Por Alejandro J. Lomuto

Desde hace varias semanas hay a la vista un conjunto de gestiones paralelas con un mismo objetivo: instalar un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela para buscar una salida urgente a la extraordinaria crisis que vive el país. En apariencia, eso es lo que procuran el gobierno de Estados Unidos, la OEA y la Unasur, en este caso a través de tres expresidentes iberoamericanos. Sin embargo, ese diálogo es poco menos que improbable y cuesta creer que sus aparentes promotores lo ignoren. En consecuencia, parece lógico suponer que detrás de las declaraciones de circunstancia hay una agenda oculta. Razonablemente oculta.

Al reloj de la situación le quedan seis meses. Si Nicolás Maduro deja el gobierno antes del 10 de enero, habrá que llamar inmediatamente a elecciones. Pero si se va después, el chavismo quedará en el gobierno hasta 2019. Seis meses parecen muy poco para construir confianza y obtener consensos entre dos sectores que vienen tratándose como enemigos irreconciliables desde hace más de 15 años. Y que, además, son, ambos, conglomerados muy heterogéneos a los cuales cada vez más les cuesta alcanzar acuerdos internos. 

En ese contexto, el negocio del chavismo es ganar tiempo. Aun cuando no logre resolver la devastadora crisis económica y social ‒y no lo logrará si insiste con la misma fórmula de siempre‒, tal vez pueda desgastar a la oposición y soñar de ese modo con una salida del poder menos traumática para sus dirigentes.

A la vez, la oposición no está dispuesta a sentarse a dialogar con el gobierno mientras éste siga saboteando la posibilidad de que el referendo revocatorio del mandato de Maduro se realice antes del 10 de enero, neutralizando su mayoría parlamentaria mediante el Tribunal Supremo de Justicia y manteniendo presos a 96 opositores y con medidas restrictivas de libertad a otros 1.998 (según datos de la ONG Foro Penal Venezolano).

Cuesta creer que desconozcan esa situación el Departamento de Estado norteamericano, la mayoría de los países miembros de la OEA ‒que prefirieron darle una oportunidad a las negociaciones antes de acelerar la activación de la Carta Democrática Interamericana‒ y los expresidentes Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos.

Hace dos semanas, el exdiputado y exalcalde chavista Juan Barreto afirmó que a Maduro “le han recomendado algunos que renuncie para que no se mida, porque si se mide podría perder hipotéticamente el revocatorio y, de perderlo con 70, 75 u 80 por ciento, podría sepultar al chavismo”. 

“Tengo entendido que el presidente Maduro no está de acuerdo con eso, él no ha dicho sí o no a esa propuesta, la están estudiando, se está barajando, pero por ahí van los tiros”, agregó Barreto, entrevistado por el exembajador chavista Vladimir Villegas en Unión Radio, una de las emisoras más escuchadas de Caracas.

La declaración de Barreto mereció esa misma noche apenas una desmentida del número dos del chavismo, capitán Diosdado Cabello.

Es altamente probable que Maduro no pueda responder por sí mismo. El presidente no es el líder del chavismo. Su poder radica en que es el sucesor elegido por Hugo Chávez, lo que no es poco pero tampoco es suficiente. Por lo tanto, si hay una negociación en curso para que Maduro deje el gobierno ‒y acaso para que lo haga antes del 10 de enero, lo que probablemente signifique el fin del chavismo en el poder‒, los interlocutores deben ser varios y no será fácil que lleguen a un acuerdo.

¿Cuál puede ser la prenda de negociación capaz de convencer a los líderes de los diversos sectores del chavismo de retirarse del gobierno? No lo dijo Barreto. Pero no parece descabellado suponer que tal vez se trate de cierta inmunidad para algunos de ellos. Maduro tiene dos sobrinos políticos presos y procesados en Estados Unidos, acusados de narcotráfico. Washington nunca confirmó ‒pero tampoco desmintió‒ que esté investigando a Cabello por el mismo delito. Se sospecha también que hay muchos militares y civiles chavistas involucrados en el Cartel de los Soles y otras organizaciones narcotraficantes, y que funcionarios, en connivencia con empresarios amigos y mediante empresas de maletín (fantasmas), sacaron de Venezuela entre 60.000 y 300.000 millones de dólares. Todo eso, sin contar las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.

De hecho, el siempre bien informado periodista venezolano Nelson Bocaranda reprodujo este domingo en su cuenta de Facebook, pero no en su sitio web Runrunes, un video que el colombiano Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, publicó el 22 de junio en su canal de Youtube Popeye Arrepentido. Allí, el antiguo sicario de Pablo Escobar Gaviria, que salió de la cárcel en 2014 y colabora con la Policía, asegura que Cabello está negociando su salida de Venezuela y fue él quien entregó a los sobrinos de la esposa de Maduro durante la reunión que en junio de 2015 mantuvo en Haití con el consejero del Departamento de Estado norteamericano Thomas Shannon como parte de un acuerdo para dar información a cambio de una eventual reducción de pena. Los sobrinos fueron capturados por la DEA en noviembre, precisamente en Haití. Ahora subsecretario de Asuntos Politicos del Departamento de Estado, Shannon se reunió hace dos semanas en Caracas con Maduro ‒y con algunos líderes opositores‒, enviado por Barack Obama.

Al reloj le quedan seis meses y no es prudente descartar que si ese tiempo se acaba sin una solución pueda haber un estallido social de magnitud colosal. Incluso las encuestadoras afines al chavismo reconocen que más de 60 por ciento de los venezolanos ‒para la más prestigiosa Datanálisis, más de 80 por ciento‒ tiene una opinión negativa del gobierno, lo responsabiliza por la inflación y el desabastecimiento, y pide el revocatorio. No solo los pobres reemplazaron los suculentos desayunos habituales por una fruta que toman de plantas caseras o callejeras, y mueren en los hospitales por falta de medicamentos e insumos. 

La situación exige una solución urgente y generosa. La historia enseña que a veces, para poder construir un futuro mejor, es necesario, o al menos preferible, hacer ciertas concesiones al pasado. Ahora mismo, sin ir más lejos, están haciéndolo Cuba y Estados Unidos, por un lado, y el gobierno de Colombia y las FARC, por otro. Acaso facilitarles una salida a algunos jerarcas del chavismo no sea el mejor homenaje a la justicia y a la igualdad ante la ley, pero permita que la inmensa mayoría de los venezolanos deje de subsistir y vuelva a vivir.

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