Por Aníbal Gutiérrez

Hace pocos días, asistimos a la inédita imagen de una audiencia en un estrado judicial en Ciudad de Guatemala en la que se encontraban como imputados aquellos que detentaban el poder en ese país durante el período 2011/2015. Casi parecía una reunión de gabinete ministerial ampliado. Algo similar se pudo haber visto en Brasil en los últimos meses, y en Argentina vamos en el mismo camino después de enterarnos que un alto funcionario del gobierno anterior fue sorprendido queriendo “guardar” en un monasterio católico casi nueve millones de dólares, entre otros valores.

Entre corrupción y delincuencia organizada existen relaciones profundas, estables y permanentes. Es imposible la formación de estructuras de crimen organizado sin la existencia de altos niveles de corrupción pública.

En Latinoamérica vivimos este fenómeno desde hace décadas. Los carteles de la droga en Colombia, sus similares en México, las familias vinculadas al narcotráfico en Guatemala, El Salvador y Honduras, los escandalosos niveles de corrupción y el sostenido aumento de la violencia urbana en ciudades de Brasil y Argentina, son una acabada muestra de ello.

Desde hace años existen estudios académicos, los pioneros fueron los del colombiano Luis Garay Salamanca, que muestran cómo esta relación perversa entre crimen organizado y Estado resulta uno de los principales peligros para la democracia.

La primer etapa de la corrupción sistémica es la captura del Estado, y es cuando mediante sobornos, coerción y violencia las estructuras crimínales consiguen las decisiones estatales necesarias para el ejercicio de su actividad.

Una segunda etapa más avanzada se da cuando la criminalidad organizada se instala en el Estado (lo coopta) y finaliza cuando, una vez dentro del Estado, comienza a modificar las instituciones públicas para que estas actúen a su favor, es decir lo reconfigura..

Esas redes crimínales son estructuras complejas, cada vez más horizontales y que integran actores legales e ilegales que actúan tanto a nivel local (municipal) como nacional.

En los últimos años han diversificado su accionar, y del contrabando y el narcotráfico (tal vez los primeros negocios a los que se dedicaron) pasaron al secuestro, la extorsión y el tráfico de armas y personas.

Para existir y desarrollarse estas redes criminales necesitan de la complicidad del Estado, y también del sector privado. Si no se dieran ambas resultaría imposible ingresar al círculo de la legalidad el dinero que las estructuras de crimen organizado generan como producto de sus actividades criminales.

Existe una zona gris, opaca, en la que instituciones de seguridad, políticos, funcionarios corruptos, legisladores, fiscales, jueces y empresarios, encuentran un punto en común con esas estructuras criminales. De esa zona, que a simple vista no se ve, salen las decisiones, los permisos, las licitaciones amañadas, las causas judiciales que no avanzan (y las que aparentemente avanzan solo para desviar la atención de lo importante), y una incalculable cantidad de dinero que se “lava” o se “ensucia” según la necesidad de aquellos que lo consideran propio.

En mayor o menor medida, la mayoría de los países de nuestra región se encuentra en alguna de las tres etapas a las que hicimos referencia más arriba: Estado capturado, Estado cooptado o Estado reconfigurado.

El problema no es uno solo, ni se resuelve con unas pocas medidas. El problema es el sistema, y mientras más rápido lo asumamos más cerca estaremos de la solución.

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