Por Aníbal Gutiérrez

La corrupción es un problema endémico en Latinoamérica. Sociedades con altísimos niveles de desigualdad e instituciones públicas básicas y rudimentarias han tolerado a políticos “que roban pero hacen”. Pero la paciencia parece haber llegado a su fin.

A principios de año más de medio millón de mexicanos firmaron una petición para que el Congreso discutiera un proyecto presentado por grupos de la sociedad civil. El proyecto es conocido como Ley 3 de 3 porque establece la obligación de que los funcionarios y servidores públicos presenten tres declaraciones: la patrimonial, la de impuestos y la de intereses.

Pero no es esta la única manifestación ciudadana contra la corrupción. Durante meses millones de brasileños tomaron las calles en distintas ciudades de ese país en protesta por las revelaciones que a diario aparecían vinculando a políticos de distintos partidos con oscuros manejos de fondos públicos.

En Chile, uno de los países con mejores índices de probidad de la región, escándalos de corrupción aparecidos a partir del caso Penta han generado propuestas legislativas para regular el financiamiento de los partidos políticos y su relación con el sector privado.

En Guatemala, la movilización ciudadana permanente a partir del resultado de las investigaciones desarrolladas por una Comisión internacional existente al amparo de la ONU, provocó la renuncia y posterior encarcelamiento del Presiente y la Vicepresidenta de la Republica varios meses antes de que finalizara su mandato constitucional.

En Argentina, a partir del cambio de gobierno ocurrido en diciembre pasado, no dejan de aparecer escandalosos casos de corrupción que vinculan a la ex Presidenta y a la mayoría de sus Ministros y funcionarios de confianza, así como también a empresarios amigos, a “dueños” de medios de comunicación, a famosos ocasionales y a una larga lista de etcéteras.

A partir de lo sucedido, las preguntas a formularse son: qué hay detrás de esta movilización ciudadana contra la corrupción, cuáles son los factores que llevan a la ciudadanía a mostrarse intolerante frente a los escándalos que a diario aparecen, y cuánto tiempo podrá sostenerse este reclamo de transparencia.

En primer lugar debe destacarse que existe una gran clase media que cada vez más reclama rendición de cuentas y que exige que aquello que paga por sus impuestos regrese en forma de servicios públicos de calidad.

Por otra parte, el andamiaje jurídico construido a partir de numerosos instrumentos internacionales que fijan standards mínimos en la materia, los cuales fueron acompañados por leyes locales dictadas en el mismo sentido, empieza a mostrar sus resultados.

Finalmente, el accionar de organizaciones de la sociedad civil, las que apoyadas por la inmediatez que dan los avances tecnológicos y la existencia de redes sociales, permitieron exponer al escrutinio de toda la sociedad a sus funcionarios mas corruptos, muchas veces en el mismo momento en el que el robo estaba ocurriendo.

El desafío es mantener vivo el reclamo de gobiernos abiertos, transparentes, honestos y eficaces.

Es vital que la movilización ciudadana se convierta en leyes efectivas y en instituciones capaces de brindar a la población los servicios que de ellas se esperan.

Es fundamental que la educación incentive a los más jóvenes a que sean cada vez más exigentes con sus representantes.

Tal vez si eso sucede no habremos fracasado como generación y podamos dejar a los que nos sigan no sólo instituciones democráticas estables, sino también transparentes, eficientes e inclusivas.

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