Por Daniel Casas

El episodio ocurrido el último 29 de abril durante un intento de allanamiento en el domicilio del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, frustrado a raíz de que el actual diputado nacional por el Frente para la Victoria se amparó en sus fueros parlamentarios, puso una vez más sobre el tapete la tergiversación de la ley 25.320 que se ha naturalizado en la política argentina para consagrar una verdad dolorosa e incontrastable: no somos todos iguales ante la ley.

El espíritu de esa ley, conocida como la “ley de fueros”, está plasmado en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que dice que “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.

Es decir, los fueros parlamentarios en los que se amparó De Vido, aceptados por el juez Luis Rodríguez, no lo debieran proteger de las presuntas irregularidades que se investigan respecto de su desempeño en la gestión pública.

Los allanamientos ordenados por el juez Rodríguez en cuatro propiedades de De Vido tenían por objetivo obtener los libros societarios de Uni Vite Argentina S.A., una de las firmas investigadas en la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito durante sus doce años como ministro.

Pero el Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, sancionado y promulgado en septiembre de 2000 indica que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara” del legislador investigado.

Es decir, que si el juez quiere verificar si De Vido tiene esos libros tendrá que ingresar un pedido a la Cámara, esperar a que el mismo sea aprobado, para finalmente ver si cuando ingrese al o los domicilios del legislador éste, en el caso de que la acusación sea cierta, cometió el descuido de dejar sobre la mesa ratona del living los documentos buscados.

De este modo, el Régimen de Inmunidades aprobado en 2000 se transforma en un sistema de protección y de alerta. Claro que sería injusto centrar esta crítica en De Vido, cuando hay otros casos a la vista, como el del ex presidente Carlos Menem, entre otros.

Vale la pena detenerse en el hecho de que el Régimen de Inmunidades cubre con su manto a los funcionarios de los tres poderes de la República, como si fueran una corporación.
Pensando mal, que es el método con el que según la lógica popular se puede acertar, se podría decir que lo que acaba de ocurrir con el fallido allanamiento a la casa de De Vido es una suerte de puesta en escena.

El juez, que sabe del Régimen de Inmunidades porque también lo ampara, decide allanar sin cumplir el paso previo de pedir la autorización de la Cámara de Diputados. Yo quise, pero no me dejaron, sería la explicación. El investigado, que lejos de reivindicar el juramento de someter sus acciones a las demandas de Dios y de la Patria se escuda en una norma pensada con otro objetivo. Y el resto de los poderes involucrados silbando bajito porque quién sabe cuándo puede cambiar la suerte.

Si de cambiar se trata, entonces, tal vez sea hora de comenzar a corregir estas cosas. De otro modo, las instituciones, que tanto se proclama que tienen que ser saneadas, seguirán siendo sospechadas de funcionar como una corporación que protege a sus miembros sin fisuras ni grietas.

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