Por Alejandro J. Lomuto 

La tentación de llamar políticas de estado a lo que en verdad son políticas de gobierno parece registrar un súbito auge en la Argentina al combinarse el hecho de que por primera vez en muchos años ‒y primera absoluta desde que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma‒ la Nación, su capital federal y la provincia de Buenos Aires son gobernadas por la misma coalición, con la gravedad de varios de los desafíos que esas administraciones están afrontando. Sin embargo, por ahora no hay a la vista políticas de estado.

La confusión no es nueva. Cada tanto escuchamos o leemos que funcionarios y legisladores hablan de políticas de estado con el afán de ganar adhesión a lo que en realidad son políticas de gobierno. Sin embargo, excepto el acuerdo con Chile por el litigio limítrofe por el canal de Beagle, en 1984 ‒avalado por 82 por ciento de la ciudadanía en una consulta popular no vinculante‒, no logro recordar un solo caso de política de estado desde la recuperación de la democracia en 1983, por no ir más atrás. Ni para asuntos preexistentes entonces, como la cuestión de las Malvinas o la revisión del terrorismo de los años ’70; ni para los que surgieron luego, como los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, la inseguridad ciudadana o el narcotráfico, ni para cuestiones más permanentes, como los sistemas de educación, salud y justicia.

Vale aclarar que son políticas de gobierno todas aquellas que una administración adopta –no importa la relevancia o la gravedad de su objeto– por propia decisión y en uso de sus facultades, que, en regímenes constitucionales como el de la Argentina, siempre tienen un acotado límite temporal. 

En cambio, para que una política pueda ser considerada legítimamente como de estado debe cumplir dos requisitos: ser el producto de una decisión adoptada por un consenso muy amplio –por ejemplo, por acuerdo entre el sector que ejerce el gobierno y todas las fuerzas con representación parlamentaria o la mayoría de ellas; o por el resultado de un plebiscito o consulta popular, aunque ésta no sea vinculante– y que, por su mismo origen, esté destinada a perdurar más allá del término del mandato durante el cual sea adoptada y sin perjuicio de eventuales cambios de orientación ideológica o política derivados de la sucesión constitucional.

Un ejemplo valioso es el de Perú. Allí funciona el Acuerdo Nacional, un organismo cuyo objeto es elaborar políticas de estado y que está integrado por los gobiernos central, provinciales y municipales, además de 15 partidos políticos y otras 10 organizaciones civiles (sindicales, sociales, profesionales, empresariales y religiosas).

El Acuerdo Nacional fue suscripto el 22 de julio de 2002, seis días antes de que el presidente Alejandro Toledo ‒quien lo convocó‒ cumpliera un año al frente del gobierno. No es un dato menor: se trataba del primer mandatario electo tras la caída de la dictadura fujimorista. Perú quería dejar definitivamente atrás las dos décadas más inestables de su historia, caracterizadas por los casi 70.000 muertos causados por el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA y su represión; la hiperinflación, y la década de Fujimori, con su saldo de corrupción y violación de derechos humanos. Lo que había por delante era propiamente una refundación del país. Sin embargo, no parecía fácil ponerla en marcha en una sociedad que había quedado políticamente muy fragmenada ‒todavía lo está‒, con varios liderazgos personales y partidarios competitivos pero ninguno predominante.

Fue entonces, sin pérdida de tiempo, cuando Toledo vislumbró la fórmula. El Acuerdo Nacional, ya no un gobierno ni un presidente, se propuso 31 políticas de estado ‒con el tiempo se agregarían otras tres‒ agrupadas en cuatro grandes áreas: “Democracia y estado de derecho”, “Equidad y justicia social”, “Competitividad del país” y “Estado eficiente, transparente y descentralizado”.

Algunas avanzaron más rápido, otras todavía están en marcha. Mientras tanto, Perú se convirtió en uno de los países ‒no sólo de América latina‒ que registraron mayor crecimiento económico desde 2002, mayores niveles de inversión y de mejora de la productividad, y mayor porcentaje de su población promovida a la clase media, aun cuando reconoce deudas en materia de inclusión social, seguridad ciudadana y normalización de algunas actividades primarias, especialmente la minería y la todavía abultada producción de coca destinada a la creciente elaboración local de cocaína.

Ya no hay duda de que la Argentina está padeciendo problemas muy complejos que hasta hace algunos años no sufría o no se vislumbraban con nitidez. Varias formas del crimen organizado, que antes veíamos únicamente en películas o en las noticias del exterior, ahora nos acechan a la vuelta de cada esquina. Y el mejor aliado que tienen es una organización política anacrónica y el aislamiento de los gobiernos a la hora de tomar decisiones amparados únicamente en mayorías que siempre son circunstanciales. Mientras tanto, crecen problemas cotidianos como el déficit de viviendas, el tránsito vehicular y el tratamiento de la basura, entre muchos otros.

La facilidad para articular decisiones y obras entre la Ciudad de Buenos Aires y los partidos más cercanos de la provincia homónima, producto del mismo signo de sus gobiernos, puede resultar una trampa o, en el mejor de los casos, un placebo. Si la coalición que administra ambos distritos, y además la Nación, no es capaz de construir acuerdos más amplios, sus habitantes correrán el riesgo de que lo que ahora se emprenda o se haga dure apenas cuatro u ocho años. Solo con políticas de gobierno y sin verdaderas políticas de estado, siempre estaremos corriendo detrás de problemas que se agigantan con el paso del tiempo.

Anuncios