Por Anibal Gutiérrez

Es muy habitual que cuando se habla de política pública en materia de seguridad se omita al servicio penitenciario y a las prisiones, olvidando el rol central que tienen en ella, ya que hablar de un sistema penitenciario débil es hacerlo de fugas, reincidencias, enfermedades, violaciones de derechos humanos, hacinamiento, debilitamiento del tejido social, sanciones internacionales, etc.

Esta realidad obliga a que de manera urgente se encare una profunda reforma del sistema carcelario que sea mucho más que las medidas cosméticas y efectistas que suelen ser las aplicadas por los gobiernos en esta parte del mundo cuando de política en materia de seguridad se trata.

Dicha reforma debe ser sistémica e integral de forma tal que signifique un verdadero progreso en todos y cada uno de los eslabones de la cadena que significa el tratamiento de un privado de libertad. Al mismo tiempo deben estar perfectamente concatenadas, para que cada modificación realizada sea la consecuencia de una anterior lo que obligue a un gran ejercicio de coordinación institucional.

En un país como la Argentina, es decir un régimen federal, esa coordinación significa potenciar los ámbitos de actuación conjunta entre el servicio penitenciario nacional y sus similares de las provincias, así como la definición de políticas integrales entre el Ministerio de Justicia de la Nación y los provinciales.

La reforma debería contemplar aspectos estrictamente penitenciarios (es decir todos aquellos que impactan directamente en la vida carcelaria) como los externos que puedan tener efectos en la organización carcelaria.

Una lista, no exhaustiva, de ellas incluiría:

  • Reformas procesales, penales y policiales
  • Reformas al sistema penal juvenil
  • Fortalecimiento de medidas alternativas a la prisión
  • Mejoras edilicias
  • Reformas dirigidas a la población carcelaria
  • Reformas dirigidas al personal penitenciario

Existen en Latinoamérica modelos que tuvieron resultados importantes en la materia, y que no deben ser dejados de lado cuando se trata de abordar aspectos como los planteados.

Uno de esos ejemplos es el de República Dominicana, que con su Modelo de Gestión Penitenciaria consiguió un descenso significativo de los índices de reincidencia criminal, basando la reforma en la transformación de la visión policial del sistema penitenciario y el equilibrio entre el tratamiento y la seguridad, promoviendo que los efectivos penitenciarios se concentren en la seguridad externa e interna de los penales, pero que el trato cotidiano con los reclusos sea realizado por profesionales de otras disciplinas.

Otra política exitosa fue la de Perú con sus 10 Medidas de Reforma del Sistema Penitenciario cuyos puntos sobresalientes fueron el combate a la corrupción, la reducción del hacinamiento, la compra de equipamiento tecnológico destinado a fortalecer la seguridad penitenciaria y la profesionalización del personal penitenciario.

El artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina sostiene que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidas en ellas. Preceptos similares existen en las mayoría de las normas constitucionales de la región.

La realidad muestra que estamos muy lejos de esos preceptos. Es hora de empezar.

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