Por Daniel Casas

El remanso es ese lugar de un río caudaloso en donde la corriente se detiene, queda como en suspenso. A uno de esos lugares alude la bellísima canción de Jorge Fandermole que da título a esta nota, pero el ejemplo del fenómeno fluvial también es útil para analizar algo de lo mucho que viene ocurriendo en la Argentina en los últimos meses, donde algunas corrientes se han modificado, pero aún no se sabe si están detenidos o sólo en suspensión para volver a correr con más fuerzas.

La Justicia Federal se ha despertado de su letargo y muchos funcionarios del anterior gobierno sospechados de corrupción comienzan a dar explicaciones. Pero esto no es novedad, ocurre siempre con los cambios de gobierno, lo que expone con absoluta claridad el grado de dependencia que suelen tener los jueces federales, que componen un poder permanente, frente a los funcionarios políticos, que se supone que detentan un poder transitorio.

No es que no tenga validez que Ricardo Jaime, Lázaro Báez o incluso Cristina Fernández de Kirchner tengan que explicar el crecimiento de sus patrimonios en ejercicio de la función pública, o en vínculo directo con un gobierno, como en el caso del empresario patagónico. Pero muchas de estas acciones tendrían más valor, y tal vez serían menos factibles de ser imitadas, si la Justicia hubiese actuado con la celeridad que correspondía en cada momento.

La novedad en este esquema es la decisión podría ser la decisión del fiscal Federico Delgado de imputar al presidente Mauricio Macri por no haber declarado que participó en empresas offshore en Bahamas y Panamá, como se conoció en los últimos días. El fiscal quiere que el juez Sebastián Casanello, en quien recayó la causa, determine si el mandatario tendría que haber declarado que integraba directorios de empresas de su padre, Franco Macri, y si en ese caso incurrió en una “omisión maliciosa”.

Hasta ahora el juez federal se movió con una celeridad que le era desconocida, y bienvenida sea, para que la denuncia no vegete en algún cajón. Tal vez se deba a que, en principio, según coinciden diversos juristas y especialistas en inversiones, que el nombre del presidente aparezca en el directorio de una firma off shore no implica un delito, aunque sí puede ocasionarle al gobierno un daño político, que sin dudas será utilizado ad infinitum por los partidos de oposición. La velocidad judicial, en este caso, sería una herramienta a favor para el poder político.

Quien más problemas puede tener con el escándalo bautizado como Panamá Papers, es el intendente oficialista de Lanús, Néstor Grindetti, que aparece mucho más involucrado en transacciones. El bloque del Partido Justicialista de su concejo deliberante, dolorido aún por la derrota a manos del PRO en lo que se consideraba como un territorio inexpugnable del peronismo, reclaman que el intendente de explicaciones sobre su empresa off shore. Si consiguen cerrar sus mandíbulas sobre la presa, no la soltarán.
En cualquier caso, la inusual dinámica que están teniendo los acontecimientos de los últimos días puede hacer que la información en que se asientan estos ejemplos queden superada con el correr de horas, pero aún así son útiles a la hora de bosquejar un panorama.

También hay que tener en cuenta que el remanso en que transcurre la coyuntura argentina no tiene una sino varias corrientes, de ahí la necesidad de recurrir a la oración a que alude el título; al menos en el caso de los creyentes.

Esta miércoles de esta semana será la audiencia que dispuso la Corte de Apelaciones de Nueva York, en la que analizará si levanta las cautelares que dispuso el juez Thomas Griesa. El problema es que el jueves al mediodía vence el plazo acordado en febrero entre el gobierno y los fondos buitre NML, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant para pagar 4.653 millones de dólares. La audiencia judicial se resolvió luego de este acuerdo, pero los fondos asumieron su rol de aves de rapiña y no concedieron ni un minuto de postergación. A partir de eso, el gobierno trabaja contra reloj con un grupo de bancos internacionales para llegar a tiempo con el dinero.

De este pago, que implica un nuevo endeudamiento de Argentina, repudiado por diversos sectores pero respaldado por el Congreso, depende el ingreso de dinero fresco, que el país necesita como el aire para que la crisis no se convierta en recesión y la inflación sume el adjetivo galopante. Se trata de una coyuntura determinante para el mediano plazo.

Los costos económicos, cuando se pide prestado en semejantes condiciones, son altos. Los costos sociales, que ya son notorios, pueden serlo aún más. La pregunta es si había o no otras opciones reales, es decir, que no profundizarán las consecuencias de un modelo que hacía agua hace rato, aunque se lo negara.
Argentina depende de los préstamos en el corto plazo y de las inversiones, en lo posible de calidad, en el mediano plazo. En este remanso de múltiples corrientes se balancea la barca en que vamos todos, sin distinción de posiciones políticas o apolíticas.

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