Por Alejandro J. Lomuto

A grandes rasgos, la historia de América latina es la de cíclicos movimientos pendulares en materia de ideas y políticas predominantes. Así, y aun con las excepciones de cada caso, la región ha pasado de las dictaduras y las guerrillas a la democracia, del nacionalismo al liberalismo, de la república al populismo y de la apertura comercial al proteccionismo. Y viceversa. También con escasas salvedades, cada nueva onda barrió con todo lo anterior y nos llevó a empezar casi de cero, como si estuviéramos refundándonos periódicamente. Vivimos ahora una nueva oscilación pero, tal vez como nunca antes, también se advierten desafíos a los paradigmas emergentes, y casi todos ellos están relacionados, de un modo u otro, con el fenómeno de la inclusión social.

La Argentina ha sido el primer país que concretó institucionalmente su viraje. El populismo kirchnerista fue reemplazado por un gobierno que proclama respeto a las instituciones republicanas y a las libertades, pero que en su experiencia de más de ocho años en la administración de la Ciudad de Buenos Aires no fue esencialmente menos estatista que el kirchnerismo y que simultáneamente a un ajuste inevitable de la economía ‒al que, de todos modos, hasta ahora prefirió gradual‒ mantuvo, y hasta extendió en algunos casos, programas de ayuda a los más necesitados.

En Brasil el cambio está resultando más traumático y el presidente interino, Michel Temer, ya recibió muestras de que ni siquiera sus aliados le extenderán un cheque en blanco. El domingo, apenas cuatro días después de que Temer asumiera temporariamente la jefatura del Estado, Paulo Pereira da Silva dijo que el mandatario “comenzó equivocado” por no consultar a las centrales sindicales y porque la situación del sistema previsional, que las nuevas autoridades desean reformar, “no es tan mala como el gobierno dice”. Pereira da Silva es líder de Fuerza Sindical ‒una de las seis centrales obreras brasileñas‒, diputado federal y uno de los principales impulsores del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff en la cámara baja.

En la mañana del jueves, apenas el Senado dio luz verde al impeachment, las cuatro centrales sindicales favorables al proceso a Rousseff ‒Fuerza Sindical, la Unión General de los Trabajadores (UGT), la Nueva Central y la Central de los Sindicatos Brasileños (CSB)‒ entregaron a Temer un documento que en su tramo principal dice lo siguiente: “El Brasil que queremos es el resultado de la siguiente agenda: implantación urgente de una política de desarrollo nacional; cambios y redireccionamiento de la política económica; retoma, ampliación y adopción de políticas de generación de empleos, ingresos y derechos sociales; corrección de la tabla del Impuesto a la Renta; creación de condiciones para el aumento de la producción y de las exportaciones; tasas de interés menores, orientadas al consumo y a las inversiones en el comercio y la industria; mantenimiento y ampliación de los programas orientados a la disminución de las desigualdades sociales; fortalecimiento de la política de valorización del salario mínimo como forma de distribución del ingreso; no al retiro de derechos en la reforma previsional”.

En Venezuela, donde el régimen más populista del siglo XXI en la región viene cayendo a pedazos pero la fecha de su derrumbe final es aún incierta, se registra una situación comparable a la de la Argentina: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora enarbola un discurso republicano y liberal en lo político, pero también de protagonismo estatal en lo económico y social. Así lo proclamó Henrique Capriles en sus dos últimas campañas electorales ‒en 2012 y 2013, cuando perdió la Presidencia frente a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, respectivamente‒ y, tal como lo hizo Mauricio Macri en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo lleva a cabo desde 2008 como gobernador del estado Miranda. 

En Paraguay, país de tradición más conservadora que ya en 2012 dejó atrás el breve interregno centroizquierdista comandado por el presidente Fernando Lugo, los estudiantes secundarios tomaron decenas de colegios y salieron a las calles este mes en demanda de una reforma estructural de la educación, mayor presupuesto para la actividad y beneficios para el transporte y la alimentación de los alumnos. En pocos días provocaron la renuncia de la ministra Marta Lafuente y fueron recibidos por el presidente Horacio Cartes, quien ayer declaró en emergencia la infraestructura del sector y prometió acelerar la reparación y el mantenimiento de las escuelas públicas deterioradas. Con matices en el objeto de los reclamos y en el contexto nacional, esta protesta evoca a la iniciada por los estudiantes chilenos hace 10 años, durante el primer período presidencial de Michelle Bachelet, que concluyó, ya bajo su segundo mandato, en una reforma destinada a dotar de mayor inclusión social a un sistema educativo al que más de dos décadas de gobiernos de centroizquierda no le habían quitado su carácter altamente restrictivo.

Pero así como el desplazamiento de la democracia populista a la democracia republicana trae implícita una demanda de conservación o incluso ampliación de la inclusión social, también presenta el desafío de mejorar la calidad de sus mecanismos. 

Hace dos años, la entonces canciller peruana, Eda Rivas, me decía: “El último año en el Perú 500.000 personas han dejado de ser pobres y en los últimos dos años un millón de personas. No es poca cosa. Pero no basta sacarlas de la línea de la pobreza. Lo que tenemos que hacer, y lo sabemos, es integrarlas a un sistema productivo. Los programas sociales, en algún momento, si la política social tiene sus mejores efectos, tienen que desaparecer y tienen que convertirse en programas de desarrollo. El desafío es cómo incorporar a toda esta población a lo que significa una población económicamente activa con derechos y con servicios.”

Y hablando de educación, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti me decía hace un año y medio: “Mucha gente tiene una visión, a veces desde las gremiales, de que basta aumentar los sueldos y destinar recursos para que la mejoría ocurra. Y no es así. En Uruguay se aumentó mucho la dotación de recursos, eso es verdad, pasó de 3,5 por ciento del PBI a 4,6 por ciento del PBI, y nunca tuvimos peores resultados. Quiere decir que el tema no es simplemente dinero. Es un manejo mejor de la comunidad educativa, son programas más modernos, es mayor disciplina de estudio, son mayores días de trabajo, son evaluaciones constantes. Es una educación desde otras características.”

Si lográramos salir airosos de esos desafíos, acaso la de América latina deje de ser una historia de movimientos pendulares, o al menos logremos que el péndulo oscile entre extremos menos alejados.

 

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