Por Aníbal Gutiérrez

El mayoritario reclamo ciudadano de recuperar todo aquello que fue robado por “empresarios” inescrupulosos de la mano de funcionarios corruptos puede ser una nueva forma de corrupción y de perder recursos para el Estado.

La extinción de dominio es una herramienta fundamental para atacar el poderío económico de las organizaciones criminales. Se trata de una vía judicial que tiene por finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de bienes de origen ilícito.

Acerca de la importancia de esta figura escribí a principio de año y pueden ver la columna “Recuperar lo robado” en el siguiente link: https://ideasyprotagonistas.com/2016/02/12/recuperar-lo-robado/

Un proceso de extinción de dominio tiene por finalidad transmitir al Estado la propiedad de bienes y ganancias obtenidas de manera ilícita. Pero una vez extinguida la propiedad se abre una nueva etapa en la que el Estado debe ser transparente y eficiente en la administración de los mismos.

En los países en los que la extinción de dominio fue adoptada, se crearon instituciones que tienen por finalidad la administración de los bienes sujetos a la acción de extinción y los declarados en favor del Estado.

Dichos organismos, normalmente dependientes de un Ministerio, deben administrar los bienes extinguidos garantizando el interés económico del Estado, su conservación, mantenimiento y productividad de los mismos.

Lo anterior significa que la entidad debe administrar una muy variada gama de bienes como inmuebles, vehículos terrestres, aéreos y marítimos, ganado, obras de arte, dinero en efectivo, participación en sociedades comerciales, etc.

Para ello deberá tener la disposición de los bienes para su venta o usufructo; deberá celebrar contratos de arrendamiento, comodato o administración para que los bienes continúen siendo productivos; deberá garantizar el uso provisional de los bienes por las instituciones públicas que colaboran con la investigación cuando la ley lo autoriza; deberá abrir cuentas bancarias para el depósito de los recursos monetarios o títulos de valores; entre muchas otras funciones.

Como puede apreciarse, las actividades que desarrolla el organismo al que se encarga la administración de los bienes que se detraen a las estructuras criminales es fundamental en la lucha que se debe dar contra la impunidad, pero al mismo tiempo es una amenaza para el propio Estado.

El organismo debe ser profesional como para mantener el valor de los bienes que administra, y transparente como para que no se convierta en un nuevo foco de corrupción.

Si el combate al crimen organizado se realiza de manera permanente y eficaz, la cantidad de bienes muebles e inmuebles y de dinero que habrá que administrar será muy importante, y de nada servirá si allí vuelve a aparecer la corrupción privilegiando a políticos corruptos o empresarios amigos del poder.

La extinción de dominio es una extraordinaria herramienta para disminuir el increíble poder económico del crimen organizado, pero depende de su correcta implementación para que no se convierta en un nuevo foco de corrupción.

 

 

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