlo.

A pesar de su evolución, las pandillas urbanas siguen nutriéndose de jóvenes que carecen de expectativas de futuro y que no reciben del Estado los servicios básicos necesarios para hacer frente a su desarrollo como ciudadanos plenos.

Por ello es que la respuesta debe ser preferentemente preventiva, y para ello no se necesitan efectivos de fuerzas armadas o de seguridad, es necesario pensar políticas inclusivas en educación, trabajo digno, deportes y tareas comunitarias para los jóvenes que nutren a esas estructuras.

Ese debería ser el primer paso. Alguna vez Latinoamérica tiene que pensar en la solución de los problemas atacando sus causas, y tal vez el resultado sea distinto.

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