Por Daniel Casas 

Hace pocos días, el 23 de marzo, asistí en La Habana a una frustración, que ojalá no se transforme en definitiva, en el proceso de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Ese día, tal como lo habían acordado exactamente seis meses antes el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de la organización guerrillera, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, debían llegar al acuerdo que pusiera fin a un proceso de diálogo que comenzó formalmente en noviembre de 2012, pero que en realidad se venía sustanciando desde dos años antes.

En sendos comunicados, leídos por separado por los jefes de cada misión negociadora, el gubernamental Humberto de la Calle y el insurgente Iván Márquez, se marcó un nuevo endurecimiento de los diálogos.

La posición del gobierno colombiano denotó cansancio, una cuota de hartazgo por las marchas y contramarchas de los miembros de la guerrilla más antigua del continente, y fue taxativa al señalar que las negociaciones iniciadas hace más de tres años en La Habana no se extenderán “indefinidamente”. Gestos duros, miradas tensas y la decisión de volver de inmediato a Bogotá que se anunció pusieron un marco a la declaración.

El texto leído por Márquez, en cambio, se preocupó por dejar abierta una posición negociadora en medio de las reivindicación de que no aceptarán firmar una paz a las apuradas. Proponía, de hecho, trabajar “para que 2016 sea el año de la paz”. A diferencia de la delegación oficial, los negociadores insurgentes, que tampoco aceptaron preguntas, intentaron mostrarse distendidos y hasta sonrientes.
La firma de la paz hubiera puesto una bisagra magnífica a lo que ocurrió en Cuba en esa semana, que comenzó con la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el inédito show de Los Rollings Stones en La Habana, que reunió a medio millón de personas. Pero ya se preveía que ese objetivo no sería alcanzado. Semanas antes, el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, había admitido la posibilidad de extender hasta junio el plazo acordado por Santos y Timochenko.

Se habló en los días previos de la posibilidad de que se declarara un cese del fuego bilateral ‒sólo las FARC lo han hecho, desde diciembre‒, pero tampoco esa foto, que hubiera ganado titulares de esperanza en muchos diarios y portales de América y Europa, se pudo concretar.

A los pocos días, el martes 29 de marzo apareció en la escena una de las posibles causas del retroceso en juego de mesa que disputan ambas delegaciones. En Caracas, con bombos y platillos, anunció el inicio de negociaciones de paz con la otra guerrillas legendaria de Colombia, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que al igual que las FARC fue fundada en 1964, con apenas unas semanas de diferencia.

La instalación de esta segunda mesa de diálogo, en este caso en Quito, Ecuador, es también fruto de una larga negociación de la agenda de temas a tratar y, a la vez, un nuevo elemento en las tratativas que con avances y retrocesos se llevan adelante en Cuba.

Ambas guerrillas, que en más de 50 años de lucha insurgente nunca se fusionaron, a pesar de la similitud de sus objetivos y de que ambas se declaran marxistas-leninistas, ahora plantean que ambas negociaciones son complementarias. El Gobierno se niega y advierte que lo único que será complementario es que el esquema de justicia retributiva que se acordó hace largos meses con las FARC tendrá que ser aceptado por el ELN.

El planteo de la Casa de Nariño ‒sede gubernamental colombiana‒ es de una lógica implacable. Negociar un estatus jurídico ad hoc para cada guerrilla desequilibraría la política interna más de lo que ya lo está haciendo y pondría en serio riesgo la aprobación de lo que se acuerde, no sólo en el Congreso sino entre la población, principal víctima de esta confrontación de décadas, que tendrá que refrendarlo en las urnas.

Santos es conciente de que si logra cerrar el conflicto armado en este, su segundo mandato, será parte de la historia grande de Colombia, pero no las tiene todas consigo. Su principal adversario, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido derechista Unión de Centro, moviliza a la sociedad civil en estos días para repudiar el acuerdo con las guerrillas y la corrupción. “No se puede negociar con el terrorismo”, es el eje del discurso del exmandatario, a quien se ha vinculado familiarmente con la organización paramilitar El Clan de los Doce Apóstoles.
Uribe trabaja sobre el rencor que un sector de la sociedad ha juntado contra las organizaciones guerrilleras. En Colombia, entre guerrillas, paramilitares, fuerzas regulares, narcotraficantes y bancas criminales de todo tipo, es difícil encontrar a una persona que no tenga a alguien de su familia cercana muerto violentamente.

La incógnita por estos días es si la apertura de negociaciones con el ELN terminará dando un impulso final o trabará definitivamente el cierre de los diálogos con las FARC. Ambas guerrillas saben que retensar la soga es un arma de doble filo que puede hacer fracasar todo y, más allá de lo que manifiesten públicamente, estas negociaciones son una admisión del fracaso de sus métodos para llegar al poder. Necesitan ingresar a la política convencional para intentar imponer desde esa lógica sus ideas.

Esas ideas, erradas o no, deberán ser parte del universo de negociaciones que se abriría si se pone fin al conflicto armado. Tiempo atrás, Iván Marulanda, el hombre que armó en el departamento de Antioquia el primer grupo de trabajo para el posconflicto, me dijo en una charla que “Colombia tendrá que aprender a vivir en paz, que es algo que desconoce”, pero “ese será un aprendizaje, una construcción, porque la paz que se firme con las guerrillas será un armisticio que abrirá otras negociaciones de temas soterrados por la guerra interna”.

Entre esos temas a que alude Marulanda está, por ejemplo, el reparto inequitativo de las tierras federales, en más de un caso ocupadas por medio de la violencia por grandes terratenientes, que también han provocado desplazamientos de personas y muertes.

Como leyó Humberto de la Calle el 23 de marzo en La Habana, con las guerrillas hace falta llegar a “un acuerdo que abra las puertas de la reconciliación” y que “no fomente la venganza y el odio, porque ya tenemos suficiente odio en Colombia y es momento de tener grandeza como nación”.

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