Por Alejandro J. Lomuto

Venezuela está inmersa en una crisis política, económica, social e institucional sin precedente, y con la sensación cada vez más palpable de que el estallido está a la vuelta de la esquina. Pero esa crisis no es nueva. Vinieron cocinándola lentamente un gobierno autocrático, incompetente y corrupto; una oposición impaciente, caprichosa y carente de visión estratégica, y un contexto regional que durante muchos años dio la espalda a la degradación constante de la democracia y la república en la tierra de Bolívar. Algo ha cambiado recientemente en este último aspecto y es bienvenido. Lo que no está claro es si ese cambio llega a tiempo o ya es tarde.

Con la Venezuela de Chávez y Maduro sucedió lo mismo que con la Cuba de los Castro: su discurso fascinó de tal modo a cierto pseudoprogresismo anacrónico en la región que creó una especie de corrección política tácita ‒en realidad, doble moral‒ que ordena ignorar o, peor, justificar las abundantes violaciones de las libertades individuales y los derechos humanos perpetradas por esos regímenes que, paralelamente, destruyeron la economía de sus países y la calidad de vida de sus habitantes.

Lo curioso es que esa fascinación no se agotó en los grupos políticos o en los gobiernos populistas o de centroizquierda, sino que alcanzó también a gobiernos y sectores de opinión democráticos, liberales, republicanos y hasta de centroderecha. Y abarcó, además, a organismos internacionales, incluso aquellos dotados de instrumentos destinados a velar por la integridad democrática de sus miembros.

La degradación de la democracia y la república en Venezuela comenzó hace mucho, prácticamente con el inicio del gobierno de Chávez. A esa degradación, y a la fortaleza creciente del chavismo, contribuyó la misma clase media que había entronizado al teniente coronel y le firmó el cheque en blanco de la reforma constitucional pero pronto se cansó de él y, sin rumbo ni visión estratégica, primero intentó derrocarlo con el impresentable golpe de estado de abril de 2002 y luego pretendió deslegitimarlo con la abstención electoral en las elecciones parlamentarias de 2005.

Ya entonces había comenzado a desbarrancarse la economía, tan dependiente de la producción y la exportación de petróleo como de la importación de bienes de consumo cotidiano. El férreo control cambiario dispuesto por Chávez a comienzos de 2003 permitió una multimillonaria evasión de divisas al exterior por parte de una nueva burguesía de funcionarios y empresarios amigos del régimen. Cada vez hubo menos divisas disponibles para importar bienes de consumo o insumos para la escasa producción local, y así fue creciendo el desabastecimiento de prácticamente todo.

El fenómeno que la prensa local empezó a amplificar en 2013, inmediatamente después de la muerte de Chávez, ya existía mucho antes, tal como lo documentó el historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze en su libro El poder y el delirio, escrito en 2007. Y tampoco en ese momento era nuevo: en un caso sin precedente en el mundo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Banco Central de Venezuela (BCV) elabora desde 2003 un Índice de Escasez (cuyos resultados dejó de publicar en 2014).

A partir de 2006, la oposición comprendió que solo sería posible derrotar al chavismo si se unía y respetaba los tiempos y las formalidades constitucionales. Pero en 2013 Chávez murió y se llevó con él el factor de aglutinación tanto del chavismo como de la oposición. Desde entonces, los dos sectores fueron presas de inocultables desacuerdos entre sus múltiples sectores.

En el caso del gobierno, paralizó toda iniciativa de acuerdo con los adversarios políticos y el sector privado productivo. La incoherencia en las políticas y en la gestión, sumada a la caída del precio del petróleo, terminó de destrozar la economía. Y las divergencias internas dejaron al descubierto la incompetencia y la corrupción. Acaso más impulsado por los grupos más duros del oficialismo que por su propia voluntad, Maduro aumentó el desconocimiento y la represión de la oposición, y se dedicó a patear los problemas hacia adelante.

Lejos de aprovechar la situación, la oposición sufrió un problema similar, acentuado por la presencia de varios liderazgos personales competitivos pero ninguno suficientemente predominante. La unidad estuvo a punto de romperse en 2014, luego de las protestas cotidianas durante cuatro meses que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, y también este año, cuando por falta de acuerdo se resolvió intentar la remoción constitucional de Maduro por tres vías diferentes.

Hasta ahora, la región, en general, había mirado para otro lado. No hubo reacción cada vez que el gobierno frustró alguna iniciativa de diálogo con la oposición. Apenas debe reconocérsele a un grupo de amigos del chavismo ‒encabezado por el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper‒ que haya convencido a Maduro de realizar las elecciones parlamentarias de diciembre pasado, que tanto demoró en convocar.

Ahora, por fin, América latina ‒varios de sus países y sus organismos regionales‒ parecen haberse decidido a mirar críticamente la situación de Venezuela y a ponerle límites al chavismo: el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó la Carta Democrática Interamericana; Samper y otros tres expresidentes extranjeros volvieron a propiciar un diálogo entre el gobierno y la oposición; los cancilleres de la Argentina, Chile, Uruguay y Brasil criticaron la semana pasada la agresión a opositores, y al día siguiente los tres primeros presionaron sutilmente por la realización del referendo revocatorio, y los presidentes de Paraguay y la Argentina recibieron ayer a Henrique Capriles, quien hoy estará en Brasil.

Mientras tanto, el gobierno sigue poniéndole trabas a la voluntad popular ‒ayer, el Tribunal Supremo de Justicia que controla volvió a declarar inconstitucional una ley sancionada por el parlamento con mayoría opositora‒ y a la posibilidad de realizar este año el referendo revocatorio, crucial para la posibilidad de que el chavismo deje el gobierno antes de 2019. Además, rechazó el plan económico sugerido por la Unasur.

Queda por verse si la región será capaz de responder con dureza al endurecimiento del gobierno venezolano, y si su reciente reacción llega a tiempo para contribuir a evitar un estallido que cada día parece menos improbable.

 

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