Por Aníbal Gutiérrez

Desde hace algún tiempo hay en la Argentina una creciente presión ciudadana respecto de la devolución de lo obtenido ilegalmente por parte de funcionarios de gobierno sospechados de haber cometido actos de corrupción.

Esta situación llevó a los legisladores a comenzar la discusión parlamentaria para la sanción de una ley que incorpore al plexo normativo nacional la figura de la extinción de dominio de los bienes obtenidos ilegalmente.

Colombia fue pionera al incluir esta figura en la lucha que ese Estado lleva adelante contra los carteles ligados al narcotrafico y las inmensas cantidades de dinero y bienes (muebles e inmuebles) que esas estructuras de crimen organizado administran.

Esta institución logró, a pesar de los inconvenientes y críticas que todavía tiene, importantes resultados. A la fecha se han implementado medidas cautelares sobre más de 34.000 bienes (inmuebles, medios de transporte, sociedades y establecimientos comerciales) en más de 5000 procesos de extinción de dominio.

La mayoría de los países de la región han seguido los pasos de Colombia y dictado normas similares (como México o Guatemala) y otros como la Argentina y Costa Rica iniciaron la discusión parlamentaria.

¿Pero qué significa en la realidad la extinción de dominio y cómo se vincula con el derecho de propiedad?

En Colombia, como dijimos pioneros en este tema, la Corte de Constitucionalidad reconoció al derecho de propiedad el carácter de derecho fundamental cuando está en relación inescindible con otros derechos originariamente fundamentales.

Al mismo tiempo, uno de los pilares fundamentales del Estado en ese país está constituido por el trabajo, y la Constitución reconoce y ampara la propiedad obtenida con base en el esfuerzo y en el mérito que el trabajo implica.

De allí se concluye que el derecho de propiedad es reconocido por el ordenamiento jurídico y protegido por el Estado, cuando ha sido adquirido de manera lícita, ajustada a las exigencias de la ley, sin daño ni ofensa a los particulares ni al Estado.

Por ello, el citado tribunal colombiano explicó que en realidad la “pérdida” de dominio no es tal en sentido estricto, por cuanto el derecho en cuestión no se hallaba jurídicamente protegido y lo que se extingue es la apariencia de propiedad existente.

Para finalizar, lo que se sostiene en el ordenamiento colombiano es que la persona que ha adquirido el dominio de un bien por medio de conductas que contravienen el ordenamiento jurídico no es verdadero titular de un derecho de propiedad digno de reconocimiento ni protección. Solo es titular de un derecho de dominio en apariencia , ya que ante la ilegitimidad de origen, en realidad este derecho nunca fue merecedor de reconocimiento jurídico.

La sociedad reclama que aquellos que se enriquecieron a costa del Estado devuelvan lo robado. Esto implica pensar hasta donde llega la protección del derecho de propiedad. Seguramente esta discusión estará muy presente en los próximos días allí donde se quiere sancionar una ley de extinción de dominio.

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