Por Daniel Casas

La paz que firmarán ahora o en los próximos meses el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) será, en el mejor de los casos, el inicio de un proceso de adecuación social, política y económica a un nuevo escenario de resolución de conflictos soterrados durante más de medio siglo. En ese proceso estarán involucradas las Naciones Unidas (ONU), que preparan el envío de tropas de paz, Cascos Azules, de países no limítrofes de Colombia, entre ellos la Argentina.

Colombia es una nación con un grado de naturalización de la violencia interna alarmante. La opción prácticamente cerrada entre las partes de destinar zonas específicas para los guerrilleros que se desmovilicen sería útil para contener a los ex guerrilleros de las FARC, pero no alcanza a todo el espectro, por varias razones.
Por un lado, porque aún está sin resolver el proceso de negociación con la otra guerrilla de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), contemporáneo en su nacimiento a las FARC, parecido, pero a la vez diferente. La lógica indica que esta guerrilla, que reúne unos 8.000 efectivos, no tendría mucho margen para seguir apostando a un cambio por la fuerza, pero también es verdad que podrían recibir en sus filas a varios milicianos de las FARC desencantados con el acuerdo que tejen sus jefes desde hace más de tres años en La Habana.
En segundo lugar, porque durante el medio siglo largo de lucha por las ideas algunas variables se les han escapado a los insurgentes y muchos de sus cuadros han incursionado, con el consentimiento de las cúpulas o no, en el crimen organizado.
De hecho, este cronista recorrió oportunamente las zonas de conflicto y dialogó meticulosamente con varios actores y analistas que coincidiereon en que tras la firma del acuerdo se espera un incremento de la criminalidad, un crecimiento de las llamadas Bacrim (acrónimo de bandas criminales).
Este esquema, con una mutiplicidad de aristas, haría necesario un control más allá del desarme que realicen la mayoría de los cuadros de las FARC, que no pocos analistas entienden que no debería estar en manos de las Fuerzas Armadas regulares de Colombia, que han sido parte inescindible del conflicto que se intenta cerrar.
En este marco es que se evalúa desde hace más de un año, tanto dentro de Colombia como en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, la posibilidad de destacar tropas de paz, Cascos Azules, para controlar el posconflicto. Pero el caso es que esa decisión es parte de la letra chica del acuerdo que se intenta firmar en Cuba antes del 23 de este mes, aunque ya se ha anticipado que difícilmente se llegue a ese objetivo antes de junio de este año.
Esa decisión, que aún no fue anunciada por la ONU, deberá surgir de la mesa de negociaciones de La Habana, o incluso de las instancias negociadoras que se instalarán necesariamente tras la firma del acuerdo global, que se descarta será protagonizado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder del secretariado de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménes o alias Timochenko.
La necesidad de que este participación de tropas de paz sean consensuada previamente con las FARC es lo que explica que el presidente Santos se haya preocupado por desmentir enfáticamente que en su país vayan a actuar fuerzas de paz armadas, aunque en los países que han comprometido su ayuda a este proceso, entre ellos la Argentina, ya las misiones se están preparando con anticipación.
La idea es que estas fuerzas se compongan con militares de países sudamericanos no limítrofes con Colombia, para evitar que tengan algún tipo de involucramiento con alguna de las partes del conflicto.
En caso de que esta misión se concrete, Argentina prevé mandar sólo militares de alta graduación, varios tenientes coroneles, algunos coroneles y un general, según la información a la que accedió Ideas & Protagonistas, corroborada tanto por fuentes castrenses como por funcionarios políticos cercanos al área de Defensa.

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