Por Aníbal Gutiérrez

No es novedad que en la mayoría de los países latinoamericanos vivimos inmersos en una crisis de seguridad que pone en riesgo el desarrollo de nuestras sociedades en democracia, lo que no tenemos del todo claro es si existen formas de hacerle frente y combatirla con éxito.

La experiencia demuestra que toda acción que se lleve adelante para impulsar una política pública debe contar con la participación activa y decidida de la ciudadanía, la que debe ser corresponsable, junto a las autoridades democráticamente electas, de planificar y ejecutar las acciones necesarias para obtener resultados sostenibles en el tiempo.

En la mayoría de los centros urbanos en los que ha crecido la violencia, el Estado perdió el control de los espacios públicos. La delincuencia común y el crimen organizado encontraron en ellos el lugar ideal para cometer ilícitos. Desde jóvenes que obligan a pagar por un espacio para estacionar un vehículo, hasta estructuras criminales que cobran a comerciantes un “impuesto” para poder ejercer su labor, vemos cómo se ha ido imponiendo la ley del más fuerte.

A esto debemos sumar la desintegración comunitaria, la desconfianza ciudadana hacia las autoridades, el incremento en el consumo de drogas ilícitas y de alcohol, el aumento de la violencia intrafamiliar y hacia la mujer, y la ausencia de valores ciudadanos.

La realidad descripta puede ser aplicable a cualquier ciudad, región o Estado de nuestros países, y la necesidad de afrontar el problema combinando estrategias de persecución y castigo con otras de prevención orientadas a evitar las causas que lo originan es cada vez más acuciante.

En esta realidad, encontramos un programa que vale la pena conocer y analizar en profundidad. Se trata del Plan de seguridad del Estado de Nuevo León, México, conocido como Alianza por la Seguridad.

Durante los años 2010 y 2011 el Estado de Nuevo León, ubicado al noreste de México y uno de las más ricas entidades federativas que componen ese país, vivía una de sus mayores crisis de inseguridad en gran parte por el accionar extremadamente violento del crimen organizado.

Así, las autoridades con una muy activa participación de la ciudadanía, deciden implementar un programa que tiene entre sus principales ejes la coordinación entre las fuerzas de seguridad, la profesionalización de la policía y la creación de una Fuerza Civil.

La coordinación entre las fuerzas municipales, las estatales y las federales fue uno de los principales ejes y se ve reflejada en un Centro único de control y comunicaciones que recibe diariamente más de 30.000 llamadas de la ciudadanía.

El siguiente paso fue depurar las fuerzas policiales de efectivos que no fueran aptos para ejercer la función de defender a la población mediante pruebas de confianza y médicas. Como resultado de estas pruebas 19 municipios del Estado, que cuenta con más de cuatro millones de habitantes, se quedaron sin un solo policía.

La situación llevó a la creación de una nueva fuerza. A pesar de la crisis de seguridad se decidió sacar de la calle a los efectivos que no habían pasado las pruebas de confianza y encarar la creación de una fuerza que estuviera integrada por “profesionales” de la seguridad.

Los policías son formados un la Universidad de Ciencias de la Seguridad que reemplazó a la antigua academia policial, el readiestramiento es obligatorio cada dos años, existe un plan de estímulos y recompensas para los buenos agentes y tolerancia cero a las infracciones al reglamento.

Los números parecen indicar que están en el camino correcto. El índice de homicidios disminuyó en los últimos años un 75%, como así también lo hicieron los de secuestro y robo de vehículos.

El especialista en seguridad Joaquin Villalobos dijo esta semana en una conferencia que compartimos en Buenos Aires: el efectivo policial debe ser un ciudadano cuya misión principal sea formar ciudadanía.

El ejemplo de Nuevo León parece ir en esa dirección.

Anuncios