Por Alejandro J. Lomuto

Los años ’80 del siglo pasado trajeron dos novedades significativas a la vida de América latina: la revalorización de la democracia como sistema de gobierno y la incorporación de los derechos humanos a la agenda de prioridades de las sociedades y los estados. Tres décadas después hay motivos para afirmar que ambos asuntos están en retroceso, aun cuando en ciertos discursos parecen más vigorosos que nunca. La situación en Venezuela y la falta de recursos denunciada la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son los casos más extremos y alarmantes pero no los únicos.

No siempre es fácil registrar procesos de degradación mientras transcurren, sobre todo si no lo hacen bruscamente. Sin embargo, Rodolfo Terragno, uno de los pensadores políticos más lúcidos de la Argentina, ya lo advertía en los últimos días de 1999, cuando Hugo Chávez llevaba menos de un año en el gobierno de Venezuela y la única sombra visible sobre el auge de la democracia era el régimen de Alberto Fujimori en Perú. “La Alianza es una nueva oportunidad, creo que la última; si la Alianza defrauda, el riesgo de que surja una democracia inorgánica es grande; en América latina los fenómenos se repiten por contagio y no me parece que sea un dato a despreciar la evolución que tuvieron Perú y Venezuela”, me dijo pocos días después de haber asumido como jefe de Gabinete del gobierno de la Alianza encabezado por el presidente Fernando de la Rúa.

Perú zafó pronto, pero el fenómeno de la democracia inorgánica fue creciendo y se repitió por contagio en varios países de la región, tal como temía Terragno. Aunque fue preservado en lo formal ‒excepto en Venezuela en 2002 y, a medias, en Honduras en 2009‒, el sistema democrático fue vaciándose de buena parte de la legitimidad que requiere, en distintos grados según cada experiencia.

Hubo casos, como los de la Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, en que la responsabilidad principal fue de gobiernos que pusieron el acento discursivo en la legitimidad de origen cuando elecciones y referendos les fueron favorables, y olvidaron la legitimidad de ejercicio manipulando a voluntad la ley y la justicia ‒y los aparatos de espionaje y propaganda‒ con la complicidad de legisladores, fiscales y jueces comprados con dineros públicos o sometidos por temor. Conviene repasar al respecto lo que el historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze escribió hace tres años: “Desde los griegos hasta nuestro tiempo, las democracias se pierden por dos vías sucesivas: la demagogia y la fuerza. Los latinoamericanos tenemos muy presente cómo operan los golpes de estado, pero entendemos menos el efecto disolutivo que tiene la corrupción de la palabra (la mentira, la propaganda, el discurso del odio, la demagogia) en la vida ciudadana. En muchos casos, el poder de la palabra es más letal que el de las armas. La demagogia mató a la democracia en las ciudades griegas y preparó el derrumbe de la República de Weimar.”

En otros casos, como la misma Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y Brasil en la actualidad, el mayor artífice de la degradación de la democracia es una oposición ávida de poder que encuentra la complicidad involuntaria de un gobierno débil o debilitado.

Si el estado de la democracia es preocupante, el de la defensa y la garantía de los derechos humanos es desolador.

La CIDH informó la semana pasada que sufre una “crisis financiera extrema” y si no recibe fondos antes del 15 de junio deberá cancelar todas las visitas a países y audiencias programadas para el resto del año, y despedir a 40 por ciento de las 78 personas que trabajan actualmente allí. 

Junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la CIDH conforma el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que funciona de manera autónoma en la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es la máxima instancia formal que los habitantes de la región tienen para vigilar que sus estados nacionales protejan adecuadamente sus derechos. Que la CIDH carezca de los fondos necesarios para funcionar solo puede significar inequívocamente una sola cosa: que los gobiernos están interesados en que no funcione.

Igual que la OEA, la CIDH tiene una historia jalonada de polémicas y de críticas. La cercanía geográfica ‒ambas tienen sus sedes en Washington; no así la Corte IDH, que está radicada en San José, Costa Rica‒ y a menudo política con la Casa Blanca y el Departamento de Estado las han llevado a moverse al compás de la relación inevitable pero casi siempre mal avenida y plagada de desconfianza entre Estados Unidos y América latina. No obstante, es justo no olvidar que ambos organismos desempeñaron un papel fundamental ‒junto al gobierno estadounidense de James Carter‒ frente a las dictaduras militares de los ’70 en la región, las más feroces en materia de violación sistemática de derechos humanos desde los estados. Además de haber salvado vidas, contribuyeron al socavamiento de la imagen internacional de esos regímenes y, de ese modo, a preparar el cambio de época que se abrió en los ’80.

Si la democracia y la defensa de los derechos humanos se han degradado en la región, el ejemplo más patente de ambos fenómenos es Venezuela, donde el gobierno ataca sistemáticamente a la oposición: le prohíbe manifestarse en ciertos lugares, la reprime cuando protesta, la atemoriza con el uso constante de las fuerzas armadas en asuntos inernos, mantiene encarcelados a 96 opositores (según datos recientes de la ONG Foro Penal Venezolano) y procesados o imputados a más de otro centenar, neutraliza su mayoría parlamentaria con el control que ejerce sobre los otros poderes públicos, impide con recursos ilegales la realización a tiempo de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro y se niega a dialogar con ella, por más que finge que está dispuesto. Mientras tanto, empobrece a la población y la obliga a sacrificios cotidianos para conseguir alimentos y medicinas cada vez más escasos.

La contracara de esa situación es la tibieza o, directamente, la ausencia de reacción de los países de la región ante los inocultables padecimientos de una sociedad que fue de las más generosas para hospedar a latinoamericanos perseguidos por los terrorismos ‒por todos, no solamente por los estatales‒ de los ’70. Las mismas naciones que reaccionaron sin demora y activaron la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos regionales para sancionar el golpe contra Hugo Chávez en 2002 y las cuestionables destituciones de Manuel Zelaya en 2009 y Fernando Lugo en 2012 exhiben una tolerancia ilimitada que día a día degrada la democracia y viola derechos humanos de una forma demasiado visible para que no sea advertida.

(*) En septiembre de 1979, una delegación de la CIDH visitó la Argentina y produjo un informe demoledor sobre la violación sistemática de derechos humanos que tenía lugar en el país. El gobierno militar que encabezaba el general Jorge Rafael Videla recibió a los visitantes con una profusa campaña de propaganda cuyo eslogan era: “Los argentinos somos derechos y humanos”.

Anuncios