Por Alejandro J. Lomuto

“Queremos apoyar a Puno, queremos que sea próspero. Francamente no me preocupa que haya un poquito de contrabando. ¿A quién le preocupa eso?” Quien dijo eso es el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Lo hizo ayer, dos meses después de haber ganado las elecciones en segunda vuelta con apenas 50,12% de los votos válidos y 11 días después de haber asumido el cargo con 70,4% de popularidad, según una encuesta difundida este fin de semana. La cita tiene suficientes méritos para pasar a la inmortalidad. Ya se verá cuánto tarda en volvérsele en contra al autor. También los presidentes son dueños de sus silencios y esclavos de sus palabras.

Por supuesto, no es Kuczynski la primera personalidad relevante que emite una declaración sorprendente, inesperada. Ni siquiera es una práctica exclusiva de estos tiempos, en los que la transgresión parece haberse convertido en un valor y la corrección política, en una conducta censurable. 

En la Argentina tenemos antecedentes de sobra. Y si bien el paradigma contemporáneo de extrema franqueza –o de impunidad verbal– es el sindicalista Luis Barrionuevo, aquel que en una noche de 1989, en el prime time de la televisión, dijo que “acá nadie hace la plata trabajando” y “debemos dejar de robar por dos años”, es justo reconocer que no fue el primero ni el último en dejar boquiabiertos a sus compatriotas.

Tal vez el pionero haya sido el sanjuanino Salvador María del Carril (1798-1883), quien en diciembre de 1828 recomendó en una carta al gobernador bonaerense unitario Juan Lavalle que ordenara el fusilamiento de su antecesor, el federal Manuel Dorrego.

Enterado de la ejecución y de la misiva con que el mandatario informó el hecho a su ministro José Miguel Díaz Vélez, en la que señaló que “la historia juzgará imparcialmente si el coronel Dorrego ha debido o no morir”, Del Carril volvió a asesorar por escrito a Lavalle: “Es conveniente recoja usted un acta del consejo verbal que debe haber precedido a la fusilación. Un instrumento de esta clase, redactado con destreza, será un documento histórico muy importante para su vida póstuma (…) Al objeto, y si para llegar siendo digno de un alma noble, es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se embrolla; y si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos”.

Del Carril había sido ministro de Hacienda del presidente Bernardino Rivadavia en 1826-27 y luego sería ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Lavalle –durante tres meses en 1829–, ministro del Interior del director provisional Justo José de Urquiza tras las elecciones de noviembre de 1853 y vicepresidente del ya mandatario constitucional Urquiza en 1854-60.

Quien se ponga a estudiar a fondo la gestión presidencial (1886-90) de Miguel Juárez Celman (1844-1909) probablemente se sorprenda por las abundantes similitudes que encontrará con la reciente década de los ’90 en materia de límites difusos entre negocios públicos y privados. En ese clima, el 5 de julio de 1889 se debatía en la Cámara de Diputados la autorización para la compra –con abultado sobreprecio, según sospechaba la prensa de la época– del terreno donde luego se erigió la sede definitiva del Congreso de la Nación.

Ante las denuncias de algunos legisladores, el presidente del cuerpo, el general y escritor Lucio Victorio Mansilla (1831-1904), afirmó: “No hay en esta Cámara un solo hombre que no tenga algún negocio. Porque si algún diputado tuviera que vivir con los 700 pesos por mes que se nos paga, se moriría de hambre (…) Es que todos los días la ciencia y el arte inventan algo que nos hace entender que es necesario tener dinero para vivir agradablemente, que al fin y al cabo es lo que todos perseguimos.” Cuando el diputado Pedro Goyena le respondió advirtiendo la diferencia entre negocios lícitos e ilícitos, el autor de Una excursión a los indios ranqueles replicó: “Yo con los negocios honestos siempre pierdo plata”. Según el historiador Israel Lotersztain, Mansilla agregaría días después que “el patriotismo es una cosa y el bolsillo, otra”.

En 1891 el presidente Carlos Pellegrini debió rescindir la escandalosa concesión que tres años antes su antecesor, Juárez Celman, había otorgado por 45 años a la empresa inglesa The Buenos Aires Supply and Drainage Co., subsidiaria del grupo financiero Baring Brothers, para que brindara el servicio de aguas corrientes en la ciudad de Buenos Aires.

El caso fue seguido con especial interés por The South American Journal, un periódico británico especializado en inversiones en esta región y muy influyente entonces, que llegó a preguntarse si “las 322.000 libras esterlinas pagadas a Mr. Celman y Mr. Wilde [Eduardo Faustino, ministro del Interior de Juárez] podrían ser recuperadas”. Se refería, obviamente, a un presunto soborno para aceitar la concesión. El expresidente envió cartas a la publicación, en las que advirtió que demandaría a sus responsables pero no decía que ese pago ilegal no se hubiera producido sino, simplemente, que “el soborno es siempre indemostrable, pues requeriría para comprobarlo el testimonio de quien pagó, quien a su vez con ello se autoincriminaría”. 

Bastante más acá en el tiempo, Vicente Leonides Saadi (1913-1988) fue un político destacado durante más de cuatro décadas, desde su temprano paso en falso en la primera presidencia de Perón –cuando en pocos meses pasó de ser operador de confianza a uno de los tantos presos políticos del régimen– hasta su estratégico puesto de presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado en 1983-87.

Habilísimo negociador, fue interlocutor constante del peronismo ante gobiernos de otras orientaciones, incluido el régimen de facto que entre 1966 y 1970 encabezó el general Juan Carlos Onganía. Roberto Roth, subsecretario Legal y Técnico –y uno de los principales colaboradores del presidente– de esa administración, afirmó en sus memorias sobre ese período, publicadas en 1980, que “a menudo almorzaba” con Saadi. “Sus definiciones sobre nuestro gobierno –agregó– eran memorables. Me ha quedado una: ‘Nosotros hacíamos negociados; ustedes hacen leyes’”.

Otro personaje influyente de su época fue el empresario José Ber Gelbard (1917-1977), quien a principios de los ’70 era propietario de Aluar, única fábrica argentina de aluminio, que era cuestionada por las facilidades que había recibido, para ponerse en marcha, del gobierno de facto del general Alejandro Lanusse.

El periodista Alberto Dearriba relata en su libro El golpe que, a poco de haber asumido como ministro de Economía del presidente Héctor Cámpora, Gelbard fue a almorzar con el director y dos periodistas del diario El Cronista Comercial. Consultado sobre si era cierto que la planta de Aluar “había sido construida sobre terrenos prácticamente cedidos por el fisco y si recibía energía subsidiada”, el funcionario respondió: “Todo lo que dicen es verdad. Pero, ¿sabés por qué lo dicen? Porque esos incentivos siempre se los dieron a ellos. Y esta vez se lo dieron a este ruso de mierda.” [En la Argentina se llama vulgarmente rusos a los judíos].

Y es una pena que la televisión, que casi todo repite hasta el hartazgo, no haya registrado lo que sí consignó el diario La Nación el 14/3/2003. En una conferencia que ofreció en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, alguien tan poco afecto a la autocrítica como Domingo Cavallo se animó a reconocer: “Por supuesto que me incluyo entre los políticos que destruimos la Argentina”.

Anuncios