Por Aníbal Gutiérrez

Desde hace mucho tiempo vivimos una tormenta perfecta. Se alinearon y aparecieron todas aquellas cosas que deben juntarse para que la vida de los ciudadanos sea cada día un poco peor. Así, la población se ve inmersa en un círculo vicioso del que parece cada día más difícil salir.

Ese círculo lo inicia la desigualdad social que tiene como consecuencia que un porcentaje importante de la población sufra carencias alimentarias, su esperanza de vida sea corta, los niveles de escolaridad bajos y los problemas de salud graves.

Todas y cada una de las consecuencias citadas en el párrafo anterior se aplican a la mayoría de los países latinoamericanos.

Esta realidad trae aparejada que importantes porciones de la población (especialmente los jóvenes) no encuentran en su realidad posibilidades de futuro y sean fácilmente cooptados por aquellos que los reclutan como soldaditos del narcotráfico y el crimen organizado.

Allí aparece la segunda estación del círculo.

El narcotráfico se nutre de jóvenes que, sin nada para perder, fabrican, transportan, consumen y venden sustancias cuya ganancias pasan a engrosar “bóvedas” de dinero que parecen interminables y capaces de pervertir a cualquier institución que se les quiera oponer.

Así llegamos a la tercera estación de este círculo: las instituciones políticas como mecanismos que procuran gobernar el comportamiento de un grupo con la finalidad de alcanzar un propósito considerado como un bien común.

Nuestras instituciones políticas parecen estar, en su gran mayoría, muy alejadas de este propósito al nutrir a los organismos de gobierno con funcionarios que se corrompen, y al mantener un silencio cómplice cuando son pública o judicialmente denunciados.

En este momento aparece un nuevo actor que se suma al círculo: la justicia.

El rol de este poder del Estado es fundamental para que la sociedad pueda creer en las normas que en conjunto deben cumplir, y para mantener la confianza en sus instituciones y en las personas que las integran.

La justicia está muy lejos de esto cuando observamos una obscena cantidad de funcionarios públicos denunciados que rara vez son condenados, o cuando en Argentina, por ejemplo, un proceso judicial por corrupción dura en promedio 14 años.

Así, llegamos a la última estación del círculo: la impunidad.

No es posible la convivencia entre democracia e impunidad, porque cuanto más hay de la segunda menos lugar queda para la primera.

Desigualdad social, narcotráfico, instituciones políticas corruptas, justicia e impunidad. Estaciones de un circulo perverso en las que siempre pierden los mismos.

 

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