Por Daniel Casas

El gobierno de Mauricio Macri convocó tardíamente a las audiencias públicas por tarifas de gas para octubre, para intentar enmendar uno de los errores más gruesos de estos 8 meses de administración. El aumento de las tarifas de los servicios públicos fue brutal, a tal punto que hasta los funcionarios se les ecapa cada tanto la palabra “tarifazo”. Sin embargo, ese incremento no se ha reflejado aún en su total magnitud en los niveles de aceptación del Presidente y del gobierno, en buena medida porque el episodio del ex secretario de Obras Públicas José López revoleando bolsos con millones de dólares hacia un Convento terminó por darle un bonus track en la paciencia de la población. Pero como decía una canción fundacional del rock nacional, todo tiene un final, todo termina.

Buena parte de la ciudadanía entiende, en un esfuerzo de raciocinio, que las tarifas subsidiadas eran una ficción que más temprano que tarde se iba a terminar, pero aumentos del 500% o más no se pueden asimilar sin apelar a una gradualidad inexistente, y encima con la sensación de que los costos no son compartidos porque los organismos de control no participaron ni participan de la conformación de los nuevos precios.

Los entes reguladores del gas ENARGAS; de la electricidad, ENRE; del agua y saneamiento, ERAS, y del transporte, CNRT, aparecen vinculados con los reclamos, pero no con la conformación de los precios que justifican esos planteos. No es que no quieran, al menos hay una presentación en ese sentido en el caso de la tarifa de los subterráneos, pero no están incluídos en la negociación previa.

A diferencia del gobierno anterior, que asimilaba al empresariado con una troupe de mal nacidos cartelizados para el mal, la administración de Macri ha dado muestras de que parte de la base de que el empresario siempre tiene la razón y si el proveedor de un servicio público dice que el valor es 10 no analiza como está conformado ese valor, si tal vez se puede cerrar en 8 o si se llega a esa instancia con un esquema de gradualidad. Es decir, de un extremo al otro.

En consecuencia, la sensación generalizada es que, como a lo largo de toda la historia argentina, el precio del ajuste se paga sólo en la ventanilla del usuario. Ese también es un patrón cultural que el gobierno debiera pretender cambiar, pero no alcanza con arengas, hacen falta ejemplos, decisiones y gestos que indiquen que hay cierta igualdad a la hora de repartir lo que sea, beneficios o costos.

En este mapa, el gobierno espera que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la cantidad de amparos que han puesto freno a los aumentos. Es decir, acepta de hecho la judicialización de una decisión administrativa que no fue consensuada debidamente. Eso también debe formar parte del cambio cultural que se proclama, no sólo andar abrigado dentro de la casa o apagar las luces que no se usan.

Un dato no menor a tener en cuenta por el gobierno es que el tarifazo impacta con más fuerza en su base electoral, que es la clase media. Frente a los reclamos se instrumentaron medidas para atenuar el impacto en las clases bajas, lo cual es correcto. La clase alta protesta pero naturalmente no ve comprometida su subsistencia y no va a cambiar su respaldo. En cambio la clase media, el profesional, el pequeño comerciante, siente con mucha más fuerza el peso del incremento y nadie va en su ayuda.

Si a esto se suman la necesidad de aumentar los transportes para terminar con el esquema de subsidios heredado, el problema crece. Este es un tema centrado en el área metropolitana. Basta escuchar los mensajes de oyentes del interior de algunas radios para notar que los porteños y los habitantes del GBA tienen desde hace años una situación privilegiada respecto de los que usan transportes en cualquier provincia. No obstante, aquí también pesa la necesidad de la gradualidad. Sólo hay que imaginar el efecto en el presupuesto de una familia tipo, con sus cuatro miembros usando transportes públicos para trabajar y/o estudiar.

Y hay que tener en cuenta que en el área metropolitana vive y transita casi la cuatra parte de la población del país.

Frente a esto la reacción de la política se refleja en el centenar de proyectos sobre tarifas que se acumulan en la Cámara de Diputados, que es un paquete que tal vez se comience a desatar esta semana. Incluso hay iniciativas para atenuar el tarifazo que presentaron el PRO y sus aliados. Esa montaña de iniciativas, mayoritariamente opositoras, es un gran problema cuando se tiene una bancada que en el mejor de los casos llega a 90 escaños.

Eso explica el almuerzo que compartieron el jueves pasado en la Casa Rosada el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Aesa mesa se acercó Macri para saludar al comensal invitado. Un gesto no menor, si se tiene en cuenta que las relaciones estaban virtualmente cortadas desde marzo, cuando el ex funcionario kirchnerista le complicó la vida al gobierno con su propuesta de ley antidespidos.

La necesidad tiene cara de hereje, decían las abuelas, y tenían razón. El oficialismo de Cambiemos (PRO más UCR) necesita como el agua de los 37 diputados que reúne la bancada massista para frenar o atenuar lo que resulte de los varios proyectos de ley para frenar el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

El encuentro tuvo algunas señales en acuerdos sobre proyectos de empleos, pero no arrojó resultados en el tema tarifas, que ese mismo jueves fueron el motor de una segunda convocatoria nacional a protestar en las calles con un “ruidazo”, como pretende rebautizar el kirchnerismo en retirada al viejo y conocido “cacerolazo”, que se es

trenó como neologismo a mediados de los ‘90 y tuvo un rol protagónico en el desastre institucional de 2001, pero que para ciertas lecturas se trata de una expresión de protesta burguesa que necesita ser maquillada.

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