Por Alejandro J. Lomuto 

Desde hace algunas semanas campea en la Argentina una especie de mal humor colectivo. Como tantas otras veces, ese estado de ánimo tiene motivos económicos: el gobierno dispuso fuertes aumentos de las tarifas del suministro de gas y electricidad, y del transporte de pasajeros en ómnibus y trenes. Nos duele el bolsillo. El dolor es un síntoma. Pero a menudo ignoramos u olvidamos que los síntomas son manifestaciones de procesos. O, como suelen decir los abogados en relación con las cuestiones jurídicas, que no hay efecto sin causa. Al perder de vista los procesos se nos distorsiona la comprensión de los fenómenos. Y al tener nublada la comprensión, nuestras opiniones y nuestras acciones pierden efectividad.

La economía de las personas o las familias tiene una lógica similar a la de las empresas o la de los Estados. La única diferencia fundamental entre cada una de ellas es el tamaño y, como consecuencia de él, el diverso grado de complejidad. Esa lógica consiste básicamente en administrar recursos y gastos. Es lo que cada día hacemos todos, incluso de manera intuitiva en los casos de quienes carecen de nociones formales de economía.

Acaso por tan rutinaria, automatizamos esa práctica a tal extremo que no registramos ciertos detalles que deberían llamarnos la atención por lo anormales. Por ejemplo, que las tarifas del gas, la electricidad y el transporte permanecieran congeladas, o casi, durante 14 años en los que el resto de los precios aumentó en proporciones astronómicas. No es que los costos de esos servicios no se encarecieran sino que alguien pagó parte ‒una parte cada vez más grande‒ de ellos. Ese alguien fue el Estado. O sea, fuimos muchos, a través de los impuestos. Pero, además, sin criterios de equidad: habitantes de algunas regiones del país subsidiaron con sus impuestos gran parte del gasto en gas, electricidad y transporte de los habitantes de otras. Y no se trató precisamente de que las zonas más favorecidas económicamente subsidiaran a las más pobres, sino todo lo contrario.

A veces, la acumulación de distorsiones económicas desemboca en una crisis. Otras veces, los gobiernos buscan evitar la crisis mediante la adopción de medidas que suelen implicar sacrificios para buena parte de la población.

En las dos décadas y media en que cubrí como periodista la información económica siempre me causó curiosidad la cantidad de empresas que en situaciones de crisis ‒en la Argentina tenemos, lamentablemente, una abundante experiencia al respecto‒ caen en cesación de pagos, concurso de acreedores o directamente la bancarrota. Es probable que no puedan evitarlo las firmas pequeñas, e incluso algunas medianas, en las que el grado de profesionalismo y de acceso a la información es bajo. Pero en esos casos han caído también muchas compañías grandes, con management profesional y abundante acceso a información y asesoramiento. Me llamó la atención porque las crisis de los países no se producen de la noche a la mañana sino que son consecuencia de procesos que suelen estar a la vista.

A fines de 1997 entrevisté para la revista Mercado a Guillermo Calvo, un economista argentino al que nadie conocía en la Argentina porque vivía fuera del país y que de repente se hizo famoso por haber sido el único que pronosticó la crisis que sufrió México a fines de 1994, aquella que pasó a la historia como Efecto Tequila. En el momento de mi conversación con él, en que estaban en crisis Tailandia y los tigres asiáticos, le pregunté por qué parecía tan difícil prever lo que en realidad, leyendo atentamente la abundante información disponible, era tan fácil imaginar. Me respondió: “Los gobienos atacan los problemas financieros demasiado tarde porque no se ven. Los políticos esperan que pase algo bueno que los saque del problema sin que ellos necesiten hacer nada. Si un político actuara para curar el problema antes de que surgiera, sería algo así como si un médico quisiera amputar una pierna cuando el paciente todavía puede caminar. El médico puede entenderlo pero el paciente no, y la gente no sabe de economía. Hay un caso argentino para ilustrarlo: el Plan Bonex [confiscación de depósitos bancarios y su devolución en títulos de deuda pública; ocurrió a fines de 1989]. Fue algo que al final se hizo, pero que se debió haber hecho antes de entrar en la segunda vuelta de hiperinflación. Si se hubiese hecho antes no habría existido la híper, pero no hubo voluntad política. Seguramente porque la gente habría dicho: ‘Me están tocando la plata y no sé por qué’. El FMI sabía perfectamente desde hace dos años que Tailandia tenía problemas. Lo escribió y se lo dijo a las autoridades. Ahora, ¿qué puede hacer el Fondo? No puede salir a decirlo públicamente.”

Para seguir con la metáfora de Calvo, no siempre el médico ‒o, al menos, el último médico‒ tiene la culpa de que nos duela la pierna. O el bolsillo.

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