Por Aníbal Gutiérrez

Un problema extendido a la mayoría de los países latinoamericanos es la presencia de estructuras de crimen organizado, que sumadas al accionar de pandillas o maras generan una situación alarmante de violencia y permanente violación del derecho que tiene la ciudadanía de una vida en paz.

Un primer paso que debería darse para combatir con alguna posibilidad exitosa estas expresiones de criminalidad es evitar la confusión simplista de ambos términos, que muchas veces esconde la falta de una verdadera política pública de persecución.

Por otra parte, el fenómeno de las maras o pandillas requiere de una fuerte dosis de prevención social y de actuación policial con enfoque comunitario, mientras que el crimen organizado necesita obligatoriamente de voluntad política y de herramientas de investigación científica e inteligencia policial.

Además, la criminalidad organizada necesita de corrupción e impunidad. Puede existir corrupción sin que eso signifique la presencia de crimen organizado, pero es imposible que una estructura de crimen organizado exista si detrás de ella no hay múltiples actos de corrupción e impunidad.

Ahora bien, muchas veces nos preguntamos por qué esas estructuras de crimen organizado eligen nuestros países para instalarse y cometer delitos. La respuesta es una sola: la ausencia del Estado.

La finalidad principal del crimen organizado es ganar dinero, y el Estado ausente es lo que vuelve atractivo a un país para que empresas criminales dirijan hacia allí su mirada.

Esa ausencia estatal es fundamental para que todas las modalidades de crimen organizado estén presentes y no sólo el narcotráfico, del que tanto se habla. También son formas de criminalidad no convencional el contrabando de mercaderías, el tráfico de armas, la trata de personas, el fraude fiscal o aduanero, el lavado de activos, etc.

Otra pregunta habitual es cuál es la puerta de ingreso del crimen organizado, y la respuesta también es una sola: el financiamiento de la política.

Decíamos más arriba que el crimen organizado necesita de la corrupción y la impunidad, y ésta la consiguen con dinero que inyectan en la política en todos los niveles. Lo hacen para pagar empleados en aduanas, en puestos fronterizos, o en policías o fuerzas de seguridad. Y también para controlar a legisladores, funcionarios judiciales o de instituciones ejecutivas.

También ese dinero sirve para promover candidatos, mantener estructuras partidarias en funcionamiento o para financiar campañas electorales.

¿Qué se requiere entonces para combatirlo? Coordinación.

El Estado debe ser capaz de coordinar sus actividades de análisis, investigación, persecución, judicialización y sanción penal para ser eficiente en una tarea por definición compleja.

Dicha coordinación debe ser interna y externa. Es decir que los organismos de los gobiernos nacionales deben estar en contacto permanente con las instituciones provinciales, departamentales o municipales, ya que cada una de ellas, desde lugares distintos, viven la problemática que entre todos deben resolver. Además los países deben entender y atacar este problema en conjunto, ya que las empresas criminales no se detienen por la existencia de una frontera.

Por último, se debe ser implacable en la persecución hacia dentro del Estado. Si una estructura de crimen organizado no encuentra en las instituciones públicas los socios o empleados que necesita será muy difícil que pueda desarrollar a pleno su capacidad delictiva.

Es posible lograrlo; se necesita que cada Estado esté a la altura de lo que se le reclama.

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