Por Alejandro J. Lomuto

América latina atraviesa un proceso de cambio. Por un lado, van agotándose los regímenes populistas que predominaron en varios de sus países en los últimos 15 años, caracterizados por el discurso centroizquierdista y la vocación por la integración regional, aun cuando ésta tuvo más consecuencias políticas que prácticas. Por otro, se han reducido drásticamente las fuentes de ingresos, a raíz de la caída de los precios internacionales de las materias primas. Esos elementos marcan una tendencia sobre la cual hay bastante certeza. Pero junto a ellos conviven otros factores, tal vez demasiados, que generan incertidumbre sobre el eventual resultado de ese tránsito.

La Argentina, el primer país de la región en institucionalizar el cambio de régimen político, tiene un gobierno que afronta el dilema de ser ‒y parecer‒ fuerte sin ser autoritario. Resolverlo o no determinará su éxito o su fracaso en un contexto en el que carece de mayorías parlamentarias, debe normalizar una economía terriblemente distorsionada mediante un ajuste que aunque lo determinó gradual es de todos modos duro, y en medio de una cultura mucho más predispuesta a los liderazgos mesiánicos y los discursos halagadores que a los esfuerzos y la responsabilidad propios del republicanismo.

En Brasil, el ajuste económico volvió evidente una corrupción gigantesca que estaba a la vista pero la sociedad fingía no ver, o no le molestaba. Cuando el destape arrasó con la antigua alianza entre el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Dilma Rousseff y el más numeroso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y amenazó con llevarse puesta a toda la clase política, el PMDB se apresuró a impulsar el juicio político a la presidenta. Pero pronto se supo que no lo hacía por altruismo sino como excusa para ocultar sus propios crímenes y lo que parecía una destitución cantada tiene ahora pronóstico incierto. Falta alrededor de un mes para saber el final de esa historia. En el ínterin, los Juegos Olímpicos a punto de comenzar ya se han convertido en una molestia y una fuente de temor. Lo único seguro es que cuando termine el impeachment, sea destituida o absuelta Dilma, el ajuste seguirá y el PT ya no será sinónimo de exuberante inclusión social.

Colombia se encamina a la firma del histórico acuerdo de paz con las FARC. No parece que eso esté en peligro, sobre todo porque su frustración sería una pesadilla ilevantable para los líderes de las dos partes. Será un hecho de extraordinario valor simbólico y pondrá al país en una dimensión de la que careció en las últimas siete décadas. Pero también será el comienzo de una transformación tremendamente compleja y ardua. Habrá miles de guerrilleros desmovilizados que deberán atravesar un duro proceso de reculturización para aspirar a sentirse productivos y felices en la paz civil. Y habrá miles de personas que sentirán que las heridas que les causó la guerrilla, como dice el tanto, “no cierran y sangran todavía”. El acuerdo de paz es un documento que se firmará en un momento. La paz de verdad es, como cantaban The Beatles, “un camino largo y sinuoso”.

Cuba empezó a cambiar hace 10 años, cuando Fidel Castro dejó el gobierno en manos de su hermano Raúl. Fue la oportunidad perfecta para buscarle una salida indolora a la dictadura más longeva, que hasta entonces parecía no tenerla. Empezó el camino de las reformas, que fueron implementándose de a poco, sin que resultaran traumáticas para los cubanos ni para el régimen. El descongelamiento de la relación con Estados Unidos comenzó a vigorizar el proceso. Aunque la democracia no haya llegado todavía a la isla y tal vez demore algún tiempo en hacerlo, la apertura hacia el siglo XXI es irreversible. No obstante, es una incógnita si algunos factores que ocurrirán más temprano que tarde ‒la desaparición física de Fidel, el retiro del gobierno de Raúl y el resultado de las elecciones de noviembre en Estados Unidos‒ contribuirán a acelerar o a retardar ese camino.

México, con la vuelta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno en 2012, buscó despertar de su letargo con tres grandes reformas estructurales ‒la fiscal, la energética y la educativa‒ y con el cambio de enfoque de su política de combate al crimen organizado, que pese a su extrema dureza había fracasado notoriamente durante el sexenio anterior. Sin embargo, más allá de algunos resonantes éxitos en el descabezamiento de varias bandas criminales, la administración de Enrique Peña Nieto no logró modificar sustantivamente el escenario de violencia. Y tampoco consiguió consenso sobre la reforma educativa, que hoy, más de dos años después de puesta en práctica, es firmemente resistida, sobre todo por los maestros del sur del país. Paralelamente, su vecindad con Estados Unidos lo tornó centro inevitable del tráfico ilegal de personas, uno de los problemas que más ha afectado transversalmente a la región en los últimos años y que ni el muro propuesto por Donald Trump parece capaz de solucionar.

Perú es uno de los modelos de crecimiento económico y, aunque no tan proporcionalmente, de inclusión social en los últimos 15 años. No obstante, aún tiene muchas deudas pendientes. Acaba de asumir su gobierno Pedro Pablo Kuczynski, dueño de una formación intelectual y una experiencia en gestión inusuales en esta época, pero de 77 años de edad, un débil partido propio que apenas es la tercera fuerza parlamentaria y un Congreso en manos de una agrupación ‒la fujimorista‒ que está muy resentida con él. Al asumir ratificó su promesa de campaña de llevar adelante una “revolución social” pero también advirtió que para cumplirla será necesario reactivar el modelo extractivista, fuertemente cuestionado en los últimos años por motivos ambientales. Como le dijo este fin de semana al diario madrileño El País, que le preguntó si “parafraseando al Zavalita de Vargas Llosa [en la novela Conversación en La Catedral] el Perú va a empezar a dejar de estar jodido”, “hay que desjoder al Perú y eso cuesta plata”.

Venezuela ofrece, como las dos caras de una moneda, la mayor certeza y la mayor incertidumbre. La certeza es el próximo fin del chavismo, perpetrador del mayor desastre social, económico y humanitario de los últimos tiempos. La incertidumbre es si su salida será pacífica o requerirá un baño de sangre. Los próximos cinco meses son todavía bastantes para evitarlo, pero, de todos modos, pasarán muy rápido.

Mientras tanto, el Mercosur representa otro problema transversal, al menos para una parte de la región. Parte que incluye a dos de las tres mayores potencias económicas de la zona, Brasil y la Argentina. Uruguay sigue sin ponerse de acuerdo con los otros tres fundadores acerca de si Venezuela debe asumir la presidencia temporal que en teoría le corresponde. La Argentina, Brasil y Paraguay ya han dicho, en diferentes términos y con distintos tonos, que rechazan esa posibilidad. Tal vez en este momento ese proceso no pueda desvincularse de la suerte interna de Venezuela. Como sea, también el futuro del Mercosur ‒nunca del todo eficiente, desde hace años cada vez más ineficiente‒ representa una incertidumbre.

 

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